Tras señalar que se redujo en un 30 por ciento el pago de cuotas y extorsiones a camiones repartidores en la zona alta de Naucalpan, empresarios de Atizapán, Naucalpan y Tlalnepantla, así como el oriente del Valle de México, denunciaron el incremento de asaltos a sus empleados en el transporte público que circula por la avenida Gustavo Baz y Periférico Norte entre otras importantes vialidades.
Durante una reunión con fiscales regionales y especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), y el Comisariado de Seguridad Pública de Tlalnepantla, representantes de empresas como Aceites Maravillas, Medidores Internacionales Rochester, Merik Internacional, Alpura S.A. de C.V, Mudanzas Jema, Enmex, Coca-Cola FEMSA, Asientos Amaya, Danone, Energéticos Fusión y Quantia Alimentos, manifestaron su preocupación por la cantidad de asaltos violentos de que son víctimas sus empleados.
“Son asaltos mano armada en vía pública y en transporte público de la zona de Barrientos, Acueducto, y a lo largo de las avenidas Vía Gustavo Baz y Río Lerma, y en la calle Hidalgo”, todas del municipio de Tlalnepantla.
El empresario Ramón De la Peña Flores, gerente regional de la Unión Industrial del Estado México (UNIDEM), dijo que respecto a las extorsiones a trabajadores de camiones repartidores hay avances “gracias a la coordinación que tenemos con mandos de la procuraduría mexiquense, mediante un grupo de chat, donde se reportan los ilícitos y denuncian de inmediato a las autoridades para su intervención”.
En este sentido, los denunciantes detallaron que uno de los principales ilícitos que padecen es la extorsión a choferes que reparten abarrotes, alimentos y refrescos en la zona alta de Naucalpan, “donde desde fin de año se exigía el pago de al menos 800 pesos semanales por vehículo distribuidor, principalmente en las colonias El Molinito, La Mancha y El Cadete”.
Al respecto Gerardo Ángeles Enríquez, fiscal regional Tlalnepantla reconoció que no han podido erradicar el ilícito, pero lograron detener a más de 15 personas que ya fueron consignadas al penal de Barrientos.
Asimismo, los empresarios pidieron que la obtención de copias certificadas para tramitar el pago de seguro tras robos de unidades y mercancías, se agilice mediante un pago oficial, “pues actualmente es muy complicado que los ministerios públicos les faciliten el documento; finalmente denunciaron que los “teléfonos rojos” de las agencias ministeriales son inoperantes, porque los mismos servidores impiden que los ciudadanos los utilicen.
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