Los partidos Humanista y del Trabajo que perderían el registro al no alcanzar el 3 por ciento de los votos en la elección del pasado 7 de junio: el primero obtuvo 2.1 por ciento de la votación y el segundo 2.98 por ciento; esta decisión sólo podría revertirse producto de impugnaciones ante el TEPJF.
CIUDAD DE MÉXICO. El Instituto Nacional Electoral (INE) iniciará formalmente hoy el proceso de liquidación de los partidos Humanista y del Trabajo (PT) que perderían el registro al no alcanzar el 3 por ciento de los votos en la elección del pasado 7 de junio: el primero obtuvo 2.1 por ciento de la votación y el segundo 2.98 por ciento.
Esta decisión sólo podría revertirse producto de impugnaciones ante el TEPJF, si ambos partidos obtuvieran los votos suficientes para alcanzar el mínimo legal.
El Reglamento de Fiscalización del instituto precisa que cuando se determina la pérdida o cancelación de registro de un partido, la Comisión de Fiscalización deberá designar de forma inmediata a un interventor, quien será el responsable del patrimonio del partido político en liquidación y que deberá abrir, cuando menos, una cuenta bancaria a nombre del partido, seguido de las palabras “en proceso de liquidación”.
El responsable de finanzas del partido en liquidación deberá transferir la totalidad de los recursos disponibles a una sola cuenta y el interventor deberá realizar un inventario de los bienes del mismo para su venta, con la finalidad de cubrir las obligaciones que éste haya adquirido, en primer término con los trabajadores, obligaciones fiscales, las sanciones administrativas y, si sobra dinero, se pagará a proveedores y acreedores.
Benito Nacif, presidente de la Comisión de Fiscalización detalló que si al concluir el proceso de liquidación aún quedan recursos, estos se reintegrarán a la Tesorería de la Federación.
PT IMPUGNARÁ
Pedro Vázquez, representante del PT ante el Instituto Nacional Electoral, anunció que impugnarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la decisión de
quitarles el registro.
Ello porque, según sus datos, conforme avanzó el cómputo distrital, el Partido del Trabajo fue perdiendo votos, algo “ilógico” desde su punto de vista.
“Solamente a nuestro partido le sucedió esto. Con 89.19 por ciento del cómputo teníamos un millón 7 mil 105 votos, es decir, 2.82 por ciento; el cómputo avanza y nuestros votos bajan a 996 mil 462. A mayor captura menor cantidad de votos. Es totalmente extraño”, dijo.
Ricardo Espinoza, representante del Partido Humanista ante el INE aseguró que la inequidad en acceso a spots y recursos, pero también las diferencias al interior del partido, propiciaron la pérdida del registro.
“Es imposible tener estructura de partido cuando esto se empieza. Morena no es un nuevo partido, es un equipo que sacó registro, pero ellos ya estaban estructurados”, consideró.
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martes, 16 de junio de 2015
Inminente, para el PT y Humanista, la pérdida de registro
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junio 16, 2015
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lunes, 15 de junio de 2015
Destaca la Arquidiócesis los resultados de las elecciones
Celebra que se haya puesto fin a la hegemonía de un solo partido en la Ciudad
Cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México
CIUDAD DE MÉXICO, 14 de junio.- La Arquidiócesis Primadade México aplaudió los resultados de las elecciones del pasado domingo, señalando que dieron un golpe altripartidismo en el país, pusieron fin a la hegemonía de unpartido político en la capital y los candidatos independientes electos llegaron “como un respiro de aire” para la democracia mexicana.
La Arquidiócesis resaltó que el mapa político del DF cambió, y la jornada del 7 de junio puso fin a la hegemonía del PRD, una vez que el partido Morena le arrebató un importante número de delegaciones y diputaciones
A través de su editorial en el semanario católico Desde la Fe, publicada este domingo, apuntó en primer lugar que “los resultados electorales revelaron el hartazgociudadano, y el voto expresó la urgencia de un cambio en el sistema de partidos”.
Resaltó que el mapa político delDistrito Federal cambió, y la jornada del pasado domingo 7 de junio puso fin a la hegemonía del PRD, una vez que el partido Morena le arrebató un importante número de delegaciones y diputaciones.
Sobre los candidatos independientes, la Arquidiócesis a cargo del cardenal Norberto Rivera Carrera destacó que “son un buen indicio para dar un respiro de aire fresco frente al tufopodrido de los partidos políticos”.
Finalmente, el texto concluye con la reflexión de que la democracia mexicana merece más que un sistema de partidos políticos, pues hoy la ciudadanía espera un cambio que “no sea sólo de nombre”.
Felicitan al Cardenal
Por otra parte, durante la misa dominical en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, los presentes felicitaron al cardenal Norberto Rivera Carrera por el 20 aniversario de su nombramiento como arzobispo primado de México, hecho el día 13 de junio de 1995.
Algunos me preguntan: ¿Oiga, y cómo le hacen para aguantar esta gran ciudad? Les puedo decir que yo estoy feliz, estoy contento y me siento muy apoyado por susoraciones, y me siento muy apoyado por el trabajo de tantos y tantos laicos, sacerdotes y religiosas que están trabajando a favor del Evangelio, porque eso es lo que hace posible que esta Iglesia esté viva”, respondió el cardenal.
Cabe señalar que fue hasta el 26 de julio de 1995 que Rivera Carrera tomó posesión de la Arquidiócesis Primada de México, y el 29 de ese mes el papa Juan Pablo II le impuso el Palio Arzobispal en la Basílica de San Pedro, Roma.
dgp
Cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México
CIUDAD DE MÉXICO, 14 de junio.- La Arquidiócesis Primadade México aplaudió los resultados de las elecciones del pasado domingo, señalando que dieron un golpe altripartidismo en el país, pusieron fin a la hegemonía de unpartido político en la capital y los candidatos independientes electos llegaron “como un respiro de aire” para la democracia mexicana.
La Arquidiócesis resaltó que el mapa político del DF cambió, y la jornada del 7 de junio puso fin a la hegemonía del PRD, una vez que el partido Morena le arrebató un importante número de delegaciones y diputaciones
A través de su editorial en el semanario católico Desde la Fe, publicada este domingo, apuntó en primer lugar que “los resultados electorales revelaron el hartazgociudadano, y el voto expresó la urgencia de un cambio en el sistema de partidos”.
Resaltó que el mapa político delDistrito Federal cambió, y la jornada del pasado domingo 7 de junio puso fin a la hegemonía del PRD, una vez que el partido Morena le arrebató un importante número de delegaciones y diputaciones.
Sobre los candidatos independientes, la Arquidiócesis a cargo del cardenal Norberto Rivera Carrera destacó que “son un buen indicio para dar un respiro de aire fresco frente al tufopodrido de los partidos políticos”.
Finalmente, el texto concluye con la reflexión de que la democracia mexicana merece más que un sistema de partidos políticos, pues hoy la ciudadanía espera un cambio que “no sea sólo de nombre”.
Felicitan al Cardenal
Por otra parte, durante la misa dominical en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, los presentes felicitaron al cardenal Norberto Rivera Carrera por el 20 aniversario de su nombramiento como arzobispo primado de México, hecho el día 13 de junio de 1995.
Algunos me preguntan: ¿Oiga, y cómo le hacen para aguantar esta gran ciudad? Les puedo decir que yo estoy feliz, estoy contento y me siento muy apoyado por susoraciones, y me siento muy apoyado por el trabajo de tantos y tantos laicos, sacerdotes y religiosas que están trabajando a favor del Evangelio, porque eso es lo que hace posible que esta Iglesia esté viva”, respondió el cardenal.
Cabe señalar que fue hasta el 26 de julio de 1995 que Rivera Carrera tomó posesión de la Arquidiócesis Primada de México, y el 29 de ese mes el papa Juan Pablo II le impuso el Palio Arzobispal en la Basílica de San Pedro, Roma.
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junio 15, 2015
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miércoles, 3 de junio de 2015
INE apela a una elección en paz, pero la realidad: hay más focos rojos
A pesar que autoridades federales y estatales y órganos electorales como el Instituto Nacional Electoral (INE) han asegurado que existen condiciones para el proceso electoral 2014-2015, la realidad ha rebasado los discursos. La violencia que impera en el país manchó las campañas y precampañas y aún no llega el día de la votación que será el próximo domingo 7 de junio.
A seis días de las elecciones en México, la prensa nacional y extranjera publican sus recuentos de los ataques y los hechos violentos en los que se han desenvuelto. Los incidentes alcanzaron a cada uno de los partidos y algunos candidatos independientes, y aunque en un principio los focos rojos parecían ubicados y acotados, se han venido extendiendo. El último es Oaxaca, donde hoy hubo violencia.
The Dallas Morning News, The Conversation y Vice News publicaron este lunes, por ejemplo, reportajes sobre la violencia en las elecciones. Retoman hechos como los de Chilapa e Iguala en Guerrero; Tanhuato, Michoacán; y las decenas de ataques a candidatos, precandidatos y otros personajes de partidos políticos e independientes. ”La intensa violencia en muchas regiones ha arrojado una nube sobre la elección. Siete de las 31 entidades federativas están en alerta máxima. Miles elementos de fuerzas federales están patrullando las calles de Michoacán, Jalisco, Guerrero, Tamaulipas y Nuevo León, dos estados que colindan con Texas”, informó The Dallas Morning News.
Por su parte Vice News detalló que no hay reportes oficiales sobre acontecimientos violentos: “El panorama de la violencia en la elección se limita generalmente a informes de la prensa [...]. Se cree que los únicos responsables de los ataques son miembros de los carteles de la droga o de grupos del crimen organizado, sin embargo, las rivalidades o disputas locales también podrían estar implicadas”.
Sumado a ello, The Conversation aseguró que el clima en que se ha desenvuelto esta elección ha propiciado que los mexicanos busquen nuevas propuestas políticas, como las figuras independientes. ”Decenas de candidatos son sospechosos de tener conexiones con cárteles de la droga, particularmente en Guerrero y Michoacán”, expuso.
“La única esperanza de cambio es mirar fuera del sistema político establecido y esto finalmente está comenzando a suceder, por eso los candidatos independientes están ganando popularidad”, dijo.
Sumado a ello, medios nacionales han documentado cada caso: El Universal reportó al menos 41 agresiones del 19 de febrero al 14 de mayo; en tanto Reforma informó que su recuento se elevaba a 70 ataques durante las campañas.
Este lunes, el Instituto Nacional Electoral (INE) sufrió la ocupación por la fuerza y con destrozos de dos de sus once sedes electorales en el estado sureño de Oaxaca, y tuvo que cerrar otras siete en la zona por las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Así lo anunció el presidente del INE, Lorenzo Córdova Villanello, en un encuentro con corresponsales extranjeros en el que reiteró que las elecciones del domingo serán “las más complejas” de la historia de México por la existencia de un “contexto adverso en muchos sentidos”.
Si hasta este lunes el foco estaba centrado en Michoacán y Guerrero, dos estados con graves problemas de violencia y pobreza como Oaxaca, la atención se ha trasladado a este último territorio por el conflicto entre el magisterio y el Gobierno, en el que los comicios parecen haberse convertido en un arma de negociación para los manifestantes.
En conferencia de prensa, los consejeros electorales integrantes de las Comisiones Unidas de Organización y Capacitación Electoral, señalaron que a pesar de los ataques a sus instalaciones en Oaxaca y Puebla, el proceso electoral avanza.
“Estamos realizando todas las acciones necesarias para garantizar el derecho al voto de todos los ciudadanos este domingo”, subrayaron.
Córdova admitió que los representantes del órgano electoral tienen que “estar preparados para los peores escenarios”, aunque aclaró que su objetivo “es instalar la totalidad de las casillas” del país y que “el uso de la fuerza pública sería el último recurso”.
El presidente del INE aseveró actualmente solo están “en riesgo de instalación 17 casillas en todo el país, de 149 mil”, porque el INE no dispone en esos lugares de “ciudadanos que vayan a ejercer” su papel en las mesas por distintas razones.
El Gobernador Gabino Cué Monteagudo llamó a los profesores a la civilidad con el Instituto Nacional Electoral: “hacemos un llamado respetuoso, pero al mismo tiempo serio y enérgico, a todas las organizaciones sociales y gremiales, para que sin claudicar a su derecho a la libre manifestación, se conduzcan por la vía de la legalidad y sin afectar el derecho de terceros en la jornada electoral”, dijo.
Según la Encuesta Nacional de Opinión Pública, realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, el 57 por ciento de los encuestados opina que el INE tiene una “buena” imagen, aunque un 47 por ciento considera que su actuación es parcial; el 31 por ciento dijo creer poco en ellos; el 19 por ciento, “algo”, y un 6 por ciento manifestó que “nada”.
La encuesta, cuyos resultados se dieron a conocer el pasado 29 de mayo, tuvo como objetivo dar a conocer la percepción que los ciudadanos tienen acerca del INE, los partidos políticos y la imagen y desempeño del gobierno en general, así como para saber cuáles son las fuentes de información que utilizan los electores para normar su criterio.
De acuerdo con opiniones de analistas, pocos mexicanos creen en los partidos políticos, a pesar del “alud” de propaganda desplegada en todos los medios de comunicación.
Para el columnista Arnoldo Kraus, se requiere mucha fe, ser político o acólito -religioso o político- para creer en lo que prometen los institutos políticos.
“La nula, o casi nula credibilidad en la dirigencia política, retrata a nuestro país. Más nítida es la foto cuando se aproximan las elecciones; la población desprecia y se mofa de la realidad política… Asfixia la desconfianza en los partidos políticos”, expresó
“Yo recibo de los partidos lo que me regalen, pero por una mochila, una gorra o una camiseta ni crean que me van a comprar mi voto”, expresó a Xinhua el señor Ernesto Padilla.
Entrevistado en un expendio de periódicos y revistas, don Neto -como lo conocen clientes y amigos- manifiesta incredulidad en los partidos políticos y, por ende, en sus campañas electorales.
Para la ama de casa Soledad García, los candidatos de los partidos políticos sólo se dejan ver cuándo va a haber elecciones, y después -acota- “ya ni se acuerdan de sus promesas”.
En entrevista con Xinhua, doña Chole expresó desinterés e incredulidad en los partidos y sus candidatos, pues -señala- “a muchos de ellos ni siquiera los conocemos”, y en otros casos -añade- son incondicionales o personas impuestas “por los mismos politiquillos… esa es la verdad”, dijo.
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junio 03, 2015
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miércoles, 20 de mayo de 2015
Un millón 200 mil jóvenes votarán por primera vez en elección de 2015
Las elecciones concurrentes del próximo 7 de junio serán las primeras que se realicen con las modificaciones de la reforma político-electoral, y una lista nominal de 83 millones 563 mil 190 mexicanos (48.1 por ciento, hombres y 51.9 por ciento, mujeres), reporta la investigación “Elecciones federales 2015” de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.
Destaca que un millón 200 mil ciudadanos de 18 años participarán por primera vez en un proceso electoral; y casi un tercio de los posibles votantes serán jóvenes entre 18 y 29 años de edad; los adultos jóvenes, de entre 30 y 44 años, conforman 33.4 por ciento; 27 por ciento se encuentra entre 45 y 64 años; y el restante 10.9 por ciento es mayor de 65 años.
El reto de las modificaciones, que ha implementado el Instituto Nacional Electoral (INE), será disminuir el abstencionismo que se registró en la elección federal del 2012, cuando representó 37 por ciento de la votación y 5 por ciento de votos nulos, reporta el IBD.
Entre las nuevas atribuciones y cambios que determinó la reforma para el INE, se encuentran: organizar los procesos electorales federales y locales, en coordinación con los organismos públicos locales electorales (OPLE); y llevar a cabo la elección de los dirigentes de partidos políticos, a petición de ellos mismos.
Además, garantizar que los candidatos independientes tengan acceso a tiempos del Estado en radio y televisión para difundir sus campañas; y verificar que se cumpla con el requisito mínimo, de 2 por ciento de la lista nominal, para realizar una consulta popular.
Del mismo modo, se establecen tres causales para la anulación de la elección: exceder en 5 por ciento el gasto de campaña, comprar tiempo o cobertura informativa en radio y televisión, y utilizar recursos ilícitos o públicos. El Instituto también fiscalizará los recursos de los partidos políticos, a escala federal y local, y de forma expedita, es decir, en el transcurso de las campañas, y no hasta que terminen.
En el proceso electoral se elegirán 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional a nivel federal; mil 009 ayuntamientos; 387 diputados locales de mayoría relativa y 254 de representación proporcional; y nueve gobernadores en los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora.
La investigación realizada por el IBD, que forma parte de la serie “Mirada Legislativa”, resalta que participarán 22 candidatos independientes que compiten por una diputación federal; figura jurídica que se incorporó en la Reforma Política Electoral que fue publicada el 10 de febrero de 2014, en el Diario Oficial de la Federación.
El reporte completo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, sobre la elección concurrente del próximo 7 de junio, se puede consultar íntegramente en la dirección electrónica: www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/ml/ML77.pdf
Las elecciones en la región centro
El Instituto Belisario Domínguez lanzó un instrumento de consulta titulado “Edición Especial de las Elecciones Federales 2015”, que consta de cuatro reportes de la serie “Mirada Legislativa”, sobre las condiciones socioeconómicas, demográficas y de seguridad en las entidades federativas donde habrá elección el próximo 7 de junio.
Se trata, en este caso, de un panorama en diversos estados, a través de un conjunto de datos, específicamente en Colima, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Michoacán y Querétaro.
En estos estados se renovarán los congresos locales y ayuntamientos, y en Querétaro, Michoacán y Colima se elegirá gobernador. Los indicadores, desglosados por entidad federativa, se encuentran en la siguiente página electrónica:www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/ml/ML78.pdf
Destaca que un millón 200 mil ciudadanos de 18 años participarán por primera vez en un proceso electoral; y casi un tercio de los posibles votantes serán jóvenes entre 18 y 29 años de edad; los adultos jóvenes, de entre 30 y 44 años, conforman 33.4 por ciento; 27 por ciento se encuentra entre 45 y 64 años; y el restante 10.9 por ciento es mayor de 65 años.
El reto de las modificaciones, que ha implementado el Instituto Nacional Electoral (INE), será disminuir el abstencionismo que se registró en la elección federal del 2012, cuando representó 37 por ciento de la votación y 5 por ciento de votos nulos, reporta el IBD.
Entre las nuevas atribuciones y cambios que determinó la reforma para el INE, se encuentran: organizar los procesos electorales federales y locales, en coordinación con los organismos públicos locales electorales (OPLE); y llevar a cabo la elección de los dirigentes de partidos políticos, a petición de ellos mismos.
Además, garantizar que los candidatos independientes tengan acceso a tiempos del Estado en radio y televisión para difundir sus campañas; y verificar que se cumpla con el requisito mínimo, de 2 por ciento de la lista nominal, para realizar una consulta popular.
Del mismo modo, se establecen tres causales para la anulación de la elección: exceder en 5 por ciento el gasto de campaña, comprar tiempo o cobertura informativa en radio y televisión, y utilizar recursos ilícitos o públicos. El Instituto también fiscalizará los recursos de los partidos políticos, a escala federal y local, y de forma expedita, es decir, en el transcurso de las campañas, y no hasta que terminen.
En el proceso electoral se elegirán 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional a nivel federal; mil 009 ayuntamientos; 387 diputados locales de mayoría relativa y 254 de representación proporcional; y nueve gobernadores en los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora.
La investigación realizada por el IBD, que forma parte de la serie “Mirada Legislativa”, resalta que participarán 22 candidatos independientes que compiten por una diputación federal; figura jurídica que se incorporó en la Reforma Política Electoral que fue publicada el 10 de febrero de 2014, en el Diario Oficial de la Federación.
El reporte completo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, sobre la elección concurrente del próximo 7 de junio, se puede consultar íntegramente en la dirección electrónica: www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/ml/ML77.pdf
Las elecciones en la región centro
El Instituto Belisario Domínguez lanzó un instrumento de consulta titulado “Edición Especial de las Elecciones Federales 2015”, que consta de cuatro reportes de la serie “Mirada Legislativa”, sobre las condiciones socioeconómicas, demográficas y de seguridad en las entidades federativas donde habrá elección el próximo 7 de junio.
Se trata, en este caso, de un panorama en diversos estados, a través de un conjunto de datos, específicamente en Colima, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Michoacán y Querétaro.
En estos estados se renovarán los congresos locales y ayuntamientos, y en Querétaro, Michoacán y Colima se elegirá gobernador. Los indicadores, desglosados por entidad federativa, se encuentran en la siguiente página electrónica:www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/ml/ML78.pdf
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lunes, 27 de octubre de 2014
Respuestas a la crisis de legalidad
En nuestro lenguaje político, la palabra licencia al cargo es un eufemismo de renuncia. De acuerdo con la Constitución, los cargos de elección popular son irrenunciables como una forma de proteger el mandato democrático; sin embargo, las circunstancias propias de la política —no siempre derivadas de crisis como la de Guerrero— pueden abrir la puerta al retiro voluntario.
Así, un funcionario puede acudir al recurso de solicitar al Congreso local o federal, según el caso, permiso para retirarse de la responsabilidad para la que fue electo. Una solicitud que al final es un simple trámite.
El retiro o licencia del gobernador Ángel Aguirre es la consecuencia necesaria de la situación vigente en Guerrero. Los crímenes de Iguala expusieron a la luz pública la descomposición en la entidad. Los hechos acreditan de manera indubitable el contubernio de la autoridad municipal con el crimen organizado. La desaparición de 43 estudiantes es un agravio nacional que indigna y mueve al reclamo.
Nadie puede monopolizar un sentimiento que es de todos y que a todos unifica; la indignación es generalizada. La responsabilidad alcanza al ex gobernador Aguirre al menos por omisión. No es creíble ni justificable que el deterioro institucional en uno de los principales municipios de la entidad haya pasado inadvertido para el Ejecutivo local. Independientemente de la suerte de los estudiantes, las fosas clandestinas halladas representan, por lo menos, la macabra evidencia de una situación que no fue encarada por el gobernador. Se dice que los restos humanos superan, hasta ahora, los dos centenares, lo que equivale al mismo número de homicidios.
La remoción o licencia de un gobernador y de un alcalde constitucionalmente electos denotan la severa crisis del sistema de representación en las zonas donde el crimen organizado impera. Se advierte que las instituciones, lo mismo que las prácticas democráticas, son vulnerables frente al poder económico y de intimidación, y la influencia política del crimen. Los propios representantes del PRD reconocen que el señor Abarca no debió ser postulado por su partido y, por lo tanto, no debió llegar a la alcaldía de Iguala. La licencia de Ángel Aguirre también es un reconocimiento al incumplimiento del ahora ex mandatario.
En el viejo régimen, la salida del gobernador era una forma de sanción política del centro. Los ejemplos son innumerables, aunque desde 1994 las licencias se han vuelto ocasionales y han adoptado un sentido político que va más allá de la caprichosa sanción centralista. En una democracia, la dimisión de un gobernador debe asimilarse como el efecto jurídico de una situación grave. Por lo mismo, la separación del cargo no es suficiente; el mandatario tendría que encarar las responsabilidades que le atañen. Ya se ha dicho en este espacio: el problema en Guerrero es jurídico y judicial, no solamente político.
Consecuentemente, el gobernador con licencia deberá comparecer ante las autoridades, en caso de existir elementos que exijan su testimonio o declaración, en cualquiera de los supuestos que la ley determina.
Evidentemente, la licencia del gobernador, por sí misma, no resuelve la situación. Es deseable que con un nuevo gobernador mejoren las condiciones de la indagatoria que realizan las autoridades federales, así como los términos de colaboración entre los órdenes federal y el estatal.
En este sentido, la renuncia ha de entenderse como un medio, y nunca como un fin. Por lo pronto, es necesario y urgente dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos. Ubicarlos es una exigencia generalizada. El gobierno federal participa con este mismo propósito y ha expresado su empeño, a toda su capacidad, para localizarlos, para esclarecer los hechos y para llevar ante la justicia a sus autores materiales e intelectuales, así como a aquellos que son responsables por omisión.
Los crímenes de Iguala y, en general, de Guerrero deben ser aleccionadores para los partidos y las autoridades. No puede haber complacencia cuando el poder público se pone al servicio de las organizaciones criminales; esto es, cuando las autoridades se convierten en un brazo más de la delincuencia, como se advierte en las indagatorias dadas a conocer recientemente. La actuación proactiva es ineludible en todos los casos de sospecha en Guerrero y en todo el país. No es una convocatoria a una cacería de brujas, sino un mensaje claro y contundente acerca del imperio de la ley, principio básico del Estado de derecho. Frente a la ley, todos somos iguales.
Los partidos no pueden ser complacientes al momento de seleccionar candidatos o durante las mismas campañas. De cara a los comicios de 2015 es recomendable un pacto o acuerdo entre los partidos y las autoridades electorales y federales para garantizar elementos de escrutinio y fiscalización capaces de contener y de revertir un problema creciente. Nadie está exento de riesgo y nadie está absuelto de responsabilidad. Los hechos recientes lastiman la democracia y las instituciones representativas.
La indignación debe tomar cauces racionales. El país ha logrado avances importantes en materia de tolerancia y diálogo, como resultado de profundas heridas de un pasado ya lejano. Cada quien debe hacer su parte para que la inconformidad no sea manipulada por oportunistas o provocadores. Existe el derecho al reclamo; más aún, éste debe entenderse —y aplicarse— como una positiva expresión de la energía de una sociedad que exige respuestas y mejores gobiernos. La demanda por justicia forzosamente pasa por el imperio de la legalidad y, por lo mismo, el respeto a la ley debe cobijar el reclamo, como ya se ha señalado.
Las dificultades en materia de seguridad no deben llevar al desánimo ni mover al pesimismo; tampoco justifican que se hurgue en los fracasos del pasado para encontrar respuestas. Sin duda, la causa primigenia es la falta de un auténtico Estado de derecho, lo que propició la impunidad; sin embargo, mientras nuestra clase política se anima a entrar a fondo a una reforma de tal envergadura, las acciones inmediatas que deben aplicarse ahora podrían ir en dos planos:
1) la concentración del mando policiaco y la transformación profunda de las policías;
2) la creación desde el nivel constitucional de una instancia de autoridad con autonomía, estructura, patrimonio propio y atribuciones para emprender indagatorias, con el objetivo de esclarecer no solo los 43 casos de Ayotzinapa, sino, además, las miles de desapariciones que constan en expedientes judiciales y que se alzan como uno de los pendientes más dolorosos de la justicia penal en todo el país.
Así, un funcionario puede acudir al recurso de solicitar al Congreso local o federal, según el caso, permiso para retirarse de la responsabilidad para la que fue electo. Una solicitud que al final es un simple trámite.
El retiro o licencia del gobernador Ángel Aguirre es la consecuencia necesaria de la situación vigente en Guerrero. Los crímenes de Iguala expusieron a la luz pública la descomposición en la entidad. Los hechos acreditan de manera indubitable el contubernio de la autoridad municipal con el crimen organizado. La desaparición de 43 estudiantes es un agravio nacional que indigna y mueve al reclamo.
Nadie puede monopolizar un sentimiento que es de todos y que a todos unifica; la indignación es generalizada. La responsabilidad alcanza al ex gobernador Aguirre al menos por omisión. No es creíble ni justificable que el deterioro institucional en uno de los principales municipios de la entidad haya pasado inadvertido para el Ejecutivo local. Independientemente de la suerte de los estudiantes, las fosas clandestinas halladas representan, por lo menos, la macabra evidencia de una situación que no fue encarada por el gobernador. Se dice que los restos humanos superan, hasta ahora, los dos centenares, lo que equivale al mismo número de homicidios.
La remoción o licencia de un gobernador y de un alcalde constitucionalmente electos denotan la severa crisis del sistema de representación en las zonas donde el crimen organizado impera. Se advierte que las instituciones, lo mismo que las prácticas democráticas, son vulnerables frente al poder económico y de intimidación, y la influencia política del crimen. Los propios representantes del PRD reconocen que el señor Abarca no debió ser postulado por su partido y, por lo tanto, no debió llegar a la alcaldía de Iguala. La licencia de Ángel Aguirre también es un reconocimiento al incumplimiento del ahora ex mandatario.
En el viejo régimen, la salida del gobernador era una forma de sanción política del centro. Los ejemplos son innumerables, aunque desde 1994 las licencias se han vuelto ocasionales y han adoptado un sentido político que va más allá de la caprichosa sanción centralista. En una democracia, la dimisión de un gobernador debe asimilarse como el efecto jurídico de una situación grave. Por lo mismo, la separación del cargo no es suficiente; el mandatario tendría que encarar las responsabilidades que le atañen. Ya se ha dicho en este espacio: el problema en Guerrero es jurídico y judicial, no solamente político.
Consecuentemente, el gobernador con licencia deberá comparecer ante las autoridades, en caso de existir elementos que exijan su testimonio o declaración, en cualquiera de los supuestos que la ley determina.
Evidentemente, la licencia del gobernador, por sí misma, no resuelve la situación. Es deseable que con un nuevo gobernador mejoren las condiciones de la indagatoria que realizan las autoridades federales, así como los términos de colaboración entre los órdenes federal y el estatal.
En este sentido, la renuncia ha de entenderse como un medio, y nunca como un fin. Por lo pronto, es necesario y urgente dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos. Ubicarlos es una exigencia generalizada. El gobierno federal participa con este mismo propósito y ha expresado su empeño, a toda su capacidad, para localizarlos, para esclarecer los hechos y para llevar ante la justicia a sus autores materiales e intelectuales, así como a aquellos que son responsables por omisión.
Los crímenes de Iguala y, en general, de Guerrero deben ser aleccionadores para los partidos y las autoridades. No puede haber complacencia cuando el poder público se pone al servicio de las organizaciones criminales; esto es, cuando las autoridades se convierten en un brazo más de la delincuencia, como se advierte en las indagatorias dadas a conocer recientemente. La actuación proactiva es ineludible en todos los casos de sospecha en Guerrero y en todo el país. No es una convocatoria a una cacería de brujas, sino un mensaje claro y contundente acerca del imperio de la ley, principio básico del Estado de derecho. Frente a la ley, todos somos iguales.
Los partidos no pueden ser complacientes al momento de seleccionar candidatos o durante las mismas campañas. De cara a los comicios de 2015 es recomendable un pacto o acuerdo entre los partidos y las autoridades electorales y federales para garantizar elementos de escrutinio y fiscalización capaces de contener y de revertir un problema creciente. Nadie está exento de riesgo y nadie está absuelto de responsabilidad. Los hechos recientes lastiman la democracia y las instituciones representativas.
La indignación debe tomar cauces racionales. El país ha logrado avances importantes en materia de tolerancia y diálogo, como resultado de profundas heridas de un pasado ya lejano. Cada quien debe hacer su parte para que la inconformidad no sea manipulada por oportunistas o provocadores. Existe el derecho al reclamo; más aún, éste debe entenderse —y aplicarse— como una positiva expresión de la energía de una sociedad que exige respuestas y mejores gobiernos. La demanda por justicia forzosamente pasa por el imperio de la legalidad y, por lo mismo, el respeto a la ley debe cobijar el reclamo, como ya se ha señalado.
Las dificultades en materia de seguridad no deben llevar al desánimo ni mover al pesimismo; tampoco justifican que se hurgue en los fracasos del pasado para encontrar respuestas. Sin duda, la causa primigenia es la falta de un auténtico Estado de derecho, lo que propició la impunidad; sin embargo, mientras nuestra clase política se anima a entrar a fondo a una reforma de tal envergadura, las acciones inmediatas que deben aplicarse ahora podrían ir en dos planos:
1) la concentración del mando policiaco y la transformación profunda de las policías;
2) la creación desde el nivel constitucional de una instancia de autoridad con autonomía, estructura, patrimonio propio y atribuciones para emprender indagatorias, con el objetivo de esclarecer no solo los 43 casos de Ayotzinapa, sino, además, las miles de desapariciones que constan en expedientes judiciales y que se alzan como uno de los pendientes más dolorosos de la justicia penal en todo el país.
Por
elmexiquensehoy
a la/s
octubre 27, 2014
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