Darío Celis
En su labor de homologar los estándares de revisión de los entes fiscalizables, el Auditor Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, mantiene su rechazo a la contratación de despachos externos.
Ya han sido muchas las ocasiones en las que el oaxaqueño menciona que este tipo de prácticas, tan recurrentes en los órganos de fiscalización de los estados, suelen echar a perder las auditorías de las cuentas públicas y, por tanto, promueven la impunidad y la corrupción.
La postura, incluso, ha venido subiendo de tono, al grado de que el titular de la ASF vislumbra un escenario en el que se cancele cualquier tipo de colaboración con los auditores estatales que insistan en revisar recursos federales con dependencias o instituciones privadas.
Tal advertencia ha sido ignorada por los congresos de los estados, que se han convertido en los principales promotores de esta práctica de contratación externa, señalada en algunos casos como una vía para desviar recursos o favorecer a empresas cercanas a cada administración.
En el estado de Puebla, por ejemplo, diversos sujetos obligados han denunciado que en la auditoría local sugieren la contratación de ciertos despachos externos bajo la promesa de que los resultados de las revisiones serán, invariablemente, favorables.
Se precisa que, entre los auditores externos más recomendados por la Auditoría Superior del Estado, que lleva Francisco Romero Serrano, se encuentra Magaña Muñoz Contadores Públicos, despacho fundado hace nueve años por el contador público Mario Magaña Muñoz.
También se promueven los servicios de Bibiana González Pérez, exauditora externa del municipio de Tehuacán, Puebla, ni más ni menos que la tierra del gobernador Luis Miguel Barbosa.
De aceptar la sugerencia de la ASE Puebla, los mencionados despachos envían casi de inmediato los correspondientes contratos con el monto del servicio, un modelo de operación que se repite con casi todos los entes fiscalizables.
David Colmenares
David ColmenaresIlustraciones de Nelly Vega
Según la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, los más de 300 entes obligados tienen derecho a elegir libremente a cualquiera de los auditores del padrón autorizado. Pero en la práctica la revisión y dictaminación de sus cuentas públicas se han tenido que dirigir a tan sólo un par.
Se impulsa de hecho en aquel estado una reforma legal que transfiere a la auditoría la facultad de asignar a los entes un despacho contable autorizado, lo cual pondría en manos del propio auditor el manejo de unos 80 millones de pesos que anualmente se destinan al pago de los servicios exteriores.
De acuerdo con la ASF, Puebla no sería el único estado en el que se presenta este fenómeno, el cual no sólo levanta sospechas sobre negocios privados de los auditores, sino respecto a una revisión deficiente de los dineros de la Federación.
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