ESTADO DE MÉXICO.
Como un ejemplo de opacidad y corrupción,
calificó el diputado Max Correa Hernández la privatización del tramo carretero
de la autopista Panamericana que comunica la zona de Atlacomulco con la ciudad
de Toluca, el cual, destacó, es manejado por un fideicomiso.
Tras hacer un llamado a los gobiernos
federal y estatal para que respondan el exhorto que la Cámara de diputados del
Estado de Mexica les hizo hace un mes para que revoquen la concesión ilegal de
la vialidad, Correa Hernández pidió aplicar la Ley de Comunicaciones para que
pueda ser recuperado y se reincorpore de inmediato al sistema carretero libre
de peaje bajo jurisdicción del estado.
"El cuerpo "A" del tramo
carretero fue construido bajo este sistema de concesiones, se trata de un
negocio privado sobre tierras de las que siguen siendo legítimos dueños
ejidatarios, comuneros y particulares.
"Ese fideicomiso instituido en
Banobras con el número 1967, no le rinde cuentas a las finanzas estatales, por
lo tanto tampoco al Congreso del estado, es un ejemplo de cómo los fideicomisos
han servido para la opacidad y para negocios corruptos en favor de amigos de
los gobiernos en turno".
Detalló que Banobras, "quien
supuestamente es la receptora de la concesión, contrató a una empresa privada
para que operara esa vialidad, y en ese esquema las ganancias son privadas a
pesar que las tierras siguen siendo ejidales y no han salido del dominio de la
nación".
Hizo un llamado respetuoso al gobernador
mexiquense, Alfredo del Mazo Maza, y a las secretarías de Movilidad y Gobierno,
para que atiendan y den una explicación a los ciudadanos de esta región sobre
la privatización de la vialidad.
Finalmente, el también dirigente Nacional
de la Central Campesina Cardenista (CCC), dijo que seguirá respaldado este movimiento porque es
una legítima causa y una lucha justa de los pueblos Otomíes y Mazahuas de esta
región.
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