Caerían en desacato al incumplir
el fallo de la Suprema Corte de Justicia; el gobernador de Veracruz interfiere
en otros poderes, señala el senador Dante Delgado
Los diputados de Veracruz que
ignoren el fallo de la Suprema Corte sobre la inconstitucionalidad del delito
de ultrajes a la autoridad pueden ser destituidos por desacato, advirtió el
presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal,
quien respondió al gobernador veracruzano, Cuitláhuac García, que impugnará
cada ley local que viole los derechos humanos.
El lunes, después de que la Corte
falló la inconstitucionalidad de ese delito en Veracruz, el gobernador Cui-
tláhuac García anunció que mantendrá el tipo penal, pero le cambiará el nombre.
Interrogado sobre esa posición
del gobernador, el senador Ricardo Monreal expresó que “si el gobernador dice
que enviará otra iniciativa, es su derecho, sólo que la Corte puede usar medios
de apremio en el caso de que se repita el mismo tipo penal, que ya declaró
inválido constitucionalmente.
Monreal consideró que “debería
meditar y debería privilegiar el respeto a los derechos humanos.
“Pero por lo pronto, es una causa
que ya la Corte, la Suprema Corte le ha enmendado al Congreso y al gobernador,
y ahora tendrán que actuar; porque si no lo hacen, en beneficio de quienes
están detenidos y procesados por este delito, van a incurrir en de-
sacato y puede haber incluso solicitud de destitución de legisladores si no
hacen caso del mandato constitucional o del mandato judicial de acción de
inconstitucionalidad”, recordó el senador.
En tanto, el senador Dante
Delgado acusó que el gobernador García estaría incurriendo en delitos que lo
podrían poner en el “banquillo de los acusados”, debido a que ha incumplido con
acciones por las que debe velar legalmente dada su investidura.
En Xalapa, en conferencia de
prensa con el Movimiento por la Justicia, el legislador advirtió que el
mandatario podría estar cometiendo abuso de autoridad e incumplimiento de un
deber legal. Además, ha interferido en la autonomía de la Fiscalía General y
del Poder Judicial.
Delgado denunció que la
recomendación 146/2021 por el caso de seis jóvenes detenidos por ultrajes a la
autoridad con pruebas fabricadas, ordenaba que los policías que participaron en
dichos abusos tenían que haber sido detenidos, pero hasta el momento no se ha
cumplido.
Incluso, señaló que no es
facultad del mandatario señalar si salen mil 30 o 200 personas acusadas bajo el
supuesto penal declarado improcedente, pues el ser insistente en actos
arbitrarios es moralmente impropio, políticamente inadecuado y penalmente
sancionable.
Aseguró que en el caso de
José Manuel del Río Virgen “quien la hizo va a tener que pagarla”, pues señaló
que el juez Francisco Reyes Contreras retrasó la audiencia federal en la que
será decretada la libertad del secretario técnico de la Junta de Coordinación
Política del Senado.
Inconstitucional
El lunes, el pleno de la Corte
determinó que el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz es violatorio a los
principios de legalidad.
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