Aunque no pretende generar polémica, la consejera del
Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Karina Ivonne Vaquera Montoya,
mostró su preocupación e inconformidad por la reciente remoción de cinco
titulares de unidades al interior del organismo: Comunicación Social, el Centro
de Formación, la Unidad de Fiscalización, Personal Electoral e Informática y
Estadística.
En entrevista con El Sol de Toluca, la consejera mostró su
preocupación por la forma en que se llevó a cabo dicho procedimiento, porque lo
ideal es que se apliquen criterios objetivos de evaluación a todo el personal
del instituto.
“Cinco titulares de unidades del instituto fueron retirados
de su cargo, y la manera en que se llevó a cabo el procedimiento no lo
comparto, porque creo que previamente debió atenderse una metodología muy clara
y con criterios objetivos”, externó.
Comentó que si bien se trata de personal de confianza, y se
sabe que pueden ser removidos de su encargo, la Suprema Corte de Justicia,
establece que debe haber una justificación.
“Considero que no hubo un procesamiento adecuado de esta decisión,
por lo que me aparto totalmente de la misma, porque deben aplicarse criterios
objetivos de evaluación a todo el personal del IEEM, garantizando y no
vulnerando ningún tipo de derecho”, apuntó.
Pidió no dejar de lado que el instituto electoral no solamente
es responsable de organizar las elecciones locales, sino de velar por los
principios democráticos. Si bien, señaló que a las cinco personas se les pidió
que renunciarán, la decisión no fue la más acertada.
“No comparto la manera en que se les solicitó la renuncia a
las cinco personas, porque creo que no hubo elementos objetivos para ello.
Además, en ningún momento se aplicó un método adecuado para un instituto del
nivel que somos”, expresó.
Subrayó que, si bien el tema de fiscalización es de carácter
nacional a cargo del INE, valdría la pena realizar un diagnóstico previo sobre
el personal, así como de la restructuración que se requiere.
“A lo mejor al interior del IEEM ya no es necesaria el área
de Fiscalización, pero con una fundamentación y justificación clara. Creo que
todas las personas aun siendo de confianza deben de gozar de un derecho de
audiencia”, indicó.
Dijo no tener conocimiento de cuándo se tomaron estas
determinaciones, porque nunca le hicieron llegar un documento oficial sobre
ellas.
“Me enteré por las mismas personas que salieron sobre esta
determinación, y únicamente se les comentó que se trató de una
restructuración”, aseveró.
Mencionó que, aunque en el Código y la legislación
electoral, se establece que la presidencia de los organismos públicos locales
puede proponer al consejo, quienes pueden estar a cargo de las unidades, no
existe el tema de remoción.
Finalmente, hizo hincapié en que no se trata de un tema
menor y debió de haberse estudiado en base a documentos formales, así como
consensos, en donde se tomarán criterios objetivos para hacer una evaluación.
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