A más tardar este año quedarán sentadas las bases firmes de lo que será el nuevo sistema de transporte público en el Estado de México, el cual debe partir de una política pública y no electoral, como antaño sucedía, aseveró Isidro Pastor Medrano, secretario de Movilidad, quien aseguró que el reordenamiento llegará al final, tope con quien tope, y muestra de ello son las 2 mil 224 unidades irregulares que han sido retenidas y remitidas a los diferentes corralones de la entidad.
En una extensa plática, el secretario de Movilidad reconoció que la dependencia a su cargo está en un difícil proceso de recuperar la credibilidad moral entre la población, lo que han ido construyendo poco a poco, con operativos y la eliminación de 120 inspectores que lejos de actuar como tal, habían creado un coto de corrupción con las empresas transportistas. Ahora, la supervisión está a cargo de los propios usuarios, quienes a través de la aplicación móvil de WhatsApp han levantado tan sólo en el valle de Toluca 6 mil 970 quejas en los últimos 8 meses.
Al respecto, Víctor Manuel Legorreta Vargas, director general de movilidad zona 1, precisó que de las quejas recibidas, 4 mil 950 quedaron registradas para el caso de reincidencia por falta de evidencia fotográfica, mientras 978 derivaron en la retención de las licencias de los operadores sancionados y 992 están en proceso de revisión.
Tal fue el caso de la violación registrada a una menor en un autobús de la línea TEO, que propició que la línea fuera suspendida 3 días y todos sus choferes se sometieran a exámenes toxicológicos y de alcoholemia, además de psicométricos. De los 132 choferes, sólo 100 resultaron aptos, y 32 necesitan un tratamiento psicológico. En la empresa está la responsabilidad de apoyarlos a recibir tratamiento o despedirlos, pero son conductores cuya licencia está en revisión y la recomendación de que necesitan ayuda ahí está.
Pastor Medrano reiteró que no hay otra alternativa más que endurecer las sanciones y aplicar con rigor la ley, si queremos cambiar el sistema anacrónico en que se ha convertido el transporte público en la entidad, que ha sido dominado por los transportistas y no por la autoridad.
Ejemplificó que hay un pseudo transportista, cuyo nombre no quiso decir, que representa alrededor de 10 mil unidades y a quien se le han cerrado todos los trámites de regularización, "porque le hemos encontrado fraude tras fraude" y eso -dijo- "no lo vamos a permitir".
Dentro de estas medidas entra precisamente el programa del Plan TRES, que no es otra cosa que el operativo de Transporte Estatal Seguro, que ha permitido retener 2 mil 140 de un total de 8 mil 560 unidades revisadas por la Secretaría de Movilidad en coordinación con la Comisión Estatal de Seguridad y que han sido sacadas de circulación por prestar el servicio de transporte público sin tener concesión y fuera de norma.
En este sentido, el subsecretario de Movilidad, Jorge Arredondo Guillén, precisó que desde el 31 de marzo en que empezaron las contingencias ambientales se han aplicado 117 operativos y detenido 2 mil 224 unidades, muchas de las cuales circulaban con placas falsas, con choferes con "licencias" expedidas por los propios líderes y con vehículos fuera de toda norma.
Esto -apuntó- los ha llevado a enfrentarse con verdaderas mafias como ocurrió el pasado viernes en que iniciaron un operativo en la López Portillo en Ecatepec, y cinco horas después ya habían detenido 50 unidades por irregulares, lo que propició que los choferes pararan la circulación en dicha vía al bloquear los accesos en 4 puntos diferentes, exigiendo la devolución de las unidades. Situaciones así, reiteró Isidro Pastor, no las vamos a tolerar.
Al explicar el proceso de este nuevo sistema de transporte que implica el reordenamiento de miles de unidades tanto camiones, como taxis, que por décadas crecieron al cobijo de la corrupción.
Y para definir el tamaño del reto, Legorreta indicó que actualmente en el valle de México se tienen 322 derroteros operados entre 29 empresas. Tan sólo en la calle de Morelos circulaban mil 200 camiones al día, de los cuales, por los operativos hechos, se ha logrado reducir a 800, que siguen siendo una cantidad extraordinaria.
El reto es reducir todo esto a 27 corredores que hagan paradas específicas y disminuyan el costo del pasaje. El proyecto es muy ambicioso, y comprende la creación de un centro estatal de monitoreo, la opción de prepago y contar con un registro público del transporte, con una tarifa impuesta por el estado y administrada por él y no por los transportistas.
Cuestionado sobre si éstos últimos están de acuerdo con este nuevo esquema, tajante aseguró que es algo que no le interesa, porque esto es un acto de autoridad. La ley no es negociable.
En este proceso de reordenamiento, indicó que en enero de 2017 se pretende que hayan salido de circulación mil 200 unidades en el valle de Toluca.
Legorreta refirió que en una primera etapa han sido retiradas 277 unidades, en junio se retirarán otras 200, en septiembre 400 más y en enero no habrá circulando camiones con una antigüedad menor a 2007.
El camino es largo, y confiaron que están sentadas las bases para la creación de un verdadero sistema, el cual estará apoyado a la vez con reformas a la ley, que permitan que todo esté legalmente amarrado y que no haya posibilidad de que los transportistas se amparen y se nieguen a obedecer.
El secretario de Movilidad insistió que corresponderá a la siguiente administración continuar con este proceso, pero las bases estarán perfectamente dadas para transformar esta situación que actualmente causa enojo entre la población.(a)
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