Defensores de los derechos humanos pidieron que se abra una línea de investigación en contra del ex fiscal del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez y presuntos cómplices, por la fabricación de delitos en contra de la activista Kenia Hernandez Montalván, quien permanece recluida en un penal federal del estado de Morelos.
Integrantes del colectivo Justicia y Libertad de los Pueblos Indígenas, que demandan la libertad inmediata de la defensora de los derechos humanos encarcelada en un penal federal del Estado de Morelos, señalaron que existen elementos de prueba que indican que el ex fiscal del Estado de México actuó en contubernio con miembros de un despacho jurídico de Ecatepec para fabricar los delitos de los que fue acusada Hernández Montalván.
Explicaron que ex empleados de un despacho jurídico de nombre Delos presentaron las denuncias en contra de la coordinadora del colectivo “Zapata Vive” acusándola de daños a las vías de comunicación, debido al contubernio que existía entre el fiscal Gómez Sánchez y el propietario del despacho jurídico, Carlos Mata.
Los ex colaboradores del despacho jurídico involucrados en la fabricación de los delitos habrían sido identificados como Shyrly Ivanova Cantú Rebollo y José Daniel Vázquez Duarte.
Asimismo, agregaron que luego de varios meses de investigación, se descubrieron los nexos entre el ex titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el despacho jurídico encargado de presentar las acusaciones contra Hernández Montalván, a través de quien en su momento se desempeñó como vicefiscal Germán García Beltrán.
Según los denunciantes, se logró establecer que gracias a dicho contubernio, “Delos mantenía el control de las agencias del Ministerio Público de Ecatepec y grupos de la Policía de Investigación, los cuales funcionaban bajo las órdenes del dueño del despacho (Carlos Mata)”.
Los activistas señalaron que estos elementos confirman que el encarcelamiento de Kenia Hernández es ilegal, por lo que recurrirán a instancias nacionales e internacionales para seguir exigiendo su liberación inmediata.
El Centro ABA para los Derechos Humanos concluyó que en el juicio que se lleva contra la activista, presa en el penal de alta seguridad de Morelos, hubo violaciones a sus derechos y fabricación de delitos; por lo cual, la sentencia debería ser anulada.
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