La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos
advirtió en su análisis “México militarizado: la guerra se perdió, pero la paz
no llega”, que las fuerzas armadas tienen la fuerza suficiente para tomar el
control del país "sin necesidad de dar un golpe de Estado”
América Latina tiene un largo historial de golpes de
Estado y dictaduras. Y en cualquier país de la región, la acumulación de
poder por parte de las Fuerzas
Armadas suele encender las alarmas. Pero no en México, donde el
peso de los militares es ya tan grande que “no hace falta un golpe de
Estado”.
A esa conclusión llega la Oficina en Washington para Asuntos
Latinoamericanos (WOLA) en un análisis de Stephanie Brewer titulado “México
militarizado: la guerra se perdió, pero la paz no llega”.
Aunque México no ha sufrido algún golpe militar,
el análisis señala que “el peso de las fuerzas armadas mexicanas dentro y fuera
del ámbito de la seguridad puede significar que no hace falta un golpe de
Estado para que las instituciones militares ejerzan niveles de poder que, sin
constituir un gobierno militar, tampoco hablan de una institucionalidad
democrática saludable”.
No sólo la seguridad está en manos militares desde hace
varias administraciones, sino que en la de Andrés Manuel López Obrador se han
convertido, además, en ejecutores “de componentes importantes del proyecto de
gobierno”, incluyendo el control de puertos y el otorgamiento de proyectos de
infraestructura.
“La desmilitarización no sólo no ha llegado, sino que López
Obrador ha apostado por profundizar diversos aspectos del modelo militarizado”.
Brewer recuerda que este mes se cumple un año del acuerdo
por el cual se aprobó que las Fuerzas Armadas participen en tareas policiales
hasta 2024. Hace dos años, además, se creó la Guardia Nacional, un nuevo
cuerpo de seguridad que, si bien depende de una institución civil -la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana-, es en realidad “una fuerza
militarizada” que opera, de acuerdo con documentos oficiales publicados por
medios que el gobierno no ha desmentido, “bajo la coordinación de la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena)” y que además está integrada mayoritariamente
por militares.
En 15 años de militarización, asegura el análisis, no se han
instalado “estructuras y prácticas eficaces contra la violencia a nivel
nacional”. No sólo no se avanzaron soluciones, sino que la militarización terminó
por convertirse en una “adicción que posterga indefinidamente esas soluciones”.
El modelo bélico ha tenido resultados que Brewer califica de
“catastróficos”, con un drástico aumento de homicidios, violaciones a los
derechos humanos, desapariciones forzadas cometidas por el Ejército, la Marina
y otras fuerzas de seguridad.
Al papel “protagónico” que tienen las Fuerzas Armadas en la
estrategia de seguridad, se suma la decisión de AMLO de “asignarles otra gama
de funciones”. La Semar, detalla el análisis, tiene el control y administración
de puertos. Con la Sedena, también juegan un creciente papel en el control de
aduanas.
Si bien, aclara Brewer, las Fuerzas
Armadas mexicanas ya habían participado en proyectos de infraestructura
en otros sexenios, AMLO les ha concedido un “llamativo papel en obras
prioritarias de gran escala”, como la construcción de sucursales del Banco de
Bienestar y de aeropuertos a la Sedena, igual que la construcción y
administración del Tren Maya. La Marina construiría el Corredor Interocéanico.
“Con la seguridad en manos militares, y con las Fuerzas
Armadas como ejecutoras de componentes importantes del proyecto de
gobierno, es dable cuestionar qué margen de poder conserva el gobierno civil
frente al estamento militar”.
Se requieren, concluye Brewer, “estrategias efectivas de
seguridad”. En medio de la guerra contra la delincuencia, es la población la
que ha sufrido “las pérdidas más devastadoras”. Y ningún despliegue de fuerzas,
afirma “será suficiente para revertir la violencia mientras actores del Estado
se encuentren entre los cómplices de las redes criminales, mientras no se
priorice la reforma de las corporaciones civiles de seguridad, mientras las
instituciones del país no avancen de manera trascendental en la investigación
de los fenómenos delictivos y mientras se toleren violaciones de derechos
humanos por parte de las instituciones encargadas de velar por el Estado de
derecho”. Lograrlo, dice, “requiere de voluntad política”. Lo preocupante, sin
embargo, es que por ahora “la apuesta del gobierno sea una creciente e
indefinida dependencia de las Fuerzas Armadas”.
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