La magistrada asegura que estos actos son en realidad precampañas disfrazadas que buscan defraudar a la ley y que son para elegir candidatos a la Presidencia
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Janine Otálora Malassis, magistrada
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), propondrá este
miércoles a la Sala Superior, la suspensión de los procesos de
selección del responsable de la construcción del Frente Amplio por México, y la selección del coordinador de defensa de la cuarta transformación.
Y es que estima que esos procesos son en
realidad estrategias que buscan defraudar a la ley, mediante el uso
abusivo del derecho para la realización de precampañas disfrazadas, que tienen
como finalidad elegir a la persona candidata a la Presidencia de la República
por dichas alianzas o coaliciones.
La propuesta es que se suspenda en
forma inmediata toda actividad, eventos, actos o recorridos, así como la
difusión y propaganda, en cualquiera de sus modalidades, asociadas a esos
procesos partidistas.
En uno de los expedientes que se
analizarán, Otálora propondrá también sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) a Xóchitl Gálvez, Santiago Creel y Beatriz Paredes.
“Se propone ordenar la suspensión
inmediata de los procesos, de los partidos Morena, PVEM y PT, como
del PAN, PRD y PRI”, dicen los expedientes en los que se señala que los
actos de las coaliciones o alianzas constituyen un grave e injustificado riesgo
al principio de equidad en el proceso electoral 2023-24, que inicia en
septiembre.
Esos proyectos, que se hicieron públicos
el martes, serán discutidos en la sesión pública de la Sala Superior de este
miércoles al mediodía.
Los argumentos en ambos casos son
prácticamente los mismos que se propusieron la semana pasada al resolver el
expediente SUP-REP-180/2023 y acumulados, los cuales se desecharon sin analizar
el fondo del asunto.
En aquella sesión (11 de julio pasado),
la postura que plantea la magistrada Otálora sólo fue apoyada por los
magistrados José Luis Vargas y Mónica Soto, esta última ponente en ese
asunto en el que se impugnó el proceso de Morena, Verde y PT.
Para la mayoría de los magistrados
(Felipe Fuentes, Felipe de la Mata, Indalfer Infante y el presidente Reyes
Rodríguez) resultó improcedente el recurso, ya que lo impugnado es un acto
de organización interna de partido y quien debía presentar la queja son
los militantes de ese o esos institutos.
Además, dijeron, no hay una afectación de
derechos a los impugnantes, ambos militantes de Movimiento Ciudadano quienes, además, no actuaron en
nombre de su partido, sino a nombre propio.
En los casos que se discutirán este
miércoles, quienes impugnaron cada uno de los procesos de las alianzas o
coaliciones no son integrantes de los partidos que las forman.
Otálora detalla en sus proyectos que en
los actos y eventos de los aspirantes a cada uno de los cargos de las
coaliciones o alianzas, se advierte la existencia de posicionamientos públicos
y elementos de propaganda que los han beneficiado, sirviéndose de los supuestos
procesos internos.
Según la magistrada, los cargos
partidistas por los que presuntamente compiten las personas denunciadas no
existen dentro de las estructuras estatutarias de los partidos denunciados, ni
tampoco existe certeza sobre las funciones, obligaciones o alcances que tengan
esas figuras jurídicas.
Acusa también que hay opacidad en la
instrumentación de los procesos. “Por lo expuesto, es que se ordena la
suspensión total e inmediata de los procesos denunciados y de todos los actos
que se vinculen a éstos, así como el retiro de toda difusión o propaganda que
haga referencia al mismo o a las personas que se registraron”, insisten los
proyectos.
Los asuntos que se discutirán son los
relacionados con los expedientes SUP-REP-221/2023 y SUP-REP-231/2023 y
acumulados, en los que Jorge Álvarez Máynez y diversos partidos se
inconformaron con la decisión del TEPJF; así como el SUP-JDC-255/2023,
promovido por Alberto Anaya, líder del PT.
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