OAXACA, Oaxaca
Silvia Ríos Ortiz, hermana de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, quien fue atacada con ácido, deploró que presuntamente se le haya concedido un amparo contra cualquier orden de aprehensión al exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal, a quien ha señalado como autor intelectual de la agresión.
En una carta, indicó que con este recurso dicho sujeto podría “librar el castigo que merece ante tan cruel manera de violentar la vida de una mujer”.
Ríos Ortiz manifestó, de acuerdo con información difundida en medios de comunicación locales, que el Juez Federal Cuarto de Distrito admitió el juicio y concedió “la suspensión provisional de cualquier captura; a cambio pagó una garantía de tres mil 500 pesos”.
Este hecho, dijo, le parece aberrante ante la “gravedad del acto cometido por Vera Carrizal, el cual en el fondo tenía la intención de arrebatarle la vida a mi María Elena”.
Por esto solicitó y exigió a las instancias involucradas en actuar con rectitud sin dar paso a actos que se puedan malinterpretar y que sólo puedan manchar la procuración y administración de justicia.
“Pido que la brutalidad, la saña e impunidad no sean el mensaje oficial otorgado a Vera Carrizal, un amparo para librar el castigo que merece ante tan cruel manera de violentar la vida de una mujer”, aseveró.
Advirtió también que si este caso queda en impunidad, si el responsable intelectual no es sancionado, “quedará la puerta abierta para que otras personas, quienes ostentan poder y dinero, hagan de este cobarde acto, una herramienta de actuación”.
Aunado con esto hizo mención que su familia así como ella, tienen miedo ante la venganza de Vera Carrizal, “por lo que por este medio lo hago responsable de todo lo que en su momento nos llegue a pasar”.
Cabe mencionar que esta misiva, redactada este viernes, fue dirigida a los medios de comunicación con copia al presidente Andrés Manuel López Obrador; al magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.
Asimismo, a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra; a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa; al Consejo de la Judicatura, al Poder Judicial y al Poder Legislativo.
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