El recurso que le queda a López Obrador es ejercer presión a jueces, magistrados y ministros para saltarse reglas.
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En la conferencia mañanera de ayer, el
presidente de la República señaló que se está investigando al juez Juan
Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia
Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.
No es la primera vez que se le investiga.
Vaya, el presidente le tiene tal aversión
al juez Gómez Fierro que le atribuyó la suspensión de la multa que la
Comisión Reguladora de Energía le impuso a Iberdrola por 9 mil 145
millones de pesos.
Usando su derecho, la empresa energética
española promovió un amparo en contra de esa multa y el juez Ramón Lozano
Bernal, titular del Juzgado Tercero también especializado en Competencia
Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, tomó la decisión de suspender la
multa a la empresa y fijar una audiencia para el 1 de septiembre, con el
propósito de resolver el fondo del amparo.
El ‘crimen’ de Gómez Fierro –supongo que no
le explicaron bien a López Obrador– fue otorgar una suspensión definitiva a
diversas empresas en contra del decreto de la Secretaría de Energía que
buscaba obligar a las empresas privadas a comprar gas natural a CFE o Pemex,
como condición para rentarles la red de ductos para transportar gas.
El fondo de estos casos es el hecho de
que las reformas constitucionales en materia de competencia económica de
2013 condujeron a la formación de tribunales especializados en la
materia.
Obviamente, al presidente no le gusta que
las reglas constitucionales de la competencia económica se extiendan al sector
de la energía.
Ya intentó cambiar la Constitución y no lo
logró.
Así que, pareciera que el recurso que le
queda es ejercer presión a jueces, magistrados y ministros, con objeto de
obtener resoluciones que le permitan saltarse esas reglas para asegurar una
situación de ventaja para la CFE y para Pemex.
Pero, hasta ahora varios jueces han
mantenido la integridad de la Constitución y la ley, entre ellos destacadamente
el juez Gómez Fierro.
El Poder Judicial, el Banco de México
y el INE, son quizás las tres instituciones clave para mantener la
estabilidad en el país.
Hasta ahora han funcionado.
En el momento en que dejen de hacerlo, la
institucionalidad se deterioraría en México.
Esperemos que no se declare que es de
seguridad nacional que todas las empresas compren gas a Pemex o a CFE y que,
por lo tanto, no se tienen que respetar las resoluciones judiciales.
Insisto: no veo recesión inminente
¿Cómo es que no viene una recesión si la
economía mexicana cayó en junio en 0.4 por ciento?
Esto me dijeron ayer, a propósito de la
columna del lunes pasado en la que rechazaba que hubiera una recesión en
ciernes, y de los datos que el Inegi dio a conocer ayer, en los que su
Indicador Oportuno de la Actividad Económica, en efecto, marcó ese retroceso en
junio.
La respuesta es que para se presente una
recesión debe haber una baja generalizada de la producción, las ventas y
el empleo, entre algunas de las principales variables económicas, lo que no
está sucediendo en México y por lo pronto no se ve que sea inminente.
Hay algunos otros que piensan que la
recesión es cuando se presentan dos caídas trimestrales del PIB en
forma consecutiva.
Bajo esa definición tampoco se cumplen las
condiciones, pues en el primer trimestre de este año el PIB
creció en 1.0 por ciento respecto al cuarto del 2021 y en el segundo
trimestre, el estimado del Inegi es que el crecimiento fue de 1.2 por
ciento respecto al primero.
Lo que tenemos es un ambiente de bajo
crecimiento de la economía con algunos meses en los que incluso habrán de
presentarse caídas.
Esto significa desaceleración de la
economía, no recesión.
No es un entorno bueno, pero sostengo lo
que escribí el lunes: no veo una recesión en puerta.
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