Dicen que cualquiera que busque invertir no sólo corre el riesgo de ser víctima de secuestro, sino que debe gastar recursos adicionales para garantizar la seguridad de sus empleados, mercancías e instalaciones.
Destacaron que el Estado de derecho será algo fundamental para que puedan aterrizar las reformas estructurales promovidas por el gobierno federal, principalmente las que involucran inversión extranjera, como es el caso de la Reforma Energética.
En las últimas semanas, la violencia se ha vuelto un tema de discusión en todos los sectores y en la prensa extranjera. Primero, por el fusilamiento –reconocido por el Ejército y la Procuraduría General de la República– de 22 jóvenes en Tlatlaya, Estado de México; luego por el homicidio del Diputado federal por Jalisco, Gabriel Gómez Michel.
Después, por la desaparición de más de más de 40 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, cuyos cuerpos, se presume, fueron enterrados en fosas clandestinas en Iguala. Esta oleada de violencia se da en un momento en el que el país registró una caída en la llegada de Inversión Extranjera Directa (IED), que en el periodo de enero a junio registró un flujo de 9 mil 732.5 millones de dólares (mdd), cantidad 59.2 por ciento menor a la cifra preliminar del mismo periodo de 2013 (23,846.6 mdd), de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Inversiones Extrajeras de la Secretaría de Economía (SE).
En junio pasado, el Índice Mundial de la Paz destacó que el impacto económico de contener y hacer frente a las consecuencias económicas de la violencia en México se elevó a 173 mil millones de dólares en 2013, cantidad que equivale a 9.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). En términos comparativos, el costo de la violencia en México duplica el saldo actual de la deuda externa del gobierno federal, que en abril de este año se situó en 73 mil 509 millones de dólares. México se situó en el puesto 138 de 162 países del Índice, elaborado por el Institute for Economics and Peace y mostró que el país ha registrado “un deterioro leve y ha descendido tres puestos en el índice, en relación con años previos”.
La estrategia del Presidente Enrique Peña Nieto de no hablar de la violencia se rompió ayer, cuando por primera vez reaccionó a hechos y dijo, en una conferencia muy breve, que garantizará que los culpables de la tragedia de Iguala sean llevados ante la justicia.
El Estado “Suplantado”
En su mensaje semanal, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, expresó que la violencia, en algunos estados del país, raya “en lo que observadores han caracterizado como Estado rebasado, ausente o suplantado” ante el avance y dominio que tiene la delincuencia del territorio y de las estructuras policiacas.
Señaló que, en algunos lugares, las policías se confunden con las fuerzas del crimen organizado, el cual también ha penetrado en las estructuras políticas y de gobierno. “Se ha estimado, según algunos estudios, que el crimen organizado tiene presencia operativa importante en 30 por ciento de los municipios del país y aspiran a convertirse en actores políticos clave de los mismos, y en muchos casos lo han logrado”, dijo el representante de la cúpula empresarial.
“Estos hechos, que incluyen homicidios de personajes políticos y civiles, actos de brutalidad extrema del crimen organizado, así como ejecuciones y desapariciones numerosas, ratifican que todavía estamos muy lejos de un estado de cosas que permita relajar la guardia en materia de seguridad pública”, manifestó en su mensaje semanal.
Ante este escenario, consideró que la delincuencia y la impunidad siguen siendo los desafíos más críticos para el gobierno Mexicano, pues los recientes hechos de violencia que han alcanzo incluso a politicos son evidencia de la impunidad que prevalence en un país en el no se castigan el 97 por ciento de los delitos. Afirmó que la gente sigue sin denunciar los delitos que se cometen en el país y “la causa está en el temor, como ocurre en zonas donde gran parte de las policías es, de hecho, parte de la delincuencia organizada; o bien por la ineficiencia y corrupción de autoridades y responsables, que se ha vuelto endémica en algunas regiones y municipios”.
Por su parte, en entrevista el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Guerrero, Pascual Romero García, expresó que en su entidad “realmente se huele la inseguridad, la inversión está estancada, muchas empresas están cerrando; la verdad, los inversionistas no quieren dejar su dinero aquí en Guerrero, están esperando que llegue un mejor momento para hacerlo”.
Afirma que mientras México sea un país con violencia, “no va a haber dinero”, y en el caso específico de Guerrero, consideró que si el Gobernador Ángel Aguirre Rivero no es capaz de controlar la violencia en la entidad, “que presente su renuncia”.
La autoridad nos ha expresado también que no está garantizada la seguridad, no hay ningún proyecto del gobierno para la inseguridad. El recurso llega sólo a los amigos de las autoridades en turno pero a quien debe llegar no llega”, dijo.
El líder de la Canacintra en Guerrero señaló, incluso, que han existido secuestros de empresarios, que no se denuncian por la falta de credibilidad en el gobierno y en sus instituciones. “Todos los días desaparece gente y esto no se ve cuándo vaya a acabar”, comentó.
En la entidad, expresó, la mayoría de los empresarios han tenido que contratar seguridad privada, no importa el tamaño de sus negocios, y citó casos como el de Grupo Financiero Monex que “no quiere llegar a Guerrero por lo mismo, traen mucha inversión, pero no quieren arriesgarse. Tienen ideas y proyectos buenísimos, pero no se les pueden garantizar condiciones de seguridad”.
Certeza Y Garantías
Viridiana Ríos, directora del observatorio económico México ¿cómo vamos? consideró que uno de los grandes retos para que la economía crezca es garantizar el Estado de derecho, un punto que será fundamental para que puedan aterrizar las reformas implementadas recientemente.
“Hay dos puntos fundamentales: por un lado, la coordinación entre la Federación y los estados, una cosa es reformar las leyes a nivel federal y otra el tener que implementar en los estados y la segunda es el Estado de derecho y eso no se distribuye de manera homogénea a lo largo del país”.
Las mediciones del observatorio muestran que la inversión se va a establecer donde esté garantizado el Estado de derecho y donde existan las condiciones económicas. “Puede haber pérdidas importantes para estados que tienen muy bajo Estado de derecho, como Tamaulipas, que está privilegiado tanto por la energía solar como por el petróleo, pero puede haber un efecto por la falta de Estado de derecho”, opinó.
No obstante, expresó que México tiene un punto a favor, a pesar de los índices de violencia, y es su cercanía con Estados Unidos, pues esta ubicación estratégica le ahorra costos a las empresas. Raymundo Tenorio Aguilar, director del programa de Economía y Finanzas del Tec de Monterrey Campus Santa Fe, el hecho de que estos sucesos trasciendan fuera del país da la impresión de cualquier empresario local o extranjero podría temer por su vida, pero también deja una huella palpable de que la corrupción se encuentra presente en todos los aspectos de la vida nacional porque entre los inversionistas existe desconfianza hacia las policías de todos los niveles ante el temor de que puedan estar vinculadas con la delincuencia.
“Al inversionista extranjero, lo que más le preocupa es que la delincuencia pueda dañar sus bienes patrimoniales y la seguridad de sus ejecutivos en su país porque hay otro tipo de delincuencia en el país. Si hacemos el listado de todos los actos de violencia, ellos la padecen también”. Ante la reciente ola de violencia, manifestó que no es de extrañar que en los próximos días gobiernos extranjeros emitan nuevamente recomendaciones para que sus ciudadanos tomen preocupaciones o dejen de visitar algunas ciudades mexicanas, como ya ha sucedido en el pasado.
No hay comentarios :
Publicar un comentario