De acuerdo con el investigador del CIDE, Carlos Pérez, destaca actuación unilateral de DEA para detener a Salvador Cienfuegos; advierten de posibles consecuencias en relación bilateral
En la víspera del traslado del Salvador
Cienfuegos de Los Ángeles a Nueva York para enfrentar el proceso judicial en la
Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, por conspiración para traficar
drogas a Estados Unidos y lavado de dinero, expertos coinciden en que la
cooperación bilateral de México con la DEA en materia de combate al narco, se encuentra
en su punto más bajo.
Carlos Pérez Ricart, profesor investigador
del CIDE, señala que la detención del ex secretario de la Defensa Nacional es
un asunto inédito que muestra el actuar unilateral de la agencia antidrogas
norteamericana de asumir el riesgo diplomático de una ruptura con el país amigo
o principal socio comercial, al que no se le tomó en cuenta o informó
previamente de este hecho.
“El
Departamento de Justicia prefirió aguantar 14 meses una orden de captura que
acudir a un proceso de extradición o pedirle a la Fiscalía que abriera su
propia carpeta de investigación. Desde la perspectiva de la DEA, que además
tiene bastante lógica, ¿por qué habrían de hacerlo?, tendrían que haberle
pedido a un juez que emitiera una orden de captura, que lo encontrara y por
último, que se aprobara el proceso de extradición, un proceso completamente
inverosímil en el actual contexto de impunidad que vive México.
“La DEA dio un paso radical, como no confío
en ti te dejo de tratar como país amigo o principal socio comercial y te
empiezo a tratar como país bananero”, expresó.
En un diálogo
organizado por el Colegio de México, el especialista observó también en el
hecho de no informar previamente al gobierno mexicano de esta captura, una
posible molestia DEA con la actual política del gobierno que se ha alejado de
la política aperturista que tuvieron las administraciones de Felipe Calderón y
Enrique Peña Nieto con respecto a la actuación de sus agentes en México y a la
reducción de la confiscación de drogas y plantíos en territorio nacional.
“Pensar que lo sucedido el viernes no
tendrá consecuencias directas sobre la relación bilateral y sobre la política
mexicana es no hacer caso a la evidencia histórica.
“Son golpes que más allá de demostrar la
corrupción de gobiernos anteriores demuestran la debilidad del estado
mexicano”, sostuvo el académico del CIDE.
En tanto, Raúl Benítez Manaut, presidente
del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE), aseguró que
la detención del general Cienfuegos el pasado 15 de octubre en el aeropuerto de
Los Ángeles cuando llegó con su familia, cimbró a las fuerzas armadas por las
acusaciones de las que no había antecedente en México y les confirmó la máxima
del ex secretario de Estado en los años 50, John Foster Dulles, de que “Estados
Unidos (DEA) no tiene amigos sino intereses”.
“Esto
se considera una traición al amigo, una afrenta a la soberanía del país y se
considera que la intromisión de la DEA llegó al límite. Se propone reducir y
congelar las relaciones de seguridad y defensa.
“Y hay una segunda reacción, partiendo que
el general Cienfuegos es culpable y se entrometió con grupos criminales para
ayudarles, entonces el traicionó al país y al estado, es una amenaza a la
seguridad, es una amenaza a su institución porque pone en desprestigio a muchos
generales que seguramente no tienen ninguna responsabilidad, los pone en duda
ante la opinión pública”.
En el diálogo que fue moderado por Sergio
Aguayo, el también investigador de la UNAM reconoció que el estado mexicano
vive una gran crisis debido a la capacidad de penetración del crimen organizado
y la falta de mecanismos de rendición de cuentas reales que detecten de manera
pronta cuando un funcionario de ese nivelm, de ser el caso, tenga nexos con el
crimen y no depender de otro país para que lo lleve a la justicia.
“Está en manos del juez Mark Cogan de Nueva
York, el mismo que juzga a García Luna y el que juzgó a El Chapo Guzmán,
está en sus manos el prestigio de todo un país de 130 millones de habitantes, y
por otro lado que el general compruebe su inocencia.
“En ambos escenarios el juicio es largo y
mientras se alarga el juicio la duda de quién tiene la razón, si la DEA o el
general, puede corroer la imagen de las fuerzas armadas en su conjunto”, admitió.
Propuso introducir auditorías externas a
todas las instituciones, particularmente las de justicia para detectar casos de
corrupción y complicidad con la delincuencia organizada a tiempo porque se ha
visto que actualmente de los cuatro entes destinados a la investigación de
funcionarios, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Función
Pública, la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia
Financiera, sólo ésta última está haciendo su trabajo de investigación.
Luego de que en la audiencia del 20 de
octubre el juez MacKinnon en Los Ángeles, California, le negara la libertad
bajo fianza, se espera que esta semana el general Salvador Cienfuegos sea
llevado a Nueva York para hacer frente al proceso que se iniciará en las
próximas semanas en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn.
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