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El Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) abrió un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de un coronel y un capitán que presuntamente favorecieron a una empresa con un contrato de 299 millones de pesos.
El contrato, otorgado en abril de 2021, era para la
transferencia de tecnología con la que Sedena fabricaría cascos para elementos
de la Guardia Nacional.
De acuerdo con el expediente del OIC, el coronel ingeniero
industrial Fredy Ramírez Ruiz y el capitán primero ingeniero industrial José
Luis Hernández Chávez cometieron irregularidades dentro del proceso de
licitación para beneficiar a la empresa PQ Servicios e Infraestructura.
Ramírez Ruiz, quien se desempeñaba como jefe del
Departamento de Recursos Humanos de la Dirección General de Fábricas de
Vestuario y Equipo, aprobó la evaluación técnica pese a que los licitantes no
cumplían con los requisitos establecidos en la convocatoria.
“Asimismo, el Cap. 1/o I.I. José Luis Hernández Chávez, al
desempeñar el cargo de Jefe de Departamento de Seguridad Industrial y
Protección Civil de la Dirección de Ingeniería en la Dirección General de
Fábricas de Vestuario y Equipo, elaboró la evaluación técnica del 11 de abril
de 2021 y asignó puntos de forma arbitraria a las empresas licitantes, ya que
los mismas no cumplían con los requisitos establecidos en la convocatoria, lo
que constituye posibles faltas administrativas graves”, señaló el OIC.
Los dos militares fueron citados la semana pasada para que
comparecieran ante el Área de Responsabilidades del OIC y presentaran las
pruebas que consideraran pertinentes en su defensa.
El Órgano de Control consideró que, al favorecer a una de
las empresas participantes, los militares incurrieron en abuso de funciones y
no se desempeñaron con la objetividad a la que estaban obligados.
La investigación se inició luego de una denuncia presentada
por Gerardo Eduardo Portugal González, representante legal de la empresa
Corporativo Selitex, que fue una de las afectadas por el mal actuar de los
militares.
El 21 de noviembre del año pasado, Grupo Reforma dio a
conocer que un juez federal había suspendido por tiempo indefinido una
licitación de la Sedena para adquirir 33 mil 540 cascos balísticos debido a que
presuntamente se pretendía favorecer de nueva cuenta a PQ Servicios e
Infraestructura, que ya había sido denunciada y cuyo expediente estaba en
investigación.
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