Es factible que ni siquiera una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación termine con las controversias en torno a la legalidad de las decisiones gubernamentales en el sector eléctrico.
El gobierno de Joe Biden, inversionistas nacionales y extranjeros, legisladores mexicanos, entre otros, están pendientes de la ponencia de la ministra Loretta Ortiz sobre la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y la votación subsecuente para su validación. Si logra el apoyo de al menos cuatro de los 11 votos del pleno de la SCJN, se declararían improcedentes los juicios de amparo presentados desde hace un año; con ello se abre el escenario para que las impugnaciones se trasladen, en el marco del T-MEC, a instancias internacionales.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El gobierno federal enfrenta momentos de definición en el sector eléctrico mientras la economía nacional, ante la falta de acuerdos entre las autoridades y el sector privado, ya perdió tres años de inversiones y generación de empleos en plena transición energética. Es factible que ni siquiera una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) termine con las controversias en torno a la legalidad de las decisiones gubernamentales.
Si bien la Corte puede declarar constitucional la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) –lo que frenaría la lluvia de amparos en las cortes nacionales–, las impugnaciones no terminarán porque, en el marco del T-MEC, el gobierno de López Obrador podría ser demandado por incumplimiento de los lineamientos en materia de inversión y protección al medio ambiente, considerados por el gobierno de Joe Biden como asunto de seguridad nacional.
“México sí corre el riesgo de ser demandado en el marco del T-MEC, aunque en el capítulo 22, que se refiere a las actividades de las empresas propiedad del Estado, se excluyó al sector energético, al bancario, pero no al eléctrico”, dijo una fuente del gobierno de López Obrador.
Para atajar el riesgo, el gobierno abrió un abanico de inversiones para el capital estadunidense. “Estuve con Kerry (el enviado especial del gobierno de Biden para el cambio climático), con empresarios estadunidenses y, al parecer, se sintieron atendidos”, dijo el mandatario.
Pero desde el pasado 25 de marzo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, acudió a San Lázaro para solicitar al Poder Legislativo respeto a los contratos en el sector de la energía porque, dijo, sin confianza, las inversiones están en riesgo.
Un documento del Departamento de Comercio de Estados Unidos (USTR) consignó, además, que desde octubre de 2020 exportadores han manifestado su preocupación ante la participación de la subsidiara de la Comisión Federal de Electricidad en el sector de las telecomunicaciones (CFE, Internet para todos).
Esa empresa, dicen los empresarios estadunidenses, ofrece servicios de internet usando su infraestructura de manera desleal. Y presionaron ante el USTR para que México, a través de la CFE y su proyecto de internet, respeten el capítulo 13 del T-MEC.
En el sector de la electricidad, las empresas de energía de Estados Unidos siguen quejándose de los esfuerzos del gobierno para promover la empresa a Pemex y a la CFE a expensas de los inversores privados extranjeros.
“Estos esfuerzos incluyen una nueva legislación con cambios muy significativos y una reforma constitucional, así como permitir la aplicación discriminatoria de las normas y la falta de notificación en relación con cambios de política pública. Estados Unidos ya ha planteado a México su preocupación respecto al deterioro del ambiente en las inversiones”, de acuerdo con el informe anual del Departamento de Comercio de ese país.
“Si se aprueba la reforma (propuesta por López Obrador), la CFE se transformaría en un monopolio que controlará el acceso a la red de todo el país, aboliría a los reguladores independientes y garantizará que la CFE genere al menos 54% de la energía requerida por México. La reforma también cancelaría los permisos privados de generación de energía y los contratos de compra de energía con CFE, así como la energía de autoabastecimiento y los acuerdos de compra otorgados desde 2014”, advirtió el Departamento de Comercio.
La controversia internacional está en marcha.
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