Al presentar el estudio Nueve años de ocurrencias en Justicia Penal: Evidencias para entender la crisis de impunidad, el organismo encontró que existe una falta de capacitación para los funcionarios operativos durante un proceso penal, pues no conocen la actuación de la policía, ni los requisitos en la detención de un probable responsable, así como los principales tipos de prueba que puede ordenar el Ministerio Público.
Por medio de encuestas a ciudadanos, defensores públicos, policías y empleados de fiscalías, así como la revisión de 811 expedientes, el estudio encontró que se necesita implementar un sistema de cuadrantes, incrementar el número de defensores, peritos y de agentes.
El estudio, realizado en Morelos –que fue la única entidad que accedió a colaborar con el IMCO--, se basó en casos de homicidio y robo para cuantificar las irregularidades que se registran en un proceso penal.
Se entrevistó a 282 ciudadanos (víctima, probable responsable y testigos); el 73 por ciento no regresaría al Ministerio Público porque pierde tiempo y no arregla nada; 48 por ciento dijo que el servidor público solicita o insinúa algún pago o beneficio; 43 por ciento realizó un pago extra a un agente del ministerio y 21 por ciento a la policía.
También se entrevistó a 50 defensores públicos; un 76 por ciento consideró que la falta de agentes es la mayor causa de rezago en el Ministerio Público, 38 por ciento dijo que el mayor reto en casos de homicidio está en la calidad de la investigación; y el 28 por ciento señaló no se realizan acciones para atender la violación de derechos humanos.
Respecto a las policías, encuestaron a 103 agentes que en su mayoría (87 por ciento) consideraron que su salario no corresponde a la carga de trabajo que realiza, pues ocupan hasta 60 horas a la semana en sus funciones y no reciben capacitación en materia de derechos humanos.
“Esto ha provocado que muchos de los antiguos vicios sigan vigentes en el Nuevo Sistema Penal. En ambos sistemas, los expedientes de robo tienen alta probabilidad de ser archivados indefinidamente, mientras que en el caso de homicidio, la mayoría se queda sin concluir”, explicó Ricardo Corona, coordinador del estudio.
Juan Pardinas, director general del IMCO, señaló que aunque la calidad de la justicia con el nuevo sistema “ha mejorado”, tras nueve años de trabajo para su implementación no se han conseguido “los resultados esperados”.
Agregó que a diferencia de países como Estados Unidos y Gran Bretaña, que cuentan con sus propios sistemas de monitoreo y evaluación de los procesos de procuración de justicia, en México la falta de información ha provocado que se mantengan altos niveles de impunidad.
“A nivel nacional el principal problema es el abandono y la falta de voluntad política, o sea, estos eslabones dentro de la cadena de la procuración de justicia no se han puesto al centro de la discusión. Ahorita lo que estamos viendo es el gobierno tratando de impulsar una ley en el Congreso, para regular la presencia militar en las calles, cumpliendo labores policiales. La energía política y la prioridad no debería estar ahí, debería estar acá (en la operación), porque esto es lo que va a cambiar de fondo”, señaló.
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