Norma Piña, magistrada presidenta del Poder Judicial, dijo que se pondría en riesgo a los ciudadanos si el Poder Judicial recibe menos dinero en 2024.
Recortar el presupuesto al Poder Judicial de la Federación pondría
en riesgo el Estado de Derecho en México, sostuvo este lunes Norma Piña,
magistrada presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Durante una sesión junto con los miembros del Consejo de la
Judicatura Federal (CJF) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), Piña Hernández resaltó el riesgo que podría representar
un posible recorte.
“El debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno
de los tres poderes del Estado, ante una insuficiencia presupuestal, no implica
una política de austeridad sino (que) nos lleva al rompimiento del Estado de
Derecho”, advirtió la ministra.
Asimismo, la también presidenta del CJF alertó que buscar
afectar la función jurisdiccional a través de destinar menos dinero, en
realidad pone en riesgo a los ciudadanos.
“Lamentablemente, la consecuencia directa de asfixiar a
través de un recorte presupuestal al Poder Judicial es colocar
inmediatamente a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja
para acceder a sus derechos”, sostuvo.
Por esto, la ministra pidió un aumento de 4 por ciento
real en comparación con los 5 mil 630 millones 534 mil pesos que el Poder
Judicial recibió en 2023.
Según Piña Hernández, el dinero que solicitaron representaría en
promedio 1.8 pesos por mexicano.
Por esto, hizo un llamado al Congreso para que cumpla con
sus responsabilidades, y le otorgue los recursos necesarios para que pueda
llevar a cabo sus responsabilidades.
“Proteger el acceso de la justicia a los mexicanos no solo
le corresponde al Poder Judicial Federal, sino también directamente al Poder
Legislativo que debe asignar los recursos suficientes, respetando así, en
el ejercicio de sus atribuciones, las garantías constitucionales que rigen la
protección de nuestros derechos”, señaló.
Piña subrayó a los diputados que es necesario poner a los
ciudadanos al centro al momento de hacer la repartición del presupuesto.
“El acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no
debe ser negociable. Esto no lo digo yo, se desprende de los controles y de los
límites que establece nuestra Norma Fundamental para que este derecho no se
reduzca a una simple declaración de buenas intenciones”, sentenció.
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