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La SEP retiró ante el INEGI la categoría de Información de Interés Nacional, del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), que concentra información sobre los avances en la calidad educativa
Por considerar que no es necesaria la información para
evaluar la calidad de la educación en México, el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Educación Pública
(SEP), operó ante al INEGI para que retirara de la categoría de
información de interés nacional, todo lo relativo a acumular datos para
medir la calidad de la educación, las condiciones de infraestructura de las
escuelas y el número de docentes en la nómina de maestros.
Ello en contra de la transparencia y acceso a la
información en las actividades que realiza la SEP, lo que complementa acciones
que impiden conocer los avances en la calidad del sistema, como lo fue la
cancelación de la Prueba Planea o Enlace.
Al revelar el proceso, el Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO) dijo que se amenaza y vulnera la generación de
información para mejorar la educación de México.
Demandó que la SEP “garantice la generación de
información periódica y que el INEGI asegure la supervisión y disponibilidad
de información para que las autoridades cuenten con un insumo de calidad para
el diseño de estrategias educativas”.
En una primera revisión señala que habrá tres impactos se
vulnera la capacidad de diagnóstico como medida para promover la calidad
de la educación como guía de la política pública, se corre el riesgo de
diseñar y evaluar política sin dirección a las comunidades y se podría limitar
el derecho al acceso y transparencia de la información pública.
A través de un documento de tres cuartillas, el IMCO aseguró
que, “cualquier sistema educativo necesita información fidedigna y
rigurosa para diseñar políticas educativas de calidad basadas en evidencia”.
Explicó que en México, existe el Sistema de
Información y Gestión Educativa (SIGED) que concentra la información de
la Secretaría de Educación Pública (SEP).
La información resguardada en el SIGED, que abarca
temas como nóminas magisteriales, resultados de evaluaciones y características
de la infraestructura educativa, era considerada como indispensable para
conocer la realidad del país y, por ende, estaba catalogada dentro del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) como Información de Interés
Nacional (IIN) por cumplir con sus requisitos de rigurosidad metodológica
y su periodicidad.
Pero, el pasado lunes 10 de abril, la Junta de Gobierno
del INEGI publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la determinación
de revocar el carácter de IIN del SIGED.
“Para el Instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO) esta decisión amenaza el acceso, la calidad y el uso obligatorio de esta
información pública que es fundamental para el diseño de la política
educativa”.
El IMCO reveló que “sorprende” que esa acción haya sido
promovida por la misma SEP desde 2022, “quien logró justificar ante el INEGI
que la información del SIGED no cuenta con los atributos necesarios para contar
con esta clasificación”.
Bajo el criterio del gobierno de Morena, la información
incumplió con alguno o los cuatro criterios para ser catalogada como de Interés
Nacional: abordar temas, grupos de datos o indicadores de diversos temas, entre
ellos educación.
“Ser necesaria para el diseño y evaluación de políticas
públicas nacionales, ser información generada de manera regular y periódica,
además de estar elaborada con una metodología científica”.
Conforme al decreto publicado en el DOF, “la
información del SIGED no cumple con el tercer criterio: esto es, la
SEP consideró no necesaria la información para el diseño y evaluación de
políticas públicas nacionales”.
El Instituto dijo que esto es resultado de las
modificaciones impulsadas por el propio gobierno Federal que “han puesto en
jaque la recolección y generación de datos, como la eliminación del Instituto
Nacional de Evaluaciones Educativas (INEE) y el servicio profesional docente,
la suspensión del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes
(pruebas Planea), entre otros”.
Enfatizó que los cambios “han amenazado y vulnerado la
generación periódica de información que es necesaria para la mejora educativa,
y sin la cual no se pueden diseñar políticas basadas en evidencia”.
Por ello el IMCO consideró que hay al menos tres
implicaciones al sistema educativo, en la toma de decisiones y el diseño
de estrategias a partir de un diagnóstico que utilice información de calidad.
Con dicha revocación, “se pone en riesgo la calidad de la
información educativa de México. Sin la clasificación de Información de Interés
Nacional, se podría vulnerar la calidad en la información educativa que guía la
política pública”.
Consideró que la información educativa dejará de ser de uso
obligatorio para todas las instancias gubernamentales.
“De acuerdo con el artículo 6 de la Ley del SNIEG, la IIN es
oficial y de uso obligatorio para la Federación, las entidades federativas y
los municipios. Esto podría resultar en políticas educativas mal diseñadas y
evaluadas que no apunten en dirección a las necesidades de las comunidades
educativas”.
En consecuencia, la información podría pasar a ser solo un
accesorio en el proceso de formulación, implementación y evaluación de
las estrategias educativas.
Mientras que “se podría limitar el derecho al acceso y
transparencia de la información pública”.
Aunque las autoridades continuarán con la recopilación y
resguardo de la información del SIGED, el INEGI dejará de suministrar
dicha información a las autoridades y a la sociedad.
El IMCO se pronunció porque el sistema educativo “se nutra
de información de calidad, que sea pertinente, veraz y oportuna, como la que
procedía de esta fuente. Al no ser publicada, procesada y difundida de
manera proactiva por el INEGI, se requerirá de solicitudes de información para
poder acceder a esta, lo que entorpece el acceso a la información”.
Insistió que la generación, acceso y calidad de la
información educativa se ha puesto en riesgo con decisiones tomadas por las
autoridades. Sin embargo, asegurar el levantamiento, procesamiento y acceso a
la información de calidad es clave para promover el diálogo y el diseño de
políticas sustentadas en evidencia que mejoren la educación y generen
oportunidades para millones de niñas, niños y jóvenes mexicanos”.
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