AMLO intenta hacer las últimas reformas antes de dejar la presidencia, pero su legado se enfrenta al contrapeso de la Corte.

 

Andrés Manuel López Obrador nunca ha sido tímido sobre sus ambiciones. El presidente mexicano piensa en su legado en términos de décadas y siglos, habiendo etiquetado pomposamente a su Gobierno como la “cuarta transformación” del país, después de las revoluciones que dieron forma al México moderno entre 1810 y 1917.

Pero, a menos de 17 meses de que termine su sexenio, el legado de López Obrador se enfrenta a un gran obstáculo: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en concreto, su presidenta, Norma Piña.

El máximo tribunal del país sopesa actualmente varias controversias constitucionales que tienen el potencial de socavar significativamente los grandes planes de reforma del Gobierno. Esta semana, por ejemplo, rechazó parte de un controvertido proyecto de ley electoral que pretendía debilitar la supervisión independiente de las campañas electorales. El mes pasado, se pronunció en contra de un proyecto de ley igualmente polémico aprobado por el Congreso, controlado por el Gobierno, para poner a las fuerzas armadas de seguridad nacional (la Guardia Nacional) bajo control militar.

Dichas propuestas forman parte de los profundos cambios constitucionales que el presidente, conocido como AMLO, considera parte crucial de su mandato. No solo quiere reducir el poder del organismo autónomo que organiza las elecciones, al que ha acusado repetidamente de ser parcial, sino que también pretende ampliar el papel del Estado en el mercado energético. Sin embargo, AMLO carece de los votos en el Congreso para modificar la Constitución y no está dispuesto a negociar con la oposición, por lo que optó por acelerar la legislación, la cual luego fue impugnada en los tribunales.

En su decisión de esta semana, la Suprema Corte determinó que el proceso acelerado no era el correcto. Esto sugiere que otras partes de la propuesta —así como otro conjunto de reformas igualmente importantes que se aprobaron vía fast track en abril— también podrían ser anuladas.

Las sentencias auguran un periodo de mayor tensión institucional en México, un país que suele ocupar los últimos puestos en las clasificaciones mundiales de gobernanza, a partir de ahora y hasta el final del mandato de AMLO en septiembre de 2024.

En estos momentos, la Corte se erige como el único contrapeso a AMLO, que goza de una gran popularidad y se enfrenta a una oposición debilitada que no ha logrado articular una alternancia política. Los enfrentamientos se han hecho más evidentes desde que sus pares nombraron a Piña, la primera mujer presidenta de la Corte, a principios de este año.

Piña tiene derechos de voto similares a los de los otros diez magistrados; sin embargo, ha demostrado que será independiente. En febrero, se negó a levantarse cuando AMLO entró en la sala durante una ceremonia por el aniversario de la Constitución. Su discurso también llamó la atención. “Un poder judicial independiente es un pilar de nuestra democracia”, dijo ante la mirada del presidente. “Tenemos la responsabilidad de preservarlo y fortalecerlo”.

El presidente respondió con su retórica habitual, acusando a los jueces de ceder a la presión de sus enemigos políticos y amenazando con buscar otra reforma constitucional para que los jueces sean elegidos por votación popular. Su Gobierno ha advertido previamente que anular la reforma electoral, aprobada después del inicio del ciclo electoral, pondría de hecho a la Corte por encima del congreso.

“En un acto de prepotencia y de autoritarismo, se atreven a cancelar la ley los ministros”, dijo AMLO a la prensa al día siguiente de la decisión de la Corte, sugiriendo que se recorte su financiación. El presidente intenta utilizar el caso como otro ejemplo más de los poderes “neoliberales” que frenan el progreso de México, un argumento que le ha servido a lo largo de su carrera.

Pero AMLO debe estar lamentando haber dejado estas propuestas para la última parte de su mandato tras perder la mayoría legislativa de la que él y sus aliados disfrutaban hasta 2021, para reformar la Constitución. Con la legislación del presidente en el limbo y la atención cada vez más centrada en sus sucesores, AMLO está luchando por su legado de la única manera que puede: retóricamente.