De aplicarse el método de López Obrador, la
Fiscalía General debería reabrir la investigación del asesinato de Camarena
Salazar, pero no sucederá, Bartlett está blindado.
Raymundo
Riva Palacio
La captura de Rafael Caro Quintero, exlíder
del Cártel de Guadalajara, desencadenó desde el viernes un esfuerzo
importante en las redes sociales asociadas al presidente Andrés Manuel López
Obrador, para impedir que la detención del narcotraficante tuviera como segunda
víctima a Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad.
Cuando asesinaron en 1985 al agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar,
Bartlett era el secretario de Gobernación y su nombre se asocia con ese crimen.
Pero la forma como lo defendieron, arrojó inopinadamente más lodo sobre el
funcionario al abrirse otra potencial línea de discusión: el capítulo mexicano
del Irán-Contras.
En el intento por quitarle responsabilidad
a Bartlett, Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión
del Estado Mexicano, y uno de los principales voceros del presidente López
Obrador, publicó un hilo en Twitter donde recuerda que “declaraciones y
revelaciones de exagentes de la CIA apuntan a que fue esta ‘compañía’ (como le
dicen a la CIA) la que ordenó el crimen de Kiki Camarena porque
descubrió los nexos de la CIA con el Cártel de Guadalajara y la DFS
(Dirección Federal de Seguridad) para financiar a la contra sandinista en
Nicaragua”.
Ésta es una versión alimentada no sólo por
Phil Jordan, a quien Villamil identifica erróneamente como exagente de la CIA,
cuando en realidad era director del Centro de Inteligencia en El Paso, donde se
recopila toda la información de inteligencia de la frontera de México y Estados
Unidos, sino también por Héctor Berrellez, exagente de la DEA, que participó
muy activamente en la investigación sobre los asesinos de Camarena Salazar,
quienes identificaron como actor central del crimen a Félix Ismael Rodríguez,
un afamado agente de la CIA que participó en la invasión de bahía de Cochinos,
en la búsqueda de Ernesto Che Guevara en Bolivia, que culminó con su
muerte, y en el episodio del Irán-Contras, la guerra secreta del gobierno de
Ronald Reagan para derrocar el gobierno sandinista en Nicaragua.
De todas las defensas de Bartlett en las
redes sociales, la importante es la de Villamil, pues en su calidad de alto
funcionario del gobierno, plantear, aunque sea como contexto, la presunta
participación de la CIA en el asesinato de Camarena, presume una posición
oficial con respecto al caso. Esa hipótesis es favorable a Bartlett, señalado
por Lawrence Víctor Harrison, que fue asistente de Ernesto Fonseca, condenado
también por el asesinato del agente de la DEA, como presunto participante
activo en el crimen y en el asesinato de Manuel Buendía, el periodista político
más influyente de los últimos 50 años. El contexto, sin embargo, es lo que no
tomaron en cuenta.
El asesinato de Camarena Salazar ha estado
vinculado desde un principio al caso Irán-Contras, donde el gobierno de Reagan
trianguló una operación de armas por dinero fuera del ojo del Congreso, que
había aprobado la Enmienda Boland que específicamente prohibía ayuda militar a
la Contra antisandinista. A través del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa
Blanca, el teniente coronel Oliver North facilitó la venta de armas a Irán por
más de 47 millones de dólares, que fueron transferidos en armas a la Contra, un
ejército clandestino organizado por John D. Negroponte, desde la embajada
estadounidense en Honduras. El escándalo estalló el 5 de octubre de 1986,
cuando Nicaragua derribó un avión operado clandestinamente por la CIA sobre su
territorio, con suministros de armas, y dos días después, al revelar la revista
libanesa Ash Shiraa que Estados Unidos había vendido armas en secreto
a Irán para liberar a siete rehenes estadounidenses en Teherán.
Las revelaciones dieron origen a una
investigación en el Congreso, que produjo un reporte del senador republicano
John Tower, y fue el prólogo a 41 días de audiencias intensas y dramáticas en
el Capitolio, donde se difundieron cientos de páginas de documentos oficiales;
uno de ellos fue el testimonio de Harrison. Nadie le prestó mucha atención a
esa declaración, porque el foco estaba en si Reagan había sabido o no de esa
operación ilegal.
Tiempo después, publiqué en este espacio lo
que había recogido de las mesas de documentos en las audiencias, en particular
el testimonio de Harrison, que produjeron información adicional sobre un
capítulo todavía oscuro sobre el papel de México en el Irán-Contras, al cual
Buendía estaba comenzando a asomarse cuando lo mataron. En este espacio, a
mediados de los 90, se publicó en El Financiero la presunta participación de
Bartlett y el exsecretario de la Defensa Juan Arévalo Gardoqui en el asesinato
del columnista, por la sospecha de que tenía información sobre la participación
de funcionarios del gobierno en el narcotráfico.
Poco antes de ser asesinado, Buendía me
comentó que había encontrado la pista del contrabando de armas desde Texas, que
entraban por Tamaulipas, seguían a Guadalajara, y de ahí a la Ciudad de México
antes de enviarlas a Honduras, por vía de Guatemala. Buendía tenía identificado
por nombre a una persona que era la que operaba el envío desde la capital
federal. Tras su asesinato, investigaciones periodísticas arrojaron que
el Cártel de Guadalajara participaba en la operación, enviando drogas
escondidas en pipas de Pemex que entraban por la frontera tamaulipeca, a cambio
de dinero y de colaboración en el transporte de armas, donde participaban
varios comandantes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).
Los hallazgos de Buendía y posteriores
investigaciones periodísticas mostraban la colusión de los gobiernos de México
y Estados Unidos con el Cártel de Guadalajara, pero el capítulo mexicano
del Irán-Contras sigue lleno de hoyos negros. Es un episodio complejo y
delicado. La guerra antisandinista había sido operada por la CIA y el Consejo
de Seguridad de la Casa Blanca, y la “compañía” trabajaba con la Secretaría de
Gobernación y la DFS, que coloca a Bartlett en el centro de la tormenta
desatada por la captura de Caro Quintero. De aplicarse el método de López
Obrador, la Fiscalía General debería reabrir la investigación del asesinato de
Camarena Salazar, pero no sucederá. Bartlett está blindado.
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