La Feria
SALVADOR CAMARENA
En muchas ocasiones, el principal problema de un problema es no entender la esencia del mismo. El Ejército mexicano (léase las Fuerzas Armadas) ha levantado las dos manos para pedir que lo saquen de la lucha anticrimen, o que haya leyes que cubran las espaldas de soldados y marinos.
Esa demanda, que no es ni nueva ni estrambótica, ha suscitado reacciones encontradas, y ha confirmado que se discute todo menos la naturaleza del problema de inseguridad.
El problema, hay que decir de arranque, no es tener al Ejército en las calles ni que éste actúe sin un marco legal en una lucha anticrimen que, en su desastre actual, ha cumplido diez años. Eso, en todo caso, hace más complejo el problema original.
Paradójicamente, en sus ya famosas palabras del 8 de diciembre el general Salvador Cienfuegos apuntaba hacia elementos que sí forman parte esencial del problema, pero la discusión en la opinión pública se fue por otro lado (el de los pros y los contras de dar una ley a las FFAA), lado que no necesariamente abona a la solución del problema.
El secretario Cienfuegos delineó elementos reales del problema:
–Las corporaciones policiales no hacen su trabajo.
–Este no es un asunto que va a resolverse a balazos.
–Existe falta de compromiso de muchos sectores.
–La Secretaría de Gobernación es la responsable de la seguridad interior y de la normatividad para que la actuación de las Fuerzas Armadas sea legal.
Hace diez años, el presidente Felipe Calderón decidió echar mano de las Fuerzas Armadas para intentar el rescate de Michoacán, entidad que, como todo mundo vería en los años que siguieron al 2006, estaba más que capturada por los criminales: cómo olvidar esa estampa de Rodriguito Vallejo, hijo del gobernador, cheleando con La Tuta.
Calderón creyó que las Fuerzas Armadas eran el único recurso ante la penetración del crimen en las estructuras –incluyendo, pero no únicamente, las policiales– de varios estados y demasiados municipios.
Ese era el problema en 2006 y ese es el problema una década después: la debilidad institucional ante los grupos delincuenciales.
El parte de guerra de Cienfuegos es que las policías estatales no hacen su trabajo, que la sociedad no está comprometida con la lucha anticrimen y que se privilegia la táctica de las balas (al tiempo de que se deja en ceros el presupuesto para la prevención de la violencia). Ahí está el problema. Ni fortalecimiento estructural ni estrategia eficaz.
Es razonable lo que pretende el secretario de Defensa. Él quiere proteger a soldados y marinos de ser los únicos que pagan costos, mientras las policías están en manos del crimen o son obsoletas, mientras los gobernadores desperdician impunemente los presupuestos anticrimen, mientras en Gobernación se distraen con el canto de las sirenas de una candidatura presidencial.
Sí, es razonable lo que pide Cienfuegos, pero no va a la esencia del problema.
El problema es que si no había capacidad institucional para combatir a los narcotraficantes en 2006, menos se pueden albergar esperanzas hoy al ver que en esa década las organizaciones criminales se diversificaron y además del narcotráfico ya se dedican a la extorsión, el secuestro, robo y tráfico de combustible, trata de personas con fines de explotación sexual, tráfico de inmigrantes…
El problema es que, para efectos prácticos y tras una gigantesca sangría, estamos donde hace diez años. Y que sea el Ejército, y no las víctimas, el que esté en el centro del debate en la conmemoración de la década de sangre sólo hace más lamentable el problema.
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