Las y los diputados locales aprobaron en
comisiones sancionar hasta con tres años de prisión a quienes obliguen a otras
personas a tomar terapias de conversión sexual.
El castigo será mayor cuando se cometan
contra menores de edad, personas con discapacidad, adultos mayores, personas
privadas de libertad o que no tienen la capacidad para comprender el
significado del hecho.
También avalaron penas de 10 a 15 años de
prisión a quien lesione a una persona adulta mayor, ya sea un integrante de su
núcleo familiar, quien ejerza la tutela o quien tenga la obligación legal de
cuidarla y si el agresor tenía derecho a heredar, lo perderá.
Las terapias
Las comisiones incorporaron modificaciones
a la iniciativa inicial, a propuesta de la Fiscalía General de Justicia para
buscar una mejor redacción.
Francisco Fierro de la Fiscalía dijo que el
tema atiende un reclamo social para salvaguardar los derechos de las personas,
sin distinción alguna y destacó que tomaron la opinión de esa institución para
ajustar la redacción, a fin de perseguir adecuadamente los delitos y que el
Ministerio Público pueda ejercer acción penal.
En estos casos, advirtió, se trata de un
delito contra el libre desarrollo de la personalidad y la identidad sexual, por
lo cual es importante establecer una correcta redacción para señalar el bien
jurídico protegido y destacó que se incluyó agravar las penas, cuando se trata
de determinados grupos vulnerables.
Beatriz García, autora de la propuesta,
señaló que el tema de sancionar las terapias de conversión sexual ha sido
detenido por ideologías conservadoras, pero en entidades como la Ciudad de
México ya se castiga.
Resaltó que a las personas se les debe
respetar su orientación sexual y sancionar las terapias que pretenden
corregirlas, pues atentan contra la dignidad de las personas.
Sostuvo que las terapias transgreden
principios nacionales e internacionales y se deben dar derechos a quienes se
les han vulnerado.
Las reformas son al artículo 211 del Código
Penal mexiquense para establecer como delito contra el libre desarrollo de la
personalidad y la libertad sexual a quienes sometan, coaccionen u obliguen a
otros a recibir o realizar procedimientos o métodos con la finalidad de cambiar
su orientación sexual y derivado de esto se afecte su integridad física o
psicológica.
Esas conductas se sancionarán hasta con
tres años y hasta con cien días de trabajo en favor de la comunidad.
De acuerdo con el dictamen se entiende por
terapias de conversión aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas
y psiquiátricas o tratamientos en las que se emplea violencia física o moral,
psicoemocional o sexual mediante tratos crueles inhumanos o degradantes que
atenten contra la autodeterminación sexual de las personas.
Si la conducta se lleva a cabo contra
personas menores de edad con discapacidad adultos mayores privadas de libertad
o que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho la pena
se aumentará en una mitad.
Posturas
Al ofrecer sus posicionamientos, Juan
Maccise del PRI resaltó que las reformas buscan un fin noble y Alicia Mercado
de Morena advirtió que hay algunas personas que no quieren aceptar la realidad,
pero no se deben tolerar actos discriminatorios y menos si vienen de la
autoridad. Tampoco permitir violaciones a los derechos humanos.
José Antonio García del PAN cuestionó si se
podrá demostrar que el médico u otras personas fueron obligados a estos actos y
Carlos Lomán se mostró inconforme con los últimos ajustes a la reforma y la
necesidad de proteger todos los sectores para no generar discriminación.
Liliana Gollas de Morena afirmó que con los
ajustes avanzan porque nadie tiene que rendir cuentas sobre su sexualidad,
mientras su compañera de bancada, Anaís Burgos resaltó las reformas para
sancionar esas terapias y garantizar derechos de todas y todos y sostuvo que
las terapias son tortura, al tiempo de leer un mensaje de organizaciones de la
comunidad LGBTTIQ.
Claudia González del PRD señaló que las
preferencias sexuales no son una enfermedad, por lo cual no requieren un
tratamiento, sino el reconocimiento y respeto de la sociedad. También Berenice
Medrano y Mariana Uribe de Morena, así como María Luisa Mendoza del PVEM
destacaron que con estas reformas la entidad avanza para evitar la
discriminación y garantizar derechos.
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