Por: Leonardo Kourchenko
Las consecuencias de la consulta pública respecto al Nuevo Aeropuerto pueden ser muy serias y graves para México y para su economía.
El Presidente electo ha insistido en aminorar esas consecuencias, al afirmar que es falsa la posibilidad de una crisis financiera, “quieren meter miedo”, dijo.
Si uno echa un ojo rápido a los mercados financieros, a la cotización del peso-dólar de los últimos tres días, a las claras y transparentes declaraciones de calificadoras como Moody’s, o a organismos como la OCDE, Colegio de Ingenieros, CCE, Canaero, MITRE, OACI, etc., existen sólidos argumentos acerca de las consecuencias de cancelar Texcoco.
Primero en lo económico y financiero a nivel internacional, el encarecimiento del crédito, la desconfianza hacia el nuevo gobierno, la incertidumbre que provoca.
Segundo, la falacia al pueblo de México, al decirle que es más barato Santa Lucía en 100 mil millones de pesos, según AMLO.
¿Qué no escuchan?
¿Por qué la necedad de rechazar la argumentación lógica y sustentada de todos estos organismos especializados?
La razón es política. Fue una promesa de campaña y el Presidente electo tiene la intención de cumplirla, al costo que sea, incluso si eso significa perjudicar la economía bajo la obtusa bandera del “pueblo bueno” decidiendo sobre la mayor obra de infraestructura del continente en el momento presente. (1.0 por ciento de la población, la mayoría de ellos no usuarios del aeropuerto, decidirán sobre una obra cuyo impacto afecta a más del 50 por ciento del país).
El nuevo gobierno arrancará de facto este domingo por la noche, cuando se den a conocer los resultados de la mal llamada consulta pública, carente de representatividad y de solidez metodológica.
El inicio abrupto y desestabilizador será provocado por unos resultados inclinados a favor de un proyecto inexistente, inviable, e incompatible. Todo por una decisión política de “favorecer” a una clase social desposeída, en contra de unos empresarios “rapaces” –lo dijo en campaña muchas veces– que concentran más del 50 por ciento de los contratos de obra en el NAIM.
Impera lo ideológico por encima del desarrollo y del crecimiento. Se sobrepone lo político sobre lo técnico.
Datos y números:
Se han comprometido cerca de 120 mil millones de pesos en el NAIM. Mismos que, de cancelarse la obra, tendrán que ser indemnizados, pagados, devueltos, con eventuales intereses y castigos.
Se han invertido alrededor de 100 mil millones de pesos que, de cancelarse, van a fondo perdido. Es decir, se tiran a la basura en cimientos, estructuras, nivelación de terreno e ingeniería de subsuelo. No son recuperables.
El NAIM está proyectado para ser una obra de infraestructura que resuelva el problema aéreo del país por los próximos 40 años, por lo menos.
Santa Lucía y su “combo aeroportuario (CDMX, Toluca, Puebla)” otorgan soluciones por un plazo de ocho años. Después, volvemos al problema.
El ingeniero Jiménez Espriú aparece ahora con un estudio para Santa Lucía (a 15 minutos de la consulta) de una empresa Navblue, que nadie conoce y cuyo prestigio y credibilidad son ampliamente cuestionables.
El NAIM ofrecerá 45 mil puestos de empleos directos al 100 por ciento de operación, más otro medio millón porque representa un detonador de desarrollo para esa zona, por la creación de la Ciudad Aeroportuaria (hoteles, centros de convenciones, centros comerciales, facilidades, etc.). Santa Lucía carece de las más mínimas vialidades para acceder a la hoy Base Aérea.
Se han otorgado mediante licitación 306 contratos de obra, que producirán, con la eventual cancelación, una catarata de juicios, demandas y amparos que al gobierno le costarán otros tantos cientos o miles de millones de pesos, no cuantificados aún.
El avance de la obra está cercano al 32 por ciento; es decir, un tercio de avance. En Santa Lucía no hay nada, hay que empezar de cero.
El TUA (Tarifa de Uso Aeroportuario, el impuesto que pagamos todos los pasajeros) recaba 500 millones de dólares al año. Estaría comprometido por los siguientes cinco años, para los seis mil millones de dólares ya contratados (120 mil millones de pesos).
¿Dónde sale más barato Santa Lucía?
Ni Jiménez Espriú ni el señor Presidente electo hablan de estos costos y de la grave incertidumbre de los mercados.
¿Quién va a querer invertir en el quimérico Tren Maya, si antes de iniciar el nuevo gobierno rechazó bonos, créditos y compromisos por seis mil millones de dólares con el mundo financiero?
“Pero qué necesidad” –dirían los clásicos– de arrancar con una crisis de paridad, de credibilidad financiera, de castigo de las calificadoras y de encarecimiento del crédito en el mundo.
Este domingo, por si faltaran variables en el complejo futuro inmediato, se celebra la segunda ronda electoral en Brasil. El candidato ultraderechista Bolsonaro muy probablemente se convertirá en presidente electo del gigante sudamericano, con una política de absoluta apertura a las inversiones extranjeras.
¿Qué piensa usted que suceda en Wall Street, Londres, Berlín o los grandes mercados crediticios del mundo? En México se anuncia la decisión de cancelar el mayor proyecto de infraestructura, financiado en más de un 50 por ciento por capitales y créditos internacionales, mientras que en Brasil triunfa un político que abrirá la puerta a los capitales del mundo.
El domingo inicia el nuevo gobierno con la decisión más importante de una gestión que aún no asume el poder.
Se terminará la luna de miel antes siquiera de consumarse el matrimonio.
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