Sin embargo decidieron que no sólo se castigue a policías y a empleados de la procuraduría mexiquense que incurran en esa conducta; sino a cualquier tipo de servidor público que incurra en esa conducta.
Los diputados hicieron algunos arreglos de redacción, pero mantuvieron las sanciones propuestas, de tal forma que a quien incurra en ese delito se le castigará con prisión de uno a cinco años, además de multas de 30 a 150 días de salario y dependiendo la gravedad de la falta, también podría ameritar la destitución del cargo o inhabilitación de 2 a 8 años para desempeñar algún empleo, cargo o comisión públicos.
La reforma al artículo 136 Bis del Código Penal del Estado de México busca evitar abusos y que los policías o servidores públicos no generen perjuicios al patrimonio de los ciudadanos al remitir al corralón a vehículos que por algún motivo hayan sido puestos a su disposición; sin embargo no se hicieron cambios para castigar abusos de las empresa de grúas y depósitos de vehículos.
Pese a que ya se han establecido cuotas a los servicios de grúas y corralones, hay muchas quejas de ciudadanos por los abusos de las empresas que no respetan las tarifas, en distintas partes de la entidad.
Además de las reformas aprobadas, sigue pendiente otra propuesta que también llegó el pasado lunes, enviada por el Ejecutivo mexiquense, para regular las tarifas de grúas y corralones, a fin de agilizar la devolución de vehículos y garantizar la conservación de los bienes.
Hace unos días, este diario publicó que durante los primeros meses de este año la Secretaría del Transporte del Estado de México registró 240 quejas contra 12 empresas de grúas y corralones, principalmente por cobro excesivo en las tarifas; sin embargo, sólo se iniciaron dos procedimientos administrativos -que siguen en trámite-, pues en la mayoría de los casos, los quejosos no ratifican su queja por escrito.
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