Garantizar que multas por faltas administrativas llegue a la tesorería: Octavio Martínez

Que se instalen terminales en establecimientos comerciales vinculados a una cuenta determinada de la Tesorería

Toluca, México.- Tras la opacidad del dinero por concepto de multas por faltas administrativas, así como su manejo sin ninguna vigilancia por parte de las Oficialías Recaudadoras, el diputado local Octavio Martínez Vargas a nombre del Grupo Parlamentario del PRD presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal para las Fiscalías Calificadoras de cada municipio, con el objeto de dotarlas de instrumentos para una mejor dirección y transparencia del recurso por faltas administrativas, ya que es un problema que afecta a los 125 municipios de la entidad, principalmente a los que tienen más de 50 mil habitantes.

El también presidente de la Diputación Permanente de la LVIII Legislatura del estado de México, Octavio Martínez Vargas informó que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, señala algunos elementos a considerar para imponer las sanciones administrativas, que no son contemplados en todos los bandos municipales para la imposición de sanciones; aunado a ello la mayoría de las oficinas de las Oficialías Mediadoras Conciliadoras están en un pésimo estado, y no cuentan con los recursos materiales, humanos, financieros, y médico-científicos para su adecuado funcionamiento.

Afirmó que es necesario realizar modificaciones a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en relación con el funcionamiento de estas instancias, con la finalidad de eficientar su labor y contribuir al combate del enorme problema de corrupción que se genera en torno a estas.

Aseguró que no existe en la actualidad una base de datos precisa de cuántas oficialías existen en la entidad, el número de ciudadanos que son ingresados a ellas, y los motivos por los cuales se les remitió; la Tesorería de cada municipio debiera dar cuenta precisa a su respectivo Cabildo, de los ingresos que se recaudan en ellas, entre otros conceptos por el de multas.

Sin embargo, se presume que el grueso de dichos recursos no ingresa a las arcas municipales, desvirtuando así el espíritu de la ley, que insta a imponer al ciudadano la erogación de una suma monetaria como pago de su infracción, para que a su vez estos ingresos reditúen en beneficio de la Hacienda municipal, y por ende de la población que pudiese recibir mejores servicios gracias a la aplicación de estos recursos.

El legislador perredista Martínez Vargas refirió la necesidad de evitar que se maneje dinero en las Oficialías Conciliadoras y Calificadoras, y garantizar que los ingresos derivados de los servicios que brindan, sean cubiertos directamente en las oficinas de la Tesorería de cada municipio, o bien en dependencias bancarias o establecimientos comerciales con los que en su caso mantenga convenio la Tesorería.

Igualmente indicó que para facilitar a los ciudadanos la realización de los trámites, podrá habilitarse el uso de terminales electrónicas en las oficinas de las Oficialías, para efectuar pagos de servicios otorgados en ellas, con tarjetas de débito o crédito de instituciones bancarias que mantengan convenio con la Tesorería municipal.

Además subrayó que es necesario cortar a la corrupción la fuente de ingresos que constituye el pago de multas por infracciones o faltas administrativas, al cual acceden tanto policías como funcionarios, eliminando así el principal incentivo que tienen para cometer actos de corrupción. Esto se lograría de manera inmediata si se elimina la sanción económica, y se establece exclusivamente como sanción el trabajo comunitario.

Mencionó que el trabajo comunitario asegurará una fuente permanente de recurso humano para atender las demandas de las comunidades, ya que los infractores podrían ayudar en labores como limpieza de áreas verdes, pinta de guarniciones y banquetas, entre una serie de actividades más que los ayuntamientos determinen de conformidad con sus particularidades, siempre en el marco del respeto a los derechos humanos y garantizando la integridad del infractor.

Esta iniciativa de decreto fue turnada a las Comisiones Legislativas de Seguridad Pública y Administración Municipal.