Cienfuegos y la guerra

Amarres
JORGE G. CASTAÑEDA




Las declaraciones del General Secretario de la Defensa Nacional, la semana pasada, en vísperas del décimo aniversario del inicio de la “guerra” del narco, han recibido una gran publicidad y han sido objeto de múltiples comentarios. Van desde la sorpresa, ante un lenguaje de vigor y franqueza inusitados, hasta porras medio hipócritas de los Calderón y los lugares comunes habituales de López Obrador. De las muchas ideas manifestadas por Salvador Cienfuegos me llaman la atención dos, aunque desde luego habría varias tesis adicionales dignas de comentar.

La primera abarca el tema del marco jurídico que quisiera la SEDENA que regulara sus actividades en materia de seguridad pública o interior, y en particular su participación en la guerra contra las drogas. El militar da la impresión de que se resolvería una parte importante del dilema, que él mismo describe a propósito de sus diez años en combate, con una nueva legislación apropiada. Es hasta cierto punto lógico que Cienfuegos cometa el mismo error, o caiga en la misma ilusión, que sus colegas en este gobierno, o que miles de integrantes de la clase política mexicana desde tiempos inmemoriales. Con una nueva ley, todo se arregla.

Huelga decir que se trata de una falacia. El problema de las Fuerzas Armadas hoy, y desde finales de 2006, yace en otro ámbito. Se trata de la orden aberrante de un comandante en jefe legal y legítimo, que están obligados a seguir, y que, sin embargo, le ha causado un enorme daño al país y a la institución castrense. En efecto, no existe marco jurídico en el cual se pueda insertar el acatamiento de esa instrucción, pero el problema no es el marco, sino la orden. La de entonces, y su perpetuación en este sexenio. No hay manera de evitar que el Ejército y la Marina violen derechos humanos, incurran en desapariciones forzadas o en ejecuciones extrajudiciales (ver el último caso en Veracruz), y se sobregiren al tratar de atender exigencias excesivas dado el presupuesto que reciben, la historia que tienen y los resultados alcanzables.

La alternativa para este secretario de la Defensa, y para el que lo suceda (ojalá por fin un civil), es infame. O bien cumple con una instrucción absurda, insostenible, sangrienta y condenada al fracaso, como los obliga su lealtad; o bien, le explicaba a su superior jerárquico, hace diez años y anoche, que esa misión es imposible, que no pueden ni deben cumplirla, corriendo el riesgo de poner en peligro el mando civil.

La segunda reflexión se refiere a las policías municipales y estatales. Cienfuegos acierta cuando lamenta que en esta década no se ha construido una red de autoridades civiles en los estados y ciudades que permitan el regreso de los militares a los cuarteles. Donde se equivoca (con ingenuidad o malicia) es en dar la impresión de seguir pensando que algún día existirán esas policías. No es cierto, o en todo caso, tendría que explicar por qué lo que no ha sucedido en diez años, sí va a suceder ahora. No existe ninguna posibilidad de crear policías municipales o estatales competentes, honradas, bien formadas y equipadas. Salvo en tres o cuatro entidades federativas. El mito del federalismo mexicano sirve para los ritos y la oratoria de plazuela de jilgueros de sexta; no hay que creérselo, General Secretario.