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jueves, 13 de septiembre de 2018

Diputados locales ya no entregaran cemento ni material como antes lo hacían

Diputados locales ya no entregaran cemento ni material como antes lo hacían.
Que renunciarán al Programa de Apoyo a la Comunidad que se instituyó en la época de Hank González.
Acuerdan coordinadores terminar con ese programa de gestión social que duró casi 50 años; redireccionarán los 187.5 millones de pesos.



Toluca, México.- Después de casi 50 años de ser operado por diferentes Legislaturas, este jueves el Programa de Apoyo a la Comunidad (PAC) será eliminado, con lo cual los diputados renunciarán a las labores de gestión y entrega de apoyos que han sido criticadas por distintas organizaciones civiles y ciudadanas.
Todos los grupos parlamentarios acordaron que este jueves, en la sesión deliberante, modificarán la Ley de Egresos para quitar el párrafo donde se señala que los legisladores tienen la posibilidad de gestionar hasta 2.5 millones de pesos cada uno y su concepto no será incluido en el Presupuesto 2019.
En entrevistas por separado, los coordinadores del PT y de Encuentro Social, Armando Bautista y Carlos Loman, respectivamente, confirmaron que en la sesión de este jueves todas las bancadas decidieron que el PAC deje de existir, y una vez que analicen el presupuesto 2019 establecerán hacia dónde se redireccionan los 187.5 millones de pesos que anualmente se presupuestaban.
Bautista dijo que el programa se vició pues había diputados que tenían bodegas o tlapalerías, en lugar de apoyar a la gente, o lo usaban para promoción personal y señaló que Morena lo planteó, pero todos estuvieron de acuerdo.
Confió en que la sociedad entienda que es lo mejor. Su propuesta es que el dinero que ya no irá al PAC se destine a escuelas y hospitales.
En las evaluaciones de los poderes legislativos del país se ha criticado la existencia de ese programa que permitía a los diputados gestionar casi todo tipo de apoyos a los ciudadanos.
• El PAC nació con Carlos Hank; sospechas de uso discrecional
El PAC es un programa “de apoyo” o de gestión que, de acuerdo con algunos legisladores, nació en la administración del ex gobernador, Carlos Hank, a propuesta del entonces secretario general de Gobierno, Ignacio Pichardo, para que los diputados pudieran gestionar apoyos para la gente. El objetivo, según la oposición, era controlarlos.
Desde entonces, cada año se presupuestó una partida de 187 millones de pesos para que cada uno de los 75 legisladores pudiera gestionar hasta 2.5 millones; sin embargo de acuerdo con ex legisladores, el manejo era discrecional y oscuro, pues a los priístas y cercanos al gobierno les habrían dado más.
También, según ex legisladores, sobre todo en las Legislaturas encabezadas por Isidro Pastor y por Aarón Urbina, el PAC fue un método de control para premiar o castigar a representantes populares, pues mientras a algunos les podían permitir gestionar más recursos, a otros no les liberaban las gestiones.

De acuerdo con los lineamientos publicados para la operación de este año, ese programa podía ser usado en 41 conceptos, entre ellos: material para construcción, entrega de despensas, apoyos para becas, gastos funerarios, adquisición y suministro de materiales para construcción.
La posibilidad es tan amplia que podía destinarse a la adquisición de bienes o contratación de servicios: sueldos al personal de apoyo y gastos de administración para la operación del programa, apoyos a escuelas, hospitales, festejos comunitarios, entrega de juguetes, entre otros.

De acuerdo con el informe legislativo 2018, realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) el PAC es una mala práctica institucionalizada, pues esa tarea no es propia de las Legislaturas, sino de las secretarías de desarrollo social.
No obstante, año con año los congresos de las entidades federativas registran gastos por este concepto sin que se rinda cuentas de ello. No es posible conocer quiénes fueron los beneficiados, quiénes los ejecutores, ni bajo qué reglas de asignación y operación se manejaron.
“A pesar de eso, en 2017 los congreso de 25 entidades federativas destinaron casi 2 mil millones de pesos en funciones que legalmente no les corresponden”, señala el documento.
La recomendación de cada año era eliminarlo, pero los diputados argumentaban que se requería el programa porque la gente le pedía apoyos.

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