Podría subastar, rematar y adjudicar bienes asegurados, embargados, abandonados o decomisados en los procedimientos penales
El grupo parlamentario de Morena propuso la creación
del Instituto Mexiquense para Devolverle al Pueblo lo Robado, como una
institución autónoma que administre con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia, honradez y sentido social los bienes que le sean transferidos.
El objetivo sería debilitar a la delincuencia organizada en
su estructura patrimonial y financiera y garantizar que los activos recuperados
se apliquen en beneficio de la gente.
Al proponer la iniciativa, la diputada Azucena Cisneros
Coss, de Morena, señaló la necesidad de que los bienes asegurados al crimen
organizado dejen de ser "recompensa" para el Poder Judicial y la
Fiscalía mexiquense, para convertirse en factores de resarcimiento para la
sociedad y exista un mecanismo ágil, transparente y sencillo para la venta de
los bienes, que permita al Gobierno Estatal eliminar costos de administración e
incluso allegarse de recursos financieros para atender necesidades de la
población.
También se prevén opciones para concretar la venta de los
bienes, a efecto de que además de la licitación pública, se puedan realizar
procesos de subasta, remate y adjudicación directa, a través de una nueva norma
y la abrogación de la Ley para la Administración de Bienes Vinculados al
Procedimiento Penal y la Extinción de Dominio para el Estado de México, con lo
cual no se tendrían que destinar recursos presupuestarios adicionales para
iniciar la operación del nuevo organismo descentralizado.
Los bienes de los que se dispondrían serían: los asegurados,
embargados, abandonados o decomisados en los procedimientos penales del fuero
común; los recibidos en dación en pago para cubrir toda clase de créditos a
favor del Gobierno Estatal o sus dependencias, incluyendo los puestos a
disposición de la Secretaría de Finanzas.
También los embargados por autoridades estatales y
adjudicados a las entidades; los que sean abandonados a favor del Gobierno
Estatal; los títulos, valores, activos y demás derechos susceptibles de
enajenación, cuando así se disponga por las autoridades, los bienes
desincorporados del régimen de dominio público del Estado y los que constituyan
el patrimonio de los Organismos Auxiliares.
Asimismo, cualquier bien que, sin ser propiedad del Estado,
en términos de la legislación aplicable, el Gobierno estatal, dependencias o
municipios puedan disponer de él; los bienes, activos o empresas serían
transferidos al Instituto Mexiquense para Devolver al Pueblo lo Robado, cuando
así lo determinen las leyes o así lo ordenen las autoridades judiciales.
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El nuevo instituto podrá administrar, enajenar, usar,
usufructuar, monetizar, dar destino o destruir drectamente los bienes, activos
o empresas que le sean transferidos o nombrar depositarios, liquidadores,
interventores o administradores; así como encomendar a terceros la enajenación
y destrucción de éstos.
Los recursos derivados por los procedimientos de venta,
junto con los frutos que generen los bienes administrados por el Instituto se
destinarían a un fondo, el cual contaría con dos subcuentas generales, una
correspondiente a los frutos, y otra a las ventas, y se prevería un Fondo de
Reserva para restituir aquellos que ordene la autoridad judicial, mediante
sentencia firme.
La legisladora de Morena señaló que el Instituto Mexiquense
para Devolverle al Pueblo lo Robado sería un organismo descentralizado con
personalidad jurídica y patrimonio propio, a fin de consolidar su autonomía
técnica y operativa y dar mayor transparencia y confianza en la administración
de los bienes bajo su responsabilidad.
Refirió que de acuerdo con el Quinto Informe de Gestión de
la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Unidad Especializada
en Inteligencia Patrimonial y Financiera, de enero a diciembre de 2020,
presentó en los Juzgados de Extinción de Dominio 24 demandas, en las cuales
ejercitó acción en contra de 21 inmuebles y tres vehículos por un monto
aproximado de 37.3 millones de pesos.
De ellas, solo obtuvieron cinco sentencias favorables en las
cuales se declaró procedente la acción de extinción de dominio sobre cinco
inmuebles por un valor aproximado de 5.7 millones de pesos y se obtuvo la
declaratoria de abandono a favor del Gobierno del Estado de México, de un bien
inmueble por un valor de 530 mil 700 pesos.
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