Protección legal a Fuerzas Armadas

POR ALEJO SÁNCHEZ CANO


Unos dicen que es un tema de seguridad nacional, otros se refieren al asunto como la búsqueda de una estrategia contra la delincuencia organizada y unos más destacan que sólo hay que precisar los términos de las leyes existentes, y así –aunque con matices y visiones diferentes– en la mayoría de las bancadas parlamentarias de la LXIII Legislatura, en la Cámara de Diputados, empieza a permear el propósito de encontrar, por la vía del consenso, una ley que regule la participación de las Fuerzas Armadas de México en el combate al crimen organizado.

En ese crisol de ideas, casi todos los legisladores hablan de la necesidad de mantener a las Fuerzas Armadas en las calles para preservar la seguridad interna y paz social del país, las cuales constantemente se ven amenazadas por los embates que libran los grupos delincuenciales y en ese entorno en nuestra población se habla con mayor frecuencia de daños colaterales y violaciones de derechos humanos. No hay duda, aquí nos hemos referido al tema, es el momento de revisar la leyes al respecto para darles a las instituciones armadas del país las herramientas necesarias en su diario actuar, donde con claridad se establezca su campo de acción en el marco de los derechos humanos y de seguridad nacional, porque es indudable que clase gobernante, legisladores y ciudadanos en general debemos cerrar filas en torno a estas instituciones que, hoy por hoy, se han erigido como la columna vertebral de nuestra estabilidad social; de la viabilidad que tiene México como una nación independiente y la permeabilidad social que dan el Ejército y la Marina a miles de mexicanos que laboran para esas instituciones, son factores que entre la sociedad les han generado mayormente credibilidad y respeto.

Es tiempo de que los legisladores también reconozcan en el marco jurídico los derechos humanos de las fuerzas castrenses y que se implementen protocolos de actuación claros y transparentes para hacer frente con mayor efectividad a los brotes de violencia y cada día tengan un mejor desempeño.

En el marco de la legalidad, la labor social del Ejército y la Marina a nivel nacional es necesaria y también con esos mismos argumentos deben seguirse mostrando en el combate a la pobreza, en las jornadas educativas, en las brigadas de salud y, en general, en las labores de auxilio a poblaciones en situación de desastre por fenómenos naturales.

Semanas atrás, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, admitió que hay un desgaste en las Fuerzas Armadas por las tareas de seguridad que realizan en el país para ayudar a los gobiernos estatales y municipales, pero es encomiable que en ese mensaje a la población el general Cienfuegos no mencionó la palabra “rendición”, por lo que el desgaste del que habló debe ser interpretado por nuestros legisladores como una solicitud de mayores instrumentos legales para que las Fuerzas Armadas de México tengan una mejor actuación contra la delincuencia organizada, porque está probado que en el campo de la lealtad a nuestro país son de una sola pieza.

Toca entonces a los diputados sacar de la congeladora las iniciativas que en su momento han sido puestas a consideración del Poder Legislativo para su análisis, debate, dictamen y posible aprobación, porque –querámoslo o no– el problema de inseguridad es cada vez más alarmante en algunas regiones del territorio nacional y de ahí la urgencia del referido marco legal.

Es cierto, los diferentes grupos parlamentarios ya se han pronunciado al respecto, y adelantan que el tema es una prioridad en la agenda legislativa del actual periodo ordinario de sesiones e incluso señalan que de ser necesario buscarán realizar un periodo extraordinario para tratarlo, lo malo es que en materia de seguridad lo mismo han dicho para la iniciativa conocida como Mando Único o Mixto Policial y hasta ahora nada ha pasado, en tanto los problemas relacionados con la inseguridad siguen creciendo. En fin, en este asunto el Legislativo tiene la última palabra.