Según las investigaciones de la PGR, en la capital hay otras propiedades ligadas a Duarte, entre ellas dos inmuebles contiguos en la calle de Sierra Fría, Lomas de Chapultepec, donde el ex gobernador quería hacer “su mansión de retiro”.
Lo inscrito en la causa penal 97/2016 revela al menos cuatro testigos, con que cuenta la PGR, revelaron el complejo entramado para desviar al menos mil 670 millones de pesos, aunque la cifra podría ser de 3 mil 129 millones.
Los testigos señalan a Duarte de Ochoa de ser el cerebro y líder del grupo, pues era el que ordenaba y autorizaba las transacciones financieras, proyectos de inversión, constitución de empresas y compra de inmuebles, entre otros.
Pero muchas de las empresas que constituyó eran “fachada” o “de papel”, ya que se registraron ante Hacienda con datos falsos y no tuvieron movimiento comercial, solo transferencias del dinero sustraído de la hacienda pública de Veracruz.
El 3 de mayo de 2017, Adrián Viccón Basto, funcionario de la Secretaria de Finanzas de Veracruz, denunció en el oficio TES/494/2017 que el 23 de diciembre de 2015 hubo movimientos financieros anormales desde la cuenta de Bancomer 012840001907271642, a nombre de la Secretaría de Educación.
Dijo que de esa cuenta se transfirieron 380 millones de pesos de la Secretaría de Educación a una cuenta de Santander y de ahí se dispersaron a varias empresas, que con la investigación se descubrió que eran “de papel”.
Dichos recursos fueron a parar a seis empresas: Aglomerados de Concreto del Papaloapan, Solaris Technologies, Gali Textil, Evolución de Diseños, Farmacias Genéricos y Construcciones Enremex.
Estas a su vez lo dispersaron a nueve empresas, seis de ellas constituidas en la Ciudad de México: Diseños Arquitectónicos Melvan, Medical Healthy Service, Diseños Arquitectónicos Alim, Sacmet Inmobiliaria, Benfa Inmobiliaria, Anivis Internacional, Grupo Inmobiliario Boing, Agatone Advisor y Edifica México.
Posteriormente, estas empresas transfirieron, invariablemente, el dinero a otras dos empresas Terra Urbanizaciones SA de CV y Consorcio Brades SA de CV, mismas que se usaron para adquirir propiedades, entre ellos 21 parcelas en el Ejido Lerma, en Campeche, donde pretendían hacen un exclusivo complejo de gran turístico que, proyectaron, "les dejaría ganancias sin límite", entre otras propiedades.
Así, por ejemplo, de la Secretaría de Educación se transfirieron 38.5 millones a Solaris Technology y esta envió 10.4 millones a Belfa y Sacmet, quienes a su vez enviaron 19 millones de pesos a Consorcio Brades.
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