Bartlett, el cabo suelto

De aplicarse el método de López Obrador, la Fiscalía General debería reabrir la investigación del asesinato de Camarena Salazar, pero no sucederá, Bartlett está blindado.

 

Raymundo Riva Palacio

 

La captura de Rafael Caro Quintero, exlíder del Cártel de Guadalajara, desencadenó desde el viernes un esfuerzo importante en las redes sociales asociadas al presidente Andrés Manuel López Obrador, para impedir que la detención del narcotraficante tuviera como segunda víctima a Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad. Cuando asesinaron en 1985 al agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, Bartlett era el secretario de Gobernación y su nombre se asocia con ese crimen. Pero la forma como lo defendieron, arrojó inopinadamente más lodo sobre el funcionario al abrirse otra potencial línea de discusión: el capítulo mexicano del Irán-Contras.

En el intento por quitarle responsabilidad a Bartlett, Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, y uno de los principales voceros del presidente López Obrador, publicó un hilo en Twitter donde recuerda que “declaraciones y revelaciones de exagentes de la CIA apuntan a que fue esta ‘compañía’ (como le dicen a la CIA) la que ordenó el crimen de Kiki Camarena porque descubrió los nexos de la CIA con el Cártel de Guadalajara y la DFS (Dirección Federal de Seguridad) para financiar a la contra sandinista en Nicaragua”.

Ésta es una versión alimentada no sólo por Phil Jordan, a quien Villamil identifica erróneamente como exagente de la CIA, cuando en realidad era director del Centro de Inteligencia en El Paso, donde se recopila toda la información de inteligencia de la frontera de México y Estados Unidos, sino también por Héctor Berrellez, exagente de la DEA, que participó muy activamente en la investigación sobre los asesinos de Camarena Salazar, quienes identificaron como actor central del crimen a Félix Ismael Rodríguez, un afamado agente de la CIA que participó en la invasión de bahía de Cochinos, en la búsqueda de Ernesto Che Guevara en Bolivia, que culminó con su muerte, y en el episodio del Irán-Contras, la guerra secreta del gobierno de Ronald Reagan para derrocar el gobierno sandinista en Nicaragua.

De todas las defensas de Bartlett en las redes sociales, la importante es la de Villamil, pues en su calidad de alto funcionario del gobierno, plantear, aunque sea como contexto, la presunta participación de la CIA en el asesinato de Camarena, presume una posición oficial con respecto al caso. Esa hipótesis es favorable a Bartlett, señalado por Lawrence Víctor Harrison, que fue asistente de Ernesto Fonseca, condenado también por el asesinato del agente de la DEA, como presunto participante activo en el crimen y en el asesinato de Manuel Buendía, el periodista político más influyente de los últimos 50 años. El contexto, sin embargo, es lo que no tomaron en cuenta.

El asesinato de Camarena Salazar ha estado vinculado desde un principio al caso Irán-Contras, donde el gobierno de Reagan trianguló una operación de armas por dinero fuera del ojo del Congreso, que había aprobado la Enmienda Boland que específicamente prohibía ayuda militar a la Contra antisandinista. A través del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, el teniente coronel Oliver North facilitó la venta de armas a Irán por más de 47 millones de dólares, que fueron transferidos en armas a la Contra, un ejército clandestino organizado por John D. Negroponte, desde la embajada estadounidense en Honduras. El escándalo estalló el 5 de octubre de 1986, cuando Nicaragua derribó un avión operado clandestinamente por la CIA sobre su territorio, con suministros de armas, y dos días después, al revelar la revista libanesa Ash Shiraa que Estados Unidos había vendido armas en secreto a Irán para liberar a siete rehenes estadounidenses en Teherán.

Las revelaciones dieron origen a una investigación en el Congreso, que produjo un reporte del senador republicano John Tower, y fue el prólogo a 41 días de audiencias intensas y dramáticas en el Capitolio, donde se difundieron cientos de páginas de documentos oficiales; uno de ellos fue el testimonio de Harrison. Nadie le prestó mucha atención a esa declaración, porque el foco estaba en si Reagan había sabido o no de esa operación ilegal.

Tiempo después, publiqué en este espacio lo que había recogido de las mesas de documentos en las audiencias, en particular el testimonio de Harrison, que produjeron información adicional sobre un capítulo todavía oscuro sobre el papel de México en el Irán-Contras, al cual Buendía estaba comenzando a asomarse cuando lo mataron. En este espacio, a mediados de los 90, se publicó en El Financiero la presunta participación de Bartlett y el exsecretario de la Defensa Juan Arévalo Gardoqui en el asesinato del columnista, por la sospecha de que tenía información sobre la participación de funcionarios del gobierno en el narcotráfico.

Poco antes de ser asesinado, Buendía me comentó que había encontrado la pista del contrabando de armas desde Texas, que entraban por Tamaulipas, seguían a Guadalajara, y de ahí a la Ciudad de México antes de enviarlas a Honduras, por vía de Guatemala. Buendía tenía identificado por nombre a una persona que era la que operaba el envío desde la capital federal. Tras su asesinato, investigaciones periodísticas arrojaron que el Cártel de Guadalajara participaba en la operación, enviando drogas escondidas en pipas de Pemex que entraban por la frontera tamaulipeca, a cambio de dinero y de colaboración en el transporte de armas, donde participaban varios comandantes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).

Los hallazgos de Buendía y posteriores investigaciones periodísticas mostraban la colusión de los gobiernos de México y Estados Unidos con el Cártel de Guadalajara, pero el capítulo mexicano del Irán-Contras sigue lleno de hoyos negros. Es un episodio complejo y delicado. La guerra antisandinista había sido operada por la CIA y el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, y la “compañía” trabajaba con la Secretaría de Gobernación y la DFS, que coloca a Bartlett en el centro de la tormenta desatada por la captura de Caro Quintero. De aplicarse el método de López Obrador, la Fiscalía General debería reabrir la investigación del asesinato de Camarena Salazar, pero no sucederá. Bartlett está blindado.