Ciudad de México. Si bien México cumplió el acuerdo que suscribió con Estados Unidos hace tres meses para frenar la amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles, en términos de contención de los flujos migratorios, el costo humano y económico que ello ha implicado, son muy altos dijo en entrevista la presidenta de la organización, Sin Fronteras, Ana Saiz.
En materia de seguridad, explicó, implicó el despliegue de 25 mil 441 agentes de la Guardia Nacional en frontera sur, sólo en salarios eso implica 483 millones 379 mil pesos mensuales, sin considerar la alimentación y el hospedaje. Lo anterior tomando en cuenta un sueldo de 19 mil pesos por persona, como lo anunció el Presidente de la República.
En segundo lugar, a estos elementos se les envió sin un protocolo establecido ni capacitación adecuada en materia de garantías fundamentales para atender a personas migrantes y sujetas de protección internacional. “No se están enfrentando a delincuencia y se puede generar muchas violaciones a los derechos humanos y criterios discriminatorios.
A su vez, dijo, “hemos dado un pasos atrás en el cumplimiento del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, celebrado en 2018”, en particular en lo relacionado con el objetivo 13 titulado “Utilizar la detención de migrantes sólo como último recurso y buscar otras alternativas”.
“México sigue aplicándose (la detención) como primer recurso y ha aumentado muchísimo”. Esto también pensando en los costos económicos que representa tener a las personas detenidas, explicó.
En el informe Detención Migratoria, publicado en enero de 2019, Sin Fronteras señaló que en años recientes, el presupuesto del Instituto Nacional de Migración (INM) ha sido entre 2 mil 530 y mil 732 millones de pesos y su gasto ha sido entre los 4 mil 308 y 5 mil 276 millones de pesos.
Sin Fronteras resaltó que, de acuerdo con lo informado por la Unidad de Política Migratoria se han detenido a más de 108 mil 503 personas, de estos 32,507 son menores. Ana Saiz explicó que las estaciones migratorias se encuentran en una situación de hacinamiento que genera graves violaciones a la dignidad humana, discriminación, riesgos a la salud e integridad de las personas.
Incluso, ya se registro la muerte de una niña guatemalteca el pasado mayo, situación que llevo a organizaciones civiles, incluyendo a Sin Fronteras, a presentar un juicio de amparo en contra de las autoridades del INM en la estación Migratoria de “Las Agujas”, el cual continúa en trámite.
Por otro lado, en el acuerdo entre ambas naciones se convino la ampliación del programa conocido como “Quédate en México”. “Bajo el acuerdo hemos recibido más de 30 mil personas para esperar su procesamiento de asilo en Estados Unidos en la frontera norte de México. Estas personas consideran que su vida corre riesgos, por lo que México tiene la obligación de garantizar su seguridad, situación que ha sido por demás insuficiente”, indicó la organización no gubernamental.
“Esta política sí nos ha servido para cumplir con las exigencias de Estados Unidos, pero el costo humano ha sido muy alto… No podemos olvidar las muertes dolorosas de Óscar y Valeria, o la de Marcos en Saltillo frente a su pequeña hija. No hemos aumentado la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular, -como lo marca el Objetivo 5 del Pacto Mundial- por el contrario, y por eso estamos obligando a las personas que huyen a buscar rutas peligrosas y clandestinas”, dijo.
Esta política, agregó, ha conducido a un incremento la violencia y la xenofobia. Saiz Valenzuela consideró que hay formas menos costosas de afrontar el reto de la movilidad humana, “podemos estar buscando alternativas a la detención, así como ampliar y fortalecer el sistema de asilo en México”, sugirió.
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