llegada del COVID 19 es la nueva excusa para que la violencia contra los presos y sus familias sea más brutal en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar
“Esta angustia de no saber es la peor de las torturas”, confiesa una mujer cuyo marido está desde hace más de dos años en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Varias esposas, hijas, madres y hermanas han hecho un grupo de solidaridad, para compartir sus penas, sus dudas, sus miedos e incluso sus lágrimas. La llegada del COVID 19 le dio una excusa el régimen para que la violencia fuera más brutal para ellas y para los presos.
“Para nosotros es peor, porque tenemos que demostrar que somos más fuertes, soportar las amenazas y las humillaciones como si las aceptáramos”, revela a Infobae el padre de uno de los detenidos.
Ninguno tiene confianza en los tribunales ni en la fiscalía militar, mucho menos en la Corte Marcial. “Violan la Ley, violentan los derechos de nuestros familiares, se burlan de nuestros reclamos, no permiten el acceso a los expedientes sino cuando quieren y en las condiciones que colocan. No todos pueden hacerlo”, revela la esposa de un oficial.
El gobierno ha utilizado la pandemia para tener una excusa. Hay familiares que no saben absolutamente nada de los detenidos por el caso de la Operación Gedeón. El funcionario de la Dgcim, Leonardo David Chirinos Parra, a quien también involucraron en eso, aun cuando estaba detenido desde semanas antes, está desaparecido. A su hermano Leandro Leomar sí lo capturaron en el marco de la Operación y es quien aparece en un video dándole una demostración de dignidad a un general.
La madre de los Chirinos, Marisela Parra denuncia el secuestro de sus hijos, exigiendo fe de vida, según ha publicado en su cuenta twitter @Marisel48411976. Ella denunció que Leonardo la llamó el 21 de abril para decirle que lo habían detenido y lo estaban torturando para que diera el teléfono de su hermano Leandro Leomar; después fue presentado ante los tribunales sin que hasta ahora se sepa nada de su caso, cuando tiene 54 días sin comunicación y sin habérsele permitido visitas familiares ni de abogados, ni siquiera llamadas telefónicas.
Lo sucedido con la desaparición del teniente coronel (Ej) Igber Marín Chaparro tiene a sus familiares en situación de alarma. “Ellos no saben si él está vivo o muerto”, dice la esposa de un militar que acude a la Dgcim a llevar los medicamentos que le pidieron para la tensión de su esposo. “La mayoría de nuestros familiares han llamado dos o tres veces en los últimos meses, pero la familia de Marín no ha recibido ni una llamada telefónica. No les reciben agua ni alimentos”.
Este oficial, uno de los más destacados en el Ejército, ha sido muchas veces, desde que fue detenido en marzo 2018, aislado, recluido en los llamados tigritos, en el “cuarto de los locos”, incomunicado durante meses, sin visita de sus padres, su esposa o sus hijos que son unos niños muy pequeños.
Lo que Diosdado Cabello mencionó contra Marín Chaparro y otros militares, fue suficiente para que desde entonces a Marín no puedan verlo, oírlo y ni siquiera darles las medicinas regularmente. Aunque el programa de televisión de Cabello cada día tiene menos audiencia, y haya pasado de 700 mil personas en audiencia a unas 50 mil, sí es tomado en cuenta por los funcionarios de Inteligencia, más aún por la vieja rencilla que hay entre el SEBIN y la Dgcim.
Las torturas contra muchos militares son físicas, dejando graves lesiones en ellos. “Lo peor son las psicológicas, los intentos de suicidio que varios de nuestros familiares han intentado en esos sótanos asquerosos. Si es terrible para quienes estamos afuera, cómo será de cruel para ellos. Cada vez que me acerco a ese lugar, lo hago con miedo, con angustia y eso ha sido día tras día desde que a mi esposo lo detuvieron. A él lo mencionó ese coronel García Palomo, no sé por qué le hizo esa maldad a mi esposo con quien ni siquiera tenía relación”, dice una joven mujer.
Una anciana narra que lo vivido en ese lugar ha sido humillante. “Ni siquiera porque soy una vieja, han respetado mi cuerpo ni mi pudor. Pobrecitas las más jóvenes que han debido soportar los abusos de algunas funcionarias femeninas que les gusta manosear a las mujeres. Ahí no hay respeto”.
Cuando les pregunto por qué no han insistido ante la Alta Comisionada Michelle Bachelet, responden que “es inútil. Ella se ha burlado de nuestra condición de víctimas. Confiamos en ella. Yo me arriesgué a ir a dar mi testimonio cuando ella vino a Venezuela, porque usted sabe que lo primero que hacen los de la Dgcim es amenazarnos, decirnos que lo que nosotros hacemos lo pagarán nuestros familiares presos. Y se ponen energúmenos cuando sale algo por las redes sociales y vuelven las amenazas. Aun así, yo fui y conté ante Bachelet lo que nos pasaba, pero esa señora tenía otros intereses. Y al final la comisión que dejó en Venezuela no sirve ni siquiera para procesar las denuncias”.
El mayor general (Ej) Miguel Rodríguez Torres, quien está en manos de la DGCIM desde marzo 2018, ha sufrido, igual que muchos de los detenidos, de largos periodos de incomunicación, maltratos psicológicos, falta de atención médica e incluso la detención y tortura de su pareja sentimental. Actualmente el ex ministro se encuentra recluido en la cárcel de alta seguridad en el Fuerte Tiuna que está a cargo de la DGCIM.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió el 11 de junio, la resolución 25/2020 con las medidas cautelares No. 450-20, donde destaca que el 22 de mayo 2020 recibió una solicitud de medidas cautelares para que instara al Estado venezolano que proteja los derechos de Rodríguez Torres, porque el detenido se encuentra en riesgo por la falta de atención médica por su situación de salud.
La CIDH solicitó información el 28 de mayo de 2020, pero el Estado venezolano no ha dado aún respuesta. Es por eso que la CIDH considera que Rodríguez Torres “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable”.
Debido a eso, la Comisión le solicita a Venezuela que “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud del señor Miguel Eduardo Rodríguez Torres. En particular, asegurando que tenga acceso al tratamiento médico prescrito por las autoridades competentes”.
Más adelante le pide que “implemente las acciones tendentes a investigar los hechos que motivaron el otorgamiento de esta medida cautelar y evitar así su repetición”.
“Los primeros días de mayo de 2020, los solicitantes indicaron que Diosdado Cabello en su programa “Con el Mazo Dando” presentó una lámina denominada “línea en el tiempo” de supuestos “Golpes de Estado” frustrados en los últimos años, donde se buscaría vincular, en varios de ellos a Rodríguez Torres”.
La medida fue aprobada el 11 de junio de 2020 por: Joel Hernández García, Presidente; Antonia Urrejola Noguera, Primera Vicepresidenta; Flávia Piovesan, Segunda Vicepresidenta; Margarette May Macaulay; Esmeralda Arosemena de Troitiño y Julissa Mantilla Falcón. Paulo Abrão Secretario Ejecutivo.
