Corrupción y confusión

Macario Schettino


Hace unos días le comentaba que me preocupaba la posibilidad de que el Sistema Nacional Anticorrupción no avance a la velocidad acordada cuando se realizó la reforma Constitucional, en parte porque la urgencia que sentían los políticos (por ejemplo, por el tema de la casa blanca) se hubiese aminorado, o en parte porque se les brindase salida proponiendo ideas aparentemente complementarias, pero más bien fuente de distracción. Y ejemplificaba con la idea 3de3.

Me explico. Enfrentar la corrupción en México no es un tema de ocurrencias, ni de creación de organismos. Se trata de un cambio profundo de incentivos que eventualmente genere una cultura diferente a la actual, en la que se nos hace normal hacer caso omiso de la ley, seamos ciudadanos comunes o funcionarios públicos. En un país en el que el camino a la riqueza pasaba por el acceso al poder público, no hay contraloría o declaración patrimonial que sirva de algo. Por esa razón, me preocupaba que la idea de pedir tres declaraciones a los políticos les sirviese de maniobra distractora. Total, las declaraciones no son sino eso, listas que cada quien hace como gusta, cuya veracidad no es comprobable.

Afortunadamente, la iniciativa ciudadana que se está promoviendo en estos días no es lo que han dicho. No es convertir en ley la peregrina idea 3de3. Se trata de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que aunque tiene un título menos comercial que el que han usado, tiene fondo de verdad. Es una de las dos leyes generales que aterrizan el Sistema Nacional Anticorrupción, y lo que hacen las organizaciones civiles que la presentan, nuevamente coordinadas por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, es quitarle excusas a los legisladores que se están haciendo tarugos.

Es decir, esta iniciativa, que se espera pueda ser presentada como iniciativa ciudadana, con las 120 mil firmas que para eso se requieren, no se trata de pedirles declaraciones a los políticos, sino de definir con claridad las acciones de corrupción que se deben perseguir y sancionar: el soborno, el peculado (y otras formas de apropiación de recursos públicos), el tráfico de influencias, el abuso de funciones, el enriquecimiento (y el intento de ocultarlo), la obstrucción de la justicia, la colusión, el uso equívoco de información, el nepotismo, y la conspiración para cometer actos de corrupción. Y no sólo se enfoca en los funcionarios públicos, sino que se dirige también al comportamiento corruptor de las empresas privadas, en lo que puede hacerse en el sistema jurídico mexicano. Además, esta ley establece los procedimientos para investigar actos de posible corrupción, considerando ya los nuevos elementos del Sistema Nacional Anticorrupción, como es el Fiscal especializado y los Tribunales de Cuenta Pública. Propone sanciones de verdad, y el mantenimiento de un registro de servidores públicos sancionados, para que no se nos aparezcan en otras entidades o municipios.

En suma, ésta es la ley más importante en el aterrizaje del Sistema Nacional Anticorrupción. No es la ley 3de3, es algo mucho, pero mucho más importante. Como usted sabe, ese sistema es el paso más importante que hemos dado en México para transformar de verdad nuestra tradición de corrupción, que fue el eje en el que se basó el régimen autoritario en que vivimos durante el siglo XX. Es decir, es el elemento de transformación más importante que tenemos en este momento, que le dará una nueva dimensión a México.

Lamento la confusión que generó la promoción de esta ley como 3de3, al menos a este columnista. Y lo exhorto a que se sume usted a la brevedad a la recolección de firmas. Su firma permitirá el cambio más importante que sufrirá México en un siglo. No pierda la oportunidad.

El autor es profesor de la Escuela de Gobierno, Tec de Monterrey

Twitter: @macariomx