* Pensiones: su tic tac, una amenaza al ISSSTE
Por I. León Montesinos
Los ríos de tinta y papel utilizados en plasmar leyes y reformas con la finalidad de combatir la corrupción, sobre todo en la esfera pública, pueden haber servido únicamente para plasmar otro vano esfuerzo por erradicar un mal que, como el cáncer, aún no tiene cura en nuestro país.
El pasado año, el Congreso aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que antecedió a la promulgación, por parte del Presidente Enrique Peña Nieto, de su reforma constitucional para crear el Sistema Nacional Anticorrupción.
Haciendo eco a esta inercia gubernamental, en el Estado de México ya se cuenta con un Código de Ética de los Servidores Públicos y que al decir de las autoridades, es un instrumento normativo que busca fomentarles una cultura ética y de servicio, que los convenza de la dignidad e importancia de su tarea, enmarcándose tal intención en las ocho tareas propuestas para concretar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El Código de Ética mexiquense, establece como principios de observancia general cinco rubros que son: Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad y Eficiencia.
Antes de entrar a detalle de los mismos, retomemos los argumentos del Jefe del Ejecutivo empleados para establecer el objetivo central del SNA, como “una reforma contra la impunidad”. “Como Presidente de la República –destacó-- estoy firmemente comprometido con el combate frontal a la corrupción y con el fortalecimiento con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas”.
Esta reforma, según admitió el Presidente, “llega en medio de un escenario de percepción negativa de la sociedad hacia sus autoridades y en el que México es ubicado en el lugar 103 de 175 naciones según el Índice 2014 de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional.
“Esto es inaceptable y es inaceptable que México tenga una evaluación tan baja. No sólo por la posición en sí misma, sino por la insatisfacción y desconfianza en las autoridades que ello refleja”, subrayó el jefe de las instituciones.
Según lo establecido en la tinta y el papel, el Sistema Nacional Anticorrupción considera entre algunos de sus objetivos fundamentales: la creación de un Comité Coordinador con los sistemas estatales de combate a la corrupción, que agrupará a distintas instancias, como la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de Transparencia y el Comité de Participación Ciudadana.
Así como fortalecer y ampliar las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, además de extender de 3 a 7 años la prescripción de faltas administrativas graves, dotando a la justicia de un alcance transexenal; es decir, que no se la apuesta a la desmemoria para aquellos que con los cambios de gobierno se amparaban en el borrón y cuenta nueva; o en el consabido: aquí no ha pasado nada.
La intención es loable, nadie lo niega, como también lo fueron las implementadas en el pasado pero que no pasaron de los linderos de las buenas intenciones. Pero veamos cómo define sus cinco ejes rectores el Código de Ética para los servidores púbicos mexiquenses, tanto estatales como municipales.
Legalidad, es decir el respeto a las leyes, reglamentos y demás normas que regulen el ejercicio de sus funciones.
Honradez, para que se conduzcan con rectitud y sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener algún beneficio personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones de cualquier persona u organización, conscientes de que el ejercicio de un cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio.
La Lealtad se señala como vocación absoluta de servicio a la sociedad y al interés de satisfacer las necesidades colectivas por encima de las particulares.
La Imparcialidad, se refiere a dar a todos los ciudadanos el mismo trato sin conceder privilegios o atender a influencias, intereses o prejuicios.
La Eficiencia busca orientar a la búsqueda de resultados para alcanzar las metas institucionales a través del uso responsable de los recursos públicos.
El código que entró en vigor el pasado 1º de diciembre, por lo que obliga la observancia de los nuevos gobiernos municipales, incluye además las reglas de integridad para el ejercicio del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos, así como los lineamientos generales para propiciar su integridad, los cuales serán aplicados a través de los Comités de Ética y de Prevención del Conflicto de Intereses.
Ante la abundancia de tan buenos propósitos debemos preguntarnos entonces el por qué hace apenas unos días, ciudadanos y organizaciones de la iniciativa privada como el Consejo Coordinador Empresarial (CEE), lanzaron una campaña para recopilar unas 120 mil firmas para presentar una iniciativa de ley que busque combatir y prevenir la corrupción. ¿Es acaso que las propuestas oficiales no han superado “la percepción negativa de la sociedad”, aludida por el Presidente en la presentación del SNA?
Entre los convocantes se encuentra el ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente y decenas de organizaciones y personalidades, haciendo extensiva la invitación a todos los mexicanos indignados y preocupados por los niveles de corrupción que ahogan al país.
Y es que hablar de la corrupción en México es concitar un fenómeno social que por desgracia traspasa nuestras fronteras para incluirse en los temas de análisis global; no hay un rincón del planeta donde no se conozcan los excesos y arbitrariedades cometidas a la sombra de la corrupción en nuestro país. Gran parte de nuestros asuntos de primer orden giran en torno a este penoso asunto; la fuga del Chapo se debió a la corrupción de los directivos y mandos medios en los penales de alta seguridad; la Reforma Educativa tiene entre sus premisas fundamentales acabar con los miles de “comisionados” –léase aviadores--, que por años han cobrado sin trabajar, tanto en las filas del SNTE como de la CNTE, ocasionando un grave daño a las finanzas públicas y al sistema educativo.
Incluso el mismo Papa Francisco ha abordado el escabroso tema, según quedó plasmado en una entrevista difundida por la agencia Notimex, cuando a pregunta expresa sobre su próxima visita a suelo nacional, el Vicario de Cristo, expresó: “El México de la violencia, el México de la corrupción, el México del tráfico de drogas, el México de los cárteles, no es el México que quiere nuestra Madre. Por supuesto, yo no quiero tapar nada de eso, al contrario, exhortarlos a la lucha de todos los días contra la corrupción, contra el tráfico, contra la guerra, contra la desunión, contra el crimen organizado, contra la trata de personas”.
Y no hay vuelta de hoja: si las autoridades de los tres niveles de gobierno desean que la percepción de la sociedad cambie radicalmente en lo referente al combate a la corrupción, deben aplicarse los nuevos mecanismos legales y los códigos de ética respectivos sin distingo alguno, imponiendo las sanciones y/o penas corporales, demostrando una auténtica batida contra la impunidad a la que se refirió hace un año el Presidente Enrique Peña Nieto.
¿Será esto posible? ¿Podremos ver en el corto plazo a políticos pillos como el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, tras rejas? Sólo cuando esto ocurra, la sociedad podrá otorgar un voto de confianza a sus servidores públicos, pues es indudable que tanto en los gobiernos federal, como estatales y municipales, aún pululan y subsisten muchos funcionarios que han hecho de la corrupción su ilegal modus vivendi. Son esos prevaricadores a los que las nuevas leyes y decretos, por desgracia, aún no les hacen mella.
PENSIONES, BOMBA DE TIEMPO AL ISSSTE.- El insistente “tic-tac” de la bomba de tiempo en que se ha transformado el tema de las pensiones y jubilaciones en el ISSSTE, puede estallar en el mediano plazo si no se toman las providencias necesarias, según lo advirtieron los representantes de la Organización de Jubilados y Pensionados de la UNAM (OJUPE-UNAM), quienes responsabilizaron al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray de la mala administración de los fondos de pensiones y vivienda que desde la Reforma de 1992 han acumulado un pasivo laboral millonario, cuyo pago representaría varios Fobaproas, pues representa un fraude histórico por 9.9 billones de pesos contra el sistema de pensiones, que se opera desde las principales instituciones financieras del país, como la propia Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía y la CONSAR.
“El gobierno ilegal y fraudulentamente está utilizando esos fondos para garantizar su deuda externa por un lado y por otro invertirlo en bolsas de valores extranjeras sin control alguno”, explicaron los abogados Héctor Larrinaga y Humberto Luna, quienes al lado de Héctor Horacio Zacarías, presidente de la OJUPE, acusaron a la Secretaría de Hacienda de haber convertido los fondos de pensiones en la caja grande del gobierno federal.
“El secretario es directamente responsable que no se estén manejando los fondos debidamente, que no se hayan cuidado y nuestras dos grandes instituciones de Seguridad Social, como son el IMSS y el ISSSTE, se hayan convertido en cajas recaudadoras de Hacienda, olvidando que su objeto, es eminentemente proteger y estimular el derecho humano a la seguridad social”, denunciaron.
Sintomático que hace unos días, del otro lado del mundo, en Atenas, Grecias, 100 mil personas salieron a las calles a protestar contra las reformas a su sistema de pensiones que prevén otorgarles a los jubilados de aquel país una pensión de 360 euros al mes, lo que los movió lanzar un grito de malestar generalizado: “¡Saquen las manos de nuestras pensiones¡”. ¿Estaremos a las puertas de que algo similar ocurra en México?
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