Arturo Herrera tiene mucho qué decir respecto al “Aeroproa” del que ahora se rasga las vestiduras. Presidente López: su colaborador le endosó su propio Fobaproa por haber cancelado el nuevo aeropuerto de Texcoco.
Una de las razones por las que Herrera salió a golpear al
todavía titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David
Colmenares, fue que, justamente él, dispuso que la deuda pasara de privada
a pública.
Junto con Gerardo Ferrando, defenestrado ya por la
propia 4T de la dirección del Grupo Aeroportuario CDMX (GACDMX), negociaron con
los bondholders los términos de la cancelación de los multimillonarios bonos.
El problema es que dichos términos quedaron en la opacidad,
ya que incluso en la versión pública del Acta de Asamblea del Consejo de
Administración del GACDMX, celebrada el 2 de diciembre de 2018, se quitaron los
párrafos que corresponden a la liquidación de los adeudos.
Pero en actas posteriores es posible seguirle la pista a
algunas de las obligaciones que el gobierno adquirió al desconocer los términos
de los contratos de las colocaciones y asumir como parte de deuda pública lo
que era deuda privada del GACM y las TUAs que provienen de la operación del
aeropuerto capitalino.
Una de las preguntas que no tiene respuesta es por qué se
recompraron solamente mil 850 millones de dólares de bonos en diciembre de
2018, a pesar de que la administración anterior dejó en la caja del Fideicomiso
de Financiamiento Privado Número 80460 un total de 153 mil millones de pesos.
Todo consta en el acta de Asamblea del 30 de octubre de
2018, los cuales estaban en el fideicomiso, afincado en Nafin,
“independientemente del monto no recuperable” del proyecto, que en esa misma
acta se calcula en 60 mil millones de pesos, gran parte de los cuales ya se
habían liquidado, más una cantidad estimada entre 40 mil y 45 mil millones de
pesos “que tendrán que ser cubiertos” y que también formarán parte del paquete
de costo no recuperable, es decir, del “costo hundido”.
Y es que, aun cuando estos 40 mil o 45 mil millones salieron
del fideicomiso de inversión, hay que recordar que otro de los fideicomisos, el
2172 también de Financiamiento Privado y fincado en Nafin, recibía puntualmente
el importe de las Tarifas de Uso de Aeropuerto (TUAs), por lo que el monto
disponible para cubrir ese importe no se circunscribía a lo que había en el
Fideicomiso de Inversión.
En esa misma acta se especifica que había 17 obras viales
que estuvo realizando la SCT, las cuales deberían quedar operativas, pues la
mayor parte se justifica para dar acceso a la zona donde se construía el
aeropuerto, en lugar de clausurar los accesos y así desperdiciar más recursos.
Esto recursos no salieron del GACM, pero también cuentan, igual
que las obras hidráulicas que ya mencionamos en la columna del jueves.
Hay que agregar que había un tercer fideicomiso también en
Nafin, este de carácter público, el 80726, donde se recibieron los recursos del
Presupuesto de Egresos de la Federación.
Su patrimonio inicial fue de 23 mil 65.4 millones de pesos
con aportaciones de 2014 y 2015 y que estuvo siendo fondeado en los siguientes
años con 36 mil 785.6 millones de pesos en 2016 y 17 mil 989 millones de pesos
en 2017.
Para 2018, se inyectaron 5 mil 813.4 millones de pesos. Todo
este dinero se destinó al pago de inversión física y gasto corrientes, aunque
la inversión física se llevó 90 por ciento del recurso, lo cual implica que el
“costo hundido” del que se habla, esos 60 mil millones de pesos, se fue pagando
con estos fondos en una parte sustantiva.
En el acta de febrero del 2020 se explica que, aunque el
monto del dinero destinado al finiquito de los contratos se estableció en 73
mil 75.8 millones de pesos (sin contar el IVA), hubo una pérdida acumulada de
16 mil 232 millones de pesos por el pago de gastos e intereses generados por la
liquidación anticipada de la Fibra E y que se incluyó en el rubro “otros
gastos”.
Es decir, no se liquidó completamente, pues seguía
gestionándose, además de que tampoco se hizo el pago de 200 millones de dólares
para la recompra de bonos, que estaban reservados, aunque sí se pagaron los
intereses que fueron 210 millones de dólares más.
Hasta el momento, pues, se desconoce qué tan buena
negociación hicieron los pupilos de López Obrador, Herrera y el despedido
Ferrando, para con ese monto de intereses.
Por último, en esa misma fecha se calcula un saldo de
entradas entre 2014 y 2019 del Fideicomiso 80726 de 180 mil 194 millones de
pesos, en tanto que las erogaciones acumuladas fueron de 153 mil 107 millones
de pesos, que incluye pagos a contratistas, compra de bonos y amortización
anticipada de la Fibra E.
A diciembre de 2019 quedaban en caja a diciembre unos 27 mil
87 millones de pesos.
En otras palabras, si no se han pagado 84 mil millones de
pesos, que corresponden a los 4 mil 200 millones de dólares de los bonos
pendientes por liquidar, ¿cómo se gastaron esos 153 mil millones de pesos?
Buena pregunta. Y los “costos hundidos”, más lo que se está
gastando en Santa Lucía también forman parte del fardo que el gobierno de la 4T
puso sobre los hombros de los contribuyentes, todos los mexicanos que pagan
impuestos.
INDEPENDIENTEMENTE DE SI la Auditoría Superior de la
Federación se equivocó o no, todo mundo ya da por hecho que David
Colmenares se va. ¿Quién podría sustituirlo? Apunte el nombre de Roberto
Salcedo, el actual subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción de
la Secretaría de la Función Pública. Tiene todas las cartas credenciales. Fue
Auditor Especial de Desempeño en la misma ASF durante 18 años. Fue el segundo
de a bordo de Arturo González de Aragón, Juan Manuel Portal y
del propio Colmenares. Pero más allá de su solidez técnica, Salcedo es hombre
de toda la confianza de Andrés Manuel López Obrador. Fue él quien lo
nombró subsecretario y no Irma Eréndira Sandoval. Se conocieron hace
muchísmos años en Tabasco al amparo de Enrique González Pedrero, cuando el
mentor del actual inquilino de Palacio Nacional trajo de la Ciudad de México,
por intermediación de Ignacio Ovalle, a un pequeño grupo de economistas de
la UNAM para que le ayudaran a desarrollar programas para Tabasco. Uno era
Salcedo, quien después se uniría estrechamente a Manuel Camacho Solis,
quien lo nombró Oficial Mayor cuando fue Regente del Distrito Federal. Ése es
Roberto Salcedo.
VAYA SEMANA. ANDRÉS Manuel López Obrador no dejó
títere con cabeza. El lunes durísimo contra los abogados mexicanos a los que
acusó de “traidores a la patria” por defender causas que le son incómodas, como
contratos de empresas extranjeras que quiere cancelar. El ataque provocó que la
Unión Internacional de Abogados, que preside Oscar Cruz Barney, y el
Consejo General de la Abogacía Mexicana, que encabeza Alfonso
Pérez-Cuéllar, le reviraran. El llamado fue principalmente a los despachos de
abogados corporativos, cuyos socios, en algunos casos, están empezando a ser
hostigados por el SAT, que preside Raquel Buenrostro. Se conoce de
profesionales que han formado parte de paneles arbitrales y que por el simple
hecho de votar en contra de la CFE o Pemex, condenándolas a pagar daños, les
han caído auditorías. Cuidado.
OTROS QUE LEYERON puntualmente el mensaje-advertencia fueron
los penalistas. Abogados como Epigmenio Mendieta que defiende a Rosario
Robles, Javier Coello Trejo que llevó a Emilio Lozoya Austin, José
Luis Nassar Daw que representó a Guillermo Billy Álvarez, Eduardo
Amerena que patrocina a Rafael y Teófilo Zaga, Jesús
Martínez Arnaud que asesora a Luis Videgaray, son algunos ejemplos.
Por supuesto apunte también al afamado litigante Alonso Aguilar Zínser,
que ya quedó registrado como defensor formal del gobernador de
Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en una disputa de pronóstico
reservado contra la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz
Manero, la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto, la
Procuraduría Fiscal de Carlos Romero y el SAT de Raquel
Buenrostro.
POR CIERTO QUE el fiscal Alejandro Gertz Manero está
arruinando las negociaciones y acuerdos reparatorios que Julio Scherer ha
acordado con más de un personaje políticamente expuesto por la 4T. Dos casos
puntuales: el todavía accionista mayoritario de Altos Hornos de México, Alonso
Ancira, y el aún dueño de la excaja de ahorros Libertad, Juan Collado.
Ambos comparten desde el Reclusorio Oriente la frustración de no ver avances en
sus casos, a pesar de la palabra empeñada. Scherer tiene la confianza de Andrés
Manuel López Obrador para operar negociaciones de alto impacto, pero el
choque con Gertz ha sido brutal.
A FINALES DE marzo iniciará operaciones la nueva ruta aérea
Cancún- Acapulco de Viva Aerobus, de Roberto Alcántara. La impulsó el
Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, que dirige Darío Flota. Se
busca que la conexión amplíe y diversifique el mercado turístico de ambos
destinos, pues mientras el estado que gobierna Carlos Joaquín González recibiría
una mayor cantidad de turistas nacionales, el puerto de la entidad que
administra Héctor Astudillo incrementaría su flujo de visitantes
internacionales. El nuevo puente aéreo es también la primera ruta que se abre
desde que inició la crisis del sector por la pandemia de Covid-19.
No hay comentarios :
Publicar un comentario