El fiscal general, Alejandro Gertz Manero,
se está dando un festín. La negociación con Emilio Lozoya, exdirector de Pemex,
que se inició desde Madrid para que alcanzara el criterio de oportunidad a
cambio de denunciar a sus jefes, lo ha venido acomodando a su beneficio. Quién
sabe si podrá judicializar todo lo que acordaron que declaró Lozoya el 11 de
agosto pasado, pero políticamente es una mina para mostrar que las imputaciones
contra altos funcionarios de la anterior administración y políticos tienen
cuerpo, y que el jurado popular dicte sentencia. En este momento, cae sobre
terreno fértil, porque su acusación de cohecho, delito electoral y traición a
la patria contra Enrique Peña Nieto, entra suavemente en el imaginario
colectivo que ha linchado al expresidente desde hace seis años.
La acusación contra Peña Nieto está
explicada por la Fiscalía como una “ayuda” que le dio el exsecretario de
Hacienda, Luis Videgaray, para que entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de
noviembre de 2018 –el periodo completo de su sexenio– “recibiera indebidamente
por interpósitas personas” casi seis millones de dólares, además de 84 millones
de pesos, depositados en una cuenta radicada en el Principado de Liechtenstein
–un paraíso fiscal en Europa–, o entregados en efectivo por parte de la empresa
brasileña Odebrecht y su filial petroquímica Braskem.
La Fiscalía asegura que ese soborno fue
para que Odebrecht fuera beneficiada en la adjudicación del contrato para
acondicionar y conformar plataformas en la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, y
dar continuidad al Proyecto Etileno XXI en Coatzacoalcos. El primero data del
15 de febrero de 2014, y el segundo del 19 de febrero de 2010. Los dos
contratos fueron dados a conocer por Pemex, cuando José Antonio González Anaya,
quien sustituyó a Lozoya, ordenó una investigación en diciembre de 2016,
realizada conjuntamente con la Secretaría de la Función Pública, tras lo cual
presentó un mes después una denuncia de hechos en la entonces Procuraduría
General de la República, por presuntos actos de corrupción.
González Anaya alertó a las autoridades,
pero la dupla Gertz Manero-Lozoya reformuló la imputación, cambiando de
personajes. Ya no fue Lozoya quien recibió sobornos, sino Peña Nieto, quien
también se comprometió, según la Fiscalía, a intervenir para que diputados del
PRI y de la oposición en el Pacto por México aprobaran la reforma energética.
Para el contexto, la iniciativa del PRI la había propuesto el PAN desde el
gobierno de Felipe Calderón, y el PRD votó en contra.
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