Por Antonio Cuéllar
Seguridad y corrupción son los dos malestares que más empañan la imagen de México alrededor del mundo, muy a pesar de los grandes esfuerzos emprendidos para remediar tan arraigadas enfermedades; y es que a pesar de que varias reformas se encaminan a combatir el problema de la inseguridad, como la referente a la expedición de un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales y todo el andamiaje judicial que lo acompañan, o para combatir la corrupción, como la referente a la expedición de la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, omisiones evidentes impiden que la intención demostrada en la tribuna cause efectos ciertos y prácticos en la vida de la gente.
En su desenvolvimiento cotidiano, el progreso del país se mide en sus mercados, en el transporte público, en la recolección de basura, en el funcionamiento del alumbrado, en la pronta y eficiente respuesta de la policía, en la limpieza de las aulas escolares y la puntualidad de sus maestros, a la postre, en el ámbito de la vida social que, gubernativamente hablando, queda encomendada a las autoridades locales de menor jerarquía, a las municipales o a las delegacionales.
Por eso no resulta extraño que en la percepción popular se ubique a nuestros gobernantes locales, presidentes municipales, síndicos, regidores, jefes delegacionales y subalternos, en el más bajo de los escaños cuando de eficiencia y honestidad se trate: las obras menores son las más descuidadas, las más mal ejecutadas y peor administradas.
La razón es simple, los actos de corrupción más palpables son aquellos que se realizan en el ámbito de la administración local, en el de la policía de tránsito, en la inspección del mercado o en la Dirección de Jardines cuando se trata de poder una Jacaranda, la corrupción de barandilla.
Estudios realizados en el 2015 por la OCDE demuestran una correlación directa entre el crecimiento de la informalidad y el de la corrupción en el ámbito local. La informalidad fomenta la inobservancia de la ley, desde el ámbito fiscal, o el de la competitividad con relación al sector económico legalmente establecido, hasta el de la administración pública. Es lógico suponer que la concesión ilegal de espacios a la realización de actividades económicas fuera del marco de la ley, presupone la existencia de un acto de corrupción que lo cobija; de ésta derivan todos los demás.
Es válido suponer que las modificaciones constitucionales que persiguen la participación activa de la ciudadanía en la definición de lo que es un acto de corrupción, o que dota al Tribunal Federal de Justicia Administrativa de atribuciones para individualizar una sanción en contra de un servidor público corrupto, revelan un parteaguas que, de materializarse en este próximo período legislativo mediante la expedición de sus normas secundarias, podría aportar herramientas imprescindibles para combatir la corrupción; sin embargo, siendo honestos, la reforma constitucional está dirigida a procesos administrativos mucho más complejos que la expedición de un permiso para utilizar la vía pública, de manera tal que sus frutos acabarán siendo insuficientes en el ámbito de gobierno en el que más se necesitan.
Una decisión más clara para combatir la corrupción, en estricto sentido, debería de empezar mediante el combate efectivo contra la informalidad y todo aquello que se le asemeje, porque su existencia perjudica a nuestra sociedad desde el fundamento mismo sobre el cual se erige, desde la base de las instituciones que son legalmente concebidas para gobernar y para protegerlo… ¿de quién? precisamente, del mismo acto de corrupción que los sectores informales generan.
Pero qué sucede, hablar del combate a la informalidad como vía para la erradicación de la corrupción en el ámbito de la vida cotidiana, contradice abiertamente la política que algunos partidos e institutos han implementado para hacerse de militantes que, a través del voto, los acompañan en su lucha inagotable por hacerse del poder público.
Ejemplos hay muchos y se pueden atribuir a todos los partidos políticos sin salvedad; en la capital del país, por mencionar uno, se recuerda la vinculación directa entre el Frente Popular Francisco Villa y el PRD, ambos vinculados con la defensa de los “derechos” de taxistas piratas en el Distrito Federal, a través de la asociación de Los Pantera, que mediante acuerdos celebrados con René Bejarano para incrementar su poder territorial, llegaron a tener representación política en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Recientemente la CONAGO sugirió incorporar a nivel constitucional el principio de Mando Único policial que tanto ha dado de qué hablar. La decisión resulta interesante, pues permite la adopción de políticas verticales en la investigación y persecución del delito, en la administración de recursos y selección de personal encargado de la vital tarea de cuidar a la ciudadanía y combatir a la delincuencia.
Una decisión equivalente en el ámbito de la corrupción que hoy nos interesa, debería de ser la formalización del acuerdo nacional, encabezado por los partidos políticos, mediante el cual se sienten bases legales, a través de las cuales se impulse un combate frontal contra la informalidad, entendida ésta, más allá de la que no paga impuestos, a la que se dedica a la realización de actividades prohibidas en la vía pública, venta de contrabando, piratería, y toda aquella que atenta contra el comercio formalmente establecido o para la que fuera lógico recurrir a un acto de corrupción como vía única para lograr la tolerancia de la administración encargada de combatirla. No puede ser lógica la división gubernativa alrededor de un principio de legalidad tan elemental como el que se enuncia.
Si queremos alentar la creación de fuentes de empleo que mejoren la calidad de vida de los mexicanos, y si deseamos la recuperación de valores morales que prevengan la realización de actividades ilícitas, es necesario terminar, por impopular que sea la noticia, con la política de la tolerancia a favor de la ilegalidad que tanto daño ha causado a lo largo de las últimas décadas.
Twitter:@Cuellar_Steffan
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