La Auditoría Superior de la Federación notifica que se desviaron 280 millones de pesos que eran para útiles escolares.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en la entrega de recursos a universidades públicas por 586 millones 768 mil pesos.
De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2016, “se presume un probable daño o perjuicio de los recursos que la Secretaría de Educación Pública transfirió a las instituciones de educación superior con el fin de ser destinados a la operaciones del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, ya que no acreditó con los informes de avance trimestrales y con los estados de cuenta bancarios al 31 de diciembre de 2016, cuál es el monto que las 63 Instituciones han ejercido”.
Es decir, no se tiene forma de comprobar que fueron recibidos y falló en dar los estados de cuenta de los contratos de los fideicomisos.
Los recursos fueron entregados a universidades autónomas como las del Estado de México, Morelos, Campeche y Sinaloa que no dieron información y otras como la Universidad Autónoma de Guadalajara, Baja California, Puebla, San Luis Potosí y Colima que proporcionaron información incompleta.
El programa tiene como objetivo profesionalizar a los profesores de tiempo completo, para lo cual se les otorgan apoyos con el fin de que alcancen las capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación, y con responsabilidad social; se articulen y consoliden en cuerpos académicos y con ello generen “una nueva comunidad académica capaz de transformar su entorno”.
Además la ASF encontró posibles desvíos de recursos por 280 millones de pesos que debían destinarse para útiles escolares.
De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) contrató –por adjudicación directa– a la Universidad Autónoma del Estado de México para la adquisición de materiales educativás, pero ésta, a su vez, subcontrató a otra para llevar a cabo los trabajos.
Conafe contrató para la adquisición de útiles escolares, libros y diccionarios al Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México y a Diconsa, aunque estas no tenían la capacidad técnica para realizar el trabajo.
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