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miércoles, 5 de junio de 2019

Gobierno federal libera 6 presos políticos del Edoméx

El presidente López Obrador dijo que el Gobierno analiza la posibilidad de agilizar los procedimientos para liberar a personas encarceladas de manera injusta.


Seis habitantes de la comunidad de Salazar, en el municipio de Lerma, Estado de México, y defensores de la región fueron liberados tras el análisis de su caso, anunció este miércoles Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.

El funcionario de la Secretaría de Gobernación detalló que las personas fueron liberadas el pasado 23 de mayo, quienes se encontraban en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.

"Resultado de un proceso donde la propia juez resolvió que la causa penal no tenía los elementos y pruebas suficientes para su detención", dijo Encinas, y explicó que fueron detenidos por la defensa de 210 hectáreas de bosques y tierras comunales de la comunidad.

Cutberto Vilchis, uno de los presos liberados, abundó que fueron criminalizados bajo la complicidad de altos poderes económicos y políticos.

Explicó que la comunidad vecina de San Mateo Atarasquillo promovió ante un tribunal agrario la solicitud de restitución de tierras, "tierras que ellos nunca han poseído y que nosotros tenemos en posesión ancestral, alegando que invadimos en 1966 (...). El pasado 17 de agosto de 2017 fue establecida la sentencia (...). La justicia ha ordenado que se respete el derecho histórico de nuestra comunidad. Días después es que se lleva a cabo un operativo de detenciones".

El defensor apuntó que, a pesar de la sentencia y con las detenciones, las tierras fueron vendidas.

Por otro lado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el Gobierno federal analiza la posibilidad de aplicar –de conformidad con la ley- procedimientos más ágiles y expeditos para liberar a quienes están encarcelados de manera injusta en el país.

En conferencia de prensa, dijo que muchas personas que están en la cárcel sin sentencia desde hace años ya son ancianos, nunca tuvieron defensores, son indígenas que no hablan castellano o por pobreza, no pudieron pagar sus fianzas.

Insistió que en todos los casos se respetará la legalidad, pero se hará una revisión de cada uno de ellos, porque hay a quienes se les fabricaron delitos, en lo cual estará trabajando la Secretaría de Gobernación.

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