La iniciativa que presentará Ricardo Monreal propone que las asesorías sean instituciones públicas de educación superior o con centros o institutos públicos de investigación.
CIUDAD DE MÉXICO.- La bancada de Morena en el Senado presentará este jueves una iniciativa para limitar a las dependencias gubernamentales contratar a particulares servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, ya que ese desembolso se ha traducido en la erogación de montos desproporcionados.
De acuerdo con el proyecto de decreto presentado por el coordinador, Ricardo Monreal Ávila, durante el periodo comprendido entre 2013 y 2017, la contratación de servicios generales representó para el Ejecutivo federal un egreso de 634 mil 396 millones de pesos, de los cuales 280 mil 614 millones de pesos se destinaron a la contratación de servicios profesionales, científicos y técnicos, entre otros.
En este sentido, la iniciativa propone, en primer término, establecer como regla general que las dependencias y entidades de la administración pública federal, centralizada y paraestatal deberán abstenerse de contratar servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones cuando los productos de éstos puedan ser realizados por los servidores públicos que en aquéllas laboran.
Así, bajo el principio de austeridad republicana, se busca aprovechar las capacidades técnicas y profesionales de cada dependencia, para la realización de estos trabajos.
En segundo término, el propuesto propone que, de requerirlo, las dependencias y entidades de la administración pública federal que contraten servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, deberán hacerlo con instituciones públicas de educación superior o con centros o institutos públicos de investigación, siempre y cuando acrediten contar con capacidades propias para el debido cumplimiento de los servicios o productos solicitados.
De manera excepcional, añade la propuesta, dichos contratos se podrán celebrar con otros entes y organizaciones distintos de los señalados.
En tal caso, la dependencia o entidad contratante deberá fundar y motivar su decisión.
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