Las fuerzas armadas no deben llevar a cabo ningún acto de privación o molestia en perjuicio de la parte quejosa en aplicación del acuerdo aludido, señaló el juez
El juez
Octavo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México declaró
inconstitucional el acuerdo presidencial que faculta a las fuerzas armadas a
participar en labores de seguridad pública.
Martín
Adolfo Santos Pérez, impartidor de justicia, argumentó que con ello se
contraviene la Constitución y las condiciones establecidas por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) en la materia.
A través de
un comunicado, la organización social México Unido Contra la Delincuencia
informó que el juez calificó como inconstitucional el acuerdo presidencial
“porque evidencia que la responsable ha incorporado a las Fuerzas Armadas
dentro del sistema ordinario y permanente de seguridad interior en tiempos de
paz”.
Ante ello
Santos Pérez concedió el amparo a la organización para el efecto de que el
presidente, Andrés Manuel López Obrador “desincorpore, en el presente y en el
futuro, de la esfera jurídica de la moral quejosa, el contenido material del
acuerdo reclamado”.
Con esto,
agregó, las fuerzas armadas no deben llevar a cabo ningún acto de privación o
molestia en perjuicio de la parte quejosa en aplicación del acuerdo aludido,
porque ha sido declarado inconstitucional.
En su
determinación el juez consideró que el primer mandatario determinó ordenar la
intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, por el
simple hecho de que se encuentra en proceso de conformación la Guardia
Nacional.
Al respecto
consideró que ese argumento “no acredita la actualización de circunstancias
excepciones que justifiquen la intervención del Ejército en las tareas de
seguridad frente a la sociedad civil”.
Según lo
expuesto por la organización, el impartidor de justicia determinó que el
Ejecutivo inobservó el principio de establecer la subordinación total de las
fuerzas armadas a las autoridades civiles, al ordenar al secretario de
Seguridad y Protección Ciudadana que se coordine con los secretarios de la
Defensa Nacional y de Marina, lo que implica un plano de “igualdad entre
autoridades de un mismo orden jerárquico”.
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