El ministro Luis María Aguilar consideró que el objeto del ejercicio
implica 'una restricción de los derechos humanos '.
La solicitud de consulta para juzgar a los
expresidentes propuesta por el mandatario Andrés Manuel López Obrador es
inconstitucional, propuso Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN).
El magistrado expuso, en el proyecto
de revisión de constitucionalidad de la propuesta publicado este jueves,
que el objeto integral de la solicitud es "consultar al pueblo de México
si está de acuerdo o no en que las autoridades competentes —Fiscalía General de
la República y fiscalías de los estados, Poder Judicial de la Federación y
poderes judiciales de los estados, las policías y cualquiera otra que tenga
atribuciones— investiguen y, de resultar fundada alguna causa, sancionen
penalmente a los expresidentes de México referidos en el escrito de
solicitud".
Aguilar consideró después que ese objeto es
violatorio a la Constitución porque somete a la voluntad del pueblo decisiones
que pueden calificarse como transgresiones.
"La consulta popular no puede tener
por objeto —expreso ni implícito— temas que involucren la restricción de los
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados
internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, así como a las
garantías para su protección", apuntó.
El ministro enfatizó que esta prohibición
es necesaria pues así se garantiza la protección de los derechos de las y los
mexicanos, incluso si esas garantías puedan ser políticamente incómodas o
socialmente cuestionables.
"(Por ello) someter a consulta si la
mayoría está de acuerdo o no en que las autoridades competentes investiguen,
persigan y sancionen los delitos que pudieran ser cometidos por los
expresidentes de la República, implica sujetar a la condición o elección de una
porción de la población, si las autoridades deben cumplir con sus
obligaciones de protección de los derechos humanos", indicó.
Aguilar destacó que la propuesta de
consulta presentada por el presidente el pasado 15 de septiembre también
implicar desvirtuar la finalidad misma de este tipo de ejercicio ciudadano.
"La consulta popular busca maximizar
la voz de la ciudadanía y fortalecer sus derechos, nunca disminuirlos, como
podría suceder si el resultado de una eventual consulta fuera a favor de no
investigar, perseguir y sancionar los delitos, lo cual generaría un fraude
a la Constitución y al pueblo de México", abundó.
El proyecto será discutido en el Pleno de
la Suprema Corte el próximo 1 de octubre.
Opino distinto, contesta AMLO
Al respecto, el presidente Andrés Manuel
López Obrador respondió que ese argumento fue expuesto por Felipe Calderón, uno
de los exmandatarios que se verían afectados por la consulta.
También pidió a los ministros de la Suprema
Corte actuar de conformidad con lo establecido en las leyes y a "no
dejarse intimidar".
"Que también tomen en cuenta el
sentimiento del pueblo. No necesitan leerme el artículo de la Constitución, que
es el 35º, y que ahí se establece que no se deben de violar los derechos
humanos. Yo considero que no existe ninguna violación, a las garantías de los
ciudadanos, porque en el caso de que se lleven a cabo estos juicios, los tiene
que hacer la autoridad competente en el marco de la legalidad que
prevale", declaró.
