Baruch Delgado Carbajal, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, dio a conocer que durante el primer semestre de 2016 la dependencia a su cargo ha recibido entre 20 y 30 quejas por tortura y que la mayoría de ellas se han presentado en contra de corporaciones como las policías municipales, de la policía estatal y de la ministerial, principalmente.
Indicó que todas y cada una de las quejas que se presentan se investigan de manera exhaustiva para determinar si realmente existió tortura, si en el proceso de detención o traslado hubo exceso de la fuerza o si la persona que presentó la queja sufrió vejaciones, insultos y malos tratos, pues esto permitirá establecer la recomendación que se emita.
"Hay que analizarlo, investigar con cuidado, porque a veces son algún maltrato y, bueno, pues a veces la policía también tiene que actuar pero tiene que ser muy prudente en su actuación, hay que ser muy cuidadosos en la investigación para no cometer injusticias, ni de un lado ni de otro", aseveró.
Da seguimiento a los casos de tortura que se han presentado ante esa instancia, a través de recabar declaraciones de las víctimas e investigarlo, pedir copias certificadas de los reportes médicos elaborados por el personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y de los Centros Preventivos de Readaptación Social.
Cuestionado en torno al reporte de Amnistía Internacional sobre los casos de tortura dados a conocer a través de los medios de comunicación masiva, Delgado Carbajal explicó que cuando se captan denuncias de éste a través de estos medios, se le da seguimiento de oficio.
Es importante resaltar que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ha investigado quejas sobre violación a los derechos humanos de las personas por parte de las corporaciones policiacas y, por esa razón, ha emitido recomendaciones que van desde la capacitación a los elementos para que conozcan y apliquen los procedimientos de detención, investigación o traslado sin atentar contra la integridad y la dignidad de los ciudadanos.
Asimismo, ha recomendado la aplicación de medidas tanto para sancionar a los servidores públicos que se exceden en sus funciones o no respetan los derechos de las personas, como para resarcir el daño a las víctimas de estos hechos.(S)
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