Así, un funcionario puede acudir al recurso de solicitar al Congreso local o federal, según el caso, permiso para retirarse de la responsabilidad para la que fue electo. Una solicitud que al final es un simple trámite.
El retiro o licencia del gobernador Ángel Aguirre es la consecuencia necesaria de la situación vigente en Guerrero. Los crímenes de Iguala expusieron a la luz pública la descomposición en la entidad. Los hechos acreditan de manera indubitable el contubernio de la autoridad municipal con el crimen organizado. La desaparición de 43 estudiantes es un agravio nacional que indigna y mueve al reclamo.
Nadie puede monopolizar un sentimiento que es de todos y que a todos unifica; la indignación es generalizada. La responsabilidad alcanza al ex gobernador Aguirre al menos por omisión. No es creíble ni justificable que el deterioro institucional en uno de los principales municipios de la entidad haya pasado inadvertido para el Ejecutivo local. Independientemente de la suerte de los estudiantes, las fosas clandestinas halladas representan, por lo menos, la macabra evidencia de una situación que no fue encarada por el gobernador. Se dice que los restos humanos superan, hasta ahora, los dos centenares, lo que equivale al mismo número de homicidios.
La remoción o licencia de un gobernador y de un alcalde constitucionalmente electos denotan la severa crisis del sistema de representación en las zonas donde el crimen organizado impera. Se advierte que las instituciones, lo mismo que las prácticas democráticas, son vulnerables frente al poder económico y de intimidación, y la influencia política del crimen. Los propios representantes del PRD reconocen que el señor Abarca no debió ser postulado por su partido y, por lo tanto, no debió llegar a la alcaldía de Iguala. La licencia de Ángel Aguirre también es un reconocimiento al incumplimiento del ahora ex mandatario.
En el viejo régimen, la salida del gobernador era una forma de sanción política del centro. Los ejemplos son innumerables, aunque desde 1994 las licencias se han vuelto ocasionales y han adoptado un sentido político que va más allá de la caprichosa sanción centralista. En una democracia, la dimisión de un gobernador debe asimilarse como el efecto jurídico de una situación grave. Por lo mismo, la separación del cargo no es suficiente; el mandatario tendría que encarar las responsabilidades que le atañen. Ya se ha dicho en este espacio: el problema en Guerrero es jurídico y judicial, no solamente político.
Consecuentemente, el gobernador con licencia deberá comparecer ante las autoridades, en caso de existir elementos que exijan su testimonio o declaración, en cualquiera de los supuestos que la ley determina.
Evidentemente, la licencia del gobernador, por sí misma, no resuelve la situación. Es deseable que con un nuevo gobernador mejoren las condiciones de la indagatoria que realizan las autoridades federales, así como los términos de colaboración entre los órdenes federal y el estatal.
En este sentido, la renuncia ha de entenderse como un medio, y nunca como un fin. Por lo pronto, es necesario y urgente dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos. Ubicarlos es una exigencia generalizada. El gobierno federal participa con este mismo propósito y ha expresado su empeño, a toda su capacidad, para localizarlos, para esclarecer los hechos y para llevar ante la justicia a sus autores materiales e intelectuales, así como a aquellos que son responsables por omisión.
Los crímenes de Iguala y, en general, de Guerrero deben ser aleccionadores para los partidos y las autoridades. No puede haber complacencia cuando el poder público se pone al servicio de las organizaciones criminales; esto es, cuando las autoridades se convierten en un brazo más de la delincuencia, como se advierte en las indagatorias dadas a conocer recientemente. La actuación proactiva es ineludible en todos los casos de sospecha en Guerrero y en todo el país. No es una convocatoria a una cacería de brujas, sino un mensaje claro y contundente acerca del imperio de la ley, principio básico del Estado de derecho. Frente a la ley, todos somos iguales.
Los partidos no pueden ser complacientes al momento de seleccionar candidatos o durante las mismas campañas. De cara a los comicios de 2015 es recomendable un pacto o acuerdo entre los partidos y las autoridades electorales y federales para garantizar elementos de escrutinio y fiscalización capaces de contener y de revertir un problema creciente. Nadie está exento de riesgo y nadie está absuelto de responsabilidad. Los hechos recientes lastiman la democracia y las instituciones representativas.
La indignación debe tomar cauces racionales. El país ha logrado avances importantes en materia de tolerancia y diálogo, como resultado de profundas heridas de un pasado ya lejano. Cada quien debe hacer su parte para que la inconformidad no sea manipulada por oportunistas o provocadores. Existe el derecho al reclamo; más aún, éste debe entenderse —y aplicarse— como una positiva expresión de la energía de una sociedad que exige respuestas y mejores gobiernos. La demanda por justicia forzosamente pasa por el imperio de la legalidad y, por lo mismo, el respeto a la ley debe cobijar el reclamo, como ya se ha señalado.
Las dificultades en materia de seguridad no deben llevar al desánimo ni mover al pesimismo; tampoco justifican que se hurgue en los fracasos del pasado para encontrar respuestas. Sin duda, la causa primigenia es la falta de un auténtico Estado de derecho, lo que propició la impunidad; sin embargo, mientras nuestra clase política se anima a entrar a fondo a una reforma de tal envergadura, las acciones inmediatas que deben aplicarse ahora podrían ir en dos planos:
1) la concentración del mando policiaco y la transformación profunda de las policías;
2) la creación desde el nivel constitucional de una instancia de autoridad con autonomía, estructura, patrimonio propio y atribuciones para emprender indagatorias, con el objetivo de esclarecer no solo los 43 casos de Ayotzinapa, sino, además, las miles de desapariciones que constan en expedientes judiciales y que se alzan como uno de los pendientes más dolorosos de la justicia penal en todo el país.
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