El juez Gerardo Alarcón López, en una sentencia inédita, suspendió el procedimiento contra Emilio Lozoya por el caso de Agronitrogenados. ¿Será que se está beneficiando del pleito entre el Presidente y el Poder Judicial federal?
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La audiencia número 21 de la causa 211/2019 por la carpeta
contra Emilio Lozoya por el caso de Agronitrogenados comenzó con 20 minutos de
retraso, a las 12:21 pm, debido a que la audiencia anterior se había alargado.
Como es costumbre, primero se presentó la gente de la
fiscalía, los representantes de Pemex y de la UIF. Acto seguido, se presentaron
tres nuevos abogados por parte de Lozoya, Eduardo Fuentes Celestin, Ana Lilia
Sánchez y Alberto Reyes, así como los anteriores, Rojas Pruneda, Ontiveros y
Jeni Amelio, y obvio, el acusado Lozoya Austin, quien una vez más estuvo solo,
sin un familiar, amigo, compadre o los asistentes a su cena del Hunan.
Vestía como toca a los delincuentes, de beige, pantalones
caqui, una camiseta y una chamarra tipo members only algo ajustada,
la cual se ponía y se quitaba dejando ver cómo ha echado panza. Ah, también le
puedo decir que se ve mucho más viejo y muy canoso.
Regresando a la audiencia, el juez Gerardo Alarcón le
preguntó a la fiscalía si habían llegado a un acuerdo, y ésta le dijo que de la
audiencia pasada había estado en contacto con Pemex y la UIF para dar efecto a
sus exhortaciones para llegar a un acuerdo reparatorio. Que finalmente el 29 de
agosto se reunieron con los abogados de Lozoya y que hasta minuta de trabajo
hubo. Que Pemex presentó una nueva propuesta de reparación del daño por 20
mdd, misma que Ana Lilia Sánchez, abogada de Lozoya, dijo que lo tenía que
consultar y que les daría respuesta; sin embargo, que hasta ese momento no había
respuesta alguna.
Eduardo Fuentes, el nuevo abogado de Lozoya, dijo que sí
hubo esa reunión, pero que no justifican de dónde habían sacado que había que
pagar 20 millones de dólares y que se tenía que escuchar fuerte y claro, y en
eso el juez lo interrumpió y le dijo: “Diga sí o no. Si habrá acuerdo o no”, a
lo que contestó el abogado: “Sabemos que es la última oportunidad para llegar a
un acuerdo, pero ya hay un acuerdo y nos lo cambiaron”.
Eran las 12:33 pm cuando Emilio Lozoya hizo uso de la voz y
dijo: “Su señoría, usted ha velado por que se respeten mis derechos y, como
dice mi abogado, sí ha habido una conversación –inhalen y exhalen–, que yo
llamaría extorsiones… me suben y me cambian las cifras del acuerdo reparatorio
como si estuviéramos en un mercado tropical (genio y figura hasta la
sepultura). Así pues, vayamos adelante”, pidió Lozoya.
Son las 12:34 pm, entonces el juez dice: “Usted quiere
juicio y su defensa no está de acuerdo. ¿Por qué no dialogan? Hagamos un
receso”.
Para las 12:44 escuchamos a Milo decir: “Lo que
más me conviene es demostrar mi inocencia ante un órgano jurisdiccional”.
Entonces, su abogado, Eduardo Fuentes, dijo: “No comparto la decisión de mi
cliente. No hay equidad por el monto. No hay voluntad para llegar a un acuerdo
reparatorio. De hecho, en la reunión de ayer –vayan por un fuerte– le dijeron a
mi colega que había otras causas y órdenes de aprehensión contra la
hermana y la esposa de mi cliente y le digo, su señoría, el proceso de la mamá
es una intimidación”.
Acto seguido, a las 12:56 pm, la fiscalía leyó la acusación
contra Lozoya, su hermana Gilda y Ancira, por haber realizado operaciones con
dinero de procedencia ilícita a cambio de un favor y con el cual compró su
casa. Pidió se le condene a pagar 3.4 mdd (es decir, a regresar el cochupo que
le dio Ancira), 15 años de cárcel y que se le decomisara la casa de Bezares.
A las 13:15 pm, Rojas Pruneda aseguró que las acusaciones de
la fiscalía eran altamente temerarias, falaces y con datos alterados –váyase
por un fuerte, y doble, eh, porque de ahí se fue como hilo de media–. Dijo que,
desde las más altas esferas del país, del Estado, habían estigmatizado a su
cliente y lo habían presentado como culpable. No se confundan, gritó él,
pues con su dinero se podía comprar esa casa y no necesitaba de Ancira.
Pero pues las pruebas de las transferencias ahí están y con
ese dinero la compró.
Que Milo no sabía si Peña sería presidente, que
tampoco sabía si él iba a estar en su gabinete. ¡Háganme el favor!
¡Pero esto no fue todo! Siguió muy molesto,
argumentando que había un efecto corruptor crónico en este proceso. Otra
vez repitió que desde las altas esferas han expuesto a su cliente, a quien no
le han respetado su dignidad y mucho menos sus derechos humanos. Y una vez más,
que todo esto ha estado organizado desde las más altas esferas del país,
¡menos, claro, de la esfera judicial!
Ah, pero qué tal se prestó en Odebrecht a acusar a 17
personas, como a Carlos Treviño, Jorge Luis Lavalle o Ricardo Anaya, sin prueba
alguna para ¡salvar su pellejo! Eso sí estaba bien, ¿verdad?
Por eso ya les gané dos instancias por la demanda de daño
moral, y si estoy en el amparo es porque se niegan a acatar las sentencias. Y
si no avanza la denuncia por falsedad en declaraciones y la que les presenté
por amenazas, es porque la fiscal carnal, Ernestina Godoy, no mueve un dedo.
Rojas Pruneda proseguía: “Mi cliente debe de ser
tratado como inocente –agárrense–, este es un mal mito de política
electoral”.
Por lo que le pido la suspensión del procedimiento
argumentando un sinfín de artículos, fracciones de los códigos penales, civiles
y de la Constitución, y hasta una sentencia que había sido publicada el viernes
pasado.
Sin ser una experta en temas jurídicos, Rojas Pruneda estaba
argumentando que se tenía que suspender la causa contra Lozoya porque Ancira ya
había pagado y que el juez Artemio Zúñiga, el 19 de abril de 2021, no sólo
había celebrado el acuerdo reparatorio, sino que había suspendido la causa.
Y entonces el juez Gerardo Alarcón López, en una sentencia
inédita, a las 14:22 pm decidió la suspensión del procedimiento
contra Lozoya.
Los abogados de Lozoya estaban felices. Lozoya no cambió
mayormente ni su cara ni sus gestos ni su actitud, mientras que la fiscalía,
Pemex y la UIF estaban furiosos.
Le pidieron que revocara esa sentencia, que si el juez
Artemio Zúñiga jamás mandó llamar a Lozoya era porque ese acuerdo no era
también para él. La representante de Pemex le solicitó a las 14:33 pm que le
garantizara el pago o la reparación del daño. También escuchamos que “se nos
está dejando en estado de indefensión a las partes ofendidas”. “Usted dictó
sentencia en base a una interpretación errónea con una tesis aislada por fraude
y no son las mismas circunstancias de este caso”.
Nuevamente volvieron a pedirle que revocara su resolución,
pues estaba pasando por encima de las resoluciones dictadas por su homólogo, el
juez Artemio Zúñiga.
Al final, el juez Gerardo Alarcón, que más bien ha actuado
como abogado de Milo, palabras más, palabras menos, los mandó al diablo:
dijo que la reparación del daño con el dinero de Ancira era suficiente y que a
todos les había concedido el uso de la voz. ¡Háganme el favor! Así pues, Lozoya
se queda con los 3.4 mdd que recibió de Ancira y éste, siendo el vendedor y sin
ser funcionario público, ahora resulta es el único responsable del delito,
quien reparará el daño al erario y encima le quitaron su fábrica que tiene en
Coatzacoalcos, y aparte, para dejar el Reclusorio Norte, le condicionaron que
tenía que vender Ahmsa a Julio Villarreal, que es el banquero de la ‘4T’.
Ah, y cómo dejar de mencionar que este juez, Gerardo
Alarcón, es el mismo que en la carpeta de Odebrecht no le aceptó a la FGR
incluir las cuentas de Lozoya en Estados Unidos, Brasil y Suiza, invocando el
artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito de México, por lo que la
fiscalía apeló la decisión.
Pregunta: ¿será que Milo Lozoya se está viendo
beneficiado por el pleito que se trae el Presidente con el Poder Judicial
federal?
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