bulletEn su primer año de gobierno, el presidente López Obrador hizo válida su promesa de buscar una transformación rápida del país, aunque los resultados son mixtos.
Cuando un gobierno nuevo llega al poder, usualmente se enfoca en tareas específicas para impulsar planes detallados de su nueva administración y reducir la complicada curva de aprendizaje que supone tomar las riendas de una nación. Sin embargo, si algo ha mostrado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que lo usual no es precisamente lo suyo.
En un año de gobierno, el presidente ha abierto una cantidad inusual de frentes para un arranque de administración y hace malabares con temas tan disímbolos como la economía y la falta de inversión, la seguridad pública, el trato con la iniciativa privada y los organismos autónomos, así como en las relaciones internacionales. López Obrador, con oficio, ha conseguido mantenerse de pie en todos ellos sin generar una crisis financiera ni social.
La economía no crece, es cierto, pero sí los salarios reales y en medio de todos los temas que el presidente ha puesto sobre la mesa, el país no se ha convertido en la ‘Venezuela de Norteamérica’, como muchos detractores han llegado a alegar.
Mientras el primer mandatario de izquierda en México en casi un siglo busca una transformación rápida y que justifique la elevada esperanza que más de 30 millones depositaron en él el día de la elección, miles de servidores públicos en todo el país, al menos aquellos que no fueron despedidos, batallan para cumplir con las elevadas expectativas que el propio presidente se ha puesto, y que todas las mañanas, de lunes a viernes, reafirma con total seguridad y, no pocas veces, ‘otros datos’.
López Obrador comenzó su juego de equilibrio desde su periodo de transición, que por su larga duración, le abrió las puertas para convertirse en presidente de facto en esos meses.
Para muestra, un aeropuerto.
El presidente echó atrás el plan del ambicioso proyecto días antes de tomar control formalmente del gobierno, en una medida que fastidió a las aerolíneas, consternó a los viajeros frecuentes y atemorizó a los inversionistas.
Unos 5 mil millones de dólares ya se habían invertido en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). La estimación para terminarlo fue de otros 8 mil 300 millones de dólares más o menos... y eliminarlo acabará costando más de 9 mil millones de dólares.
Quienes sobrevuelan la zona de Texcoco en donde se levantaba el NAIM, divisan perfectamente la silueta en forma de ‘X’ de lo que habría sido la terminal aérea más importante de América Latina. Al igual que los fierros y las piedras regadas del proyecto, así quedó ante los ojos de los empresarios la promesa del nuevo gobierno de ser una administración pragmática y guiada por los datos duros, en vez de la ideología y las viejas rencillas. El beneficio de la duda está en mínimos.
La obstinación en la cancelación del proyecto aeroportuario y la cuestionada consulta popular con la que la autoridad entrante hizo respaldar su decisión, fueron clave para elevar el nerviosismo de los inversionistas, quienes se guardaron el dinero a lo largo de buena parte del año. Según datos del Inegi, la inversión en México sumó 21.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre del año, ligeramente por debajo del monto registrado al cierre de 2018. Para finales del segundo trimestre de 2019, la inversión cayó nuevamente a 20.5 por ciento del PIB.
“El hecho de que la presente administración sea poco clara en sus intenciones de política económica ha generado que el sector privado no quiera aventurarse con más capital”, señaló Marco Oviedo, economista en jefe para México de Barclays.
La menor inversión, la incertidumbre y un entorno global desfavorable hicieron que en el primer año de gobierno las gráficas de expectativas de crecimiento para el país parezcan una caída de montaña rusa. Del 2 por ciento de crecimiento esperado para este año, la previsión promedio es de una contracción de 0.2 por ciento. Para el segundo año de gobierno de López Obrador, la expectativa es que la economía no crezca más allá del 1 por ciento. En el tercer trimestre del año, el PIB se contrajo a tasa anual por primera vez desde la crisis de 2009. Banxico bajó sus expectativas de crecimiento esta semana. La promesa del sexenio con un crecimiento económico promedio de 4 por ciento arrancó con dos pies izquierdos.
La turbulencia en la economía y las decisiones que se tomaron en ese rubro desde la Oficina de la Presidencia tuvieron duras réplicas en la Secretaría de Hacienda. Con apenas más de medio año en el cargo, Carlos Urzúa renunció como titular de la dependencia con una carta que acusó conflictos de interés en la conducción de la política económica del país. Urzúa, a quien esta publicación llamó ‘el hombre más sereno de AMLO’ al iniciar la administración, mostró preocupación por el balance entre el cuidado de las finanzas públicas y la ola de políticas sociales que se han implementado.
El reemplazo de Urzúa, Arturo Herrera (quien también apareció en la portada de esta publicación), llegó con la encomienda de igualmente hacer malabares con la responsabilidad fiscal, el gasto social y de paso resolver la crisis que se vive en Petróleos Mexicanos (Pemex), cuya calificación fue enviada a grado especulativo en mayo por una agencia.
Herrera ha conseguido mantener el déficit controlado, la deuda sin crecer, y a partir del segundo semestre se ha reactivado el gasto de gobierno que se frenó casi por completo en los meses que Urzúa estuvo al frente de Hacienda, una de las quejas más amargas del sector privado. Sin embargo, incluso algunos programas insignia de la actual administración han sufrido la ‘austeridad republicana’ de la Cuarta Transformación.
Por ejemplo, la secretaría de Salud no ha ejercido 5 mil 938 millones de pesos por otorgar menores recursos para los programas Prospera y el Seguro Popular. El Inegi ha gastado 2 mil 294 millones de pesos menos respecto de su presupuesto aprobado para el Censo de Población y Vivienda, así como para la producción y difusión de información estadística y geográfica. Jóvenes Construyendo el Futuro, a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y que tiene como fin ayudar a emplear a millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, ha recibido 14 mil 944 millones de pesos menos respecto del presupuesto de gasto aprobado para los primeros tres trimestres de 2019.
Para el próximo año, Hacienda entregó un presupuesto que la mayoría de los especialistas califica como ‘prudente’, aunque lejos de ser una herramienta que pueda detonar el crecimiento económico o aminorar de alguna forma el impacto de una desaceleración global. De hecho, el panorama es más bien gris. Analistas, desde Morgan Stanley hasta UBS y Société Générale, están adoptando una postura cada vez más cautelosa sobre México, advirtiendo que las medidas para impulsar la economía pueden llegar a expensas de las finanzas del gobierno y, por lo mismo, recomendaron a los inversionistas reducir su apuesta en el país. Precisamente lo que Herrera y Hacienda han tratado de evitar, con muchos malabares, a lo largo de este primer año.
La débil economía y, como se mencionó, la falta de gasto han trabado la relación con la iniciativa privada, aunque hay mucho más en el enojo. No pocas veces en lo que va de su gobierno, López Obrador se ha referido a los empresarios como parte de la Mafia del Poder que limitó el crecimiento del país en gobiernos anteriores, o fueron beneficiarios de contratos sucios o leoninos. En una de las últimas afrentas del presidente, aseguró que varios líderes empresariales tienen ‘chaqueta’ de empresarios y también de políticos.
No obstante, el mandatario ha logrado poner en su esquina a algunos empresarios de gran peso, el principal de ellos Carlos Slim, con quien compartió podio ya en una ocasión y quien anunció que este sexenio invertirá 100 mil millones de pesos en diversos proyectos.
Esta dicotomía presidencial, con un López Obrador que sobre un mismo rubro muestra posturas distintas, es aún más evidente en su relación con los organismos autónomos. El Banco de México (Banxico), discutiblemente el principal órgano de ese tipo en el país, ha gozado hasta ahora de libertad para tomar decisiones de política monetaria. Es verdad, el presidente nombró en la Junta de Gobierno a Gerardo Esquivel, un economista del Colmex que lo asesoró en la campaña, y en un par de ocasiones ha cuestionado que el banco central no relaje la postura monetaria, sin embargo, lejos ha estado de atacar directamente al Banxico o intervenir en sus decisiones.
Otros no han sido tan afortunados.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y, más recientemente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han caído en el creciente espectro de poder del presidente.
Ya sea con una afrenta directa contra sus extitulares, como en el caso de Guillermo García Alcocer en la CRE, o con fuerte polémica y empujones en el Senado, como ocurrió con Rosario Piedra en la CNDH, el dominio de la Cuarta Transformación se ha extendido a esos organismos supuestamente apartados del gobierno. El siguiente podría ser el Instituto Nacional Electoral (INE).
“Una de las claves de la estabilidad financiera y democrática del país en los últimos años había sido precisamente la presencia de los órganos autónomos”, aseguró Marco Cancino, director general de Inteligencia Pública, una consultoría especializada en gobierno y finanzas públicas. “Sin esos organismos este gobierno, que ya tiene mucho poder, tiene vía libre de lo que quiera, sin contrapesos ni voces críticas y ciudadanas”.
Para ser un presidente que hasta ahora no ha salido del país, López Obrador ha abierto varios frentes en política exterior. El más importante de ellos fue con Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles a todos los productos mexicanos a partir del 10 de junio si México no reducía el flujo migratorio hacia el norte. El mandatario mexicano respondió con una carta que fue en su mayoría aplaudida, en la que exigió respeto y una relación bilateral libre de amagos. La amenaza de Trump no se cumplió, pero el gobierno de López Obrador ha destinado un buen número de recursos financieros y, sobretodo humanos, a la vigilancia de la porosa frontera sur.
Esta última decisión, sobre todo a la luz del empeoramiento de las cifras de criminalidad en México, ha sido duramente criticada. La recién creada Guardia Nacional, que pretende suplir de las calles del país al ejército mexicano, ha tenido pocas pruebas de fuego y de las que ha enfrentado no ha salido bien librado.
La tarde del 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, es prueba de ello. El operativo fallido en el que se aprehendió, y luego liberó, a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, fue quizá la prueba más clara de que la estrategia de seguridad de la actual administración aún no toma la forma deseada. En los primeros 10 meses del año, 28 mil 741 personas habían sido víctimas de homicidio doloso, la cifra más elevada para un arranque de gobierno, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La tragedia de la familia LeBarón, el multihomicidio ocurrido en el límite de Chihuhaua y Sonora de integrantes de una comunidad mormona con nacionalidad estadounidense hizo correr ríos de tinta en la prensa internacional, que volvió a hablar del fracaso de la legalidad y el Estado de derecho en México.
En el frente internacional del norte queda abierta también la interrogante sobre la aprobación del TMEC, que tanto México como Canadá han pasado en sus respectivos congresos, pero que se ha atorado en la Cámara de Representantes de EU, que en estos momentos debate el posible juicio político a Trump.
Dos momentos más marcaron la agenda de López Obrador en su primer año en el terreno internacional: el primero llegó en marzo, cuando a través de una carta, el presidente demandó una disculpa del gobierno de España y del Vaticano por los crímenes cometidos en la Conquista. De acuerdo con funcionarios de la embajada de México en Madrid, la misiva tuvo un efecto muy negativo en la relación con la nación europea, particularmente por la insistencia del presidente en el tema.
El segundo vino hace unas semanas, con el otorgamiento del asilo político a Evo Morales, expresidente de Bolivia. López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard, quien se ha convertido en la pieza clave del gabinete, abrieron la puertas del país al polémico líder sudamericano, argumentando la tradición histórica de México como un país de refugio. Que Morales sea señalado de fraguar un fraude electoral no abona a las credenciales democráticas del presidente mexicano.
Un año puede ser mucho tiempo o no ser suficiente, todo depende de para qué se ocupe ese lapso. En el caso del presidente López Obrador, un año no alcanza para llevar a cabo su tan anunciada Cuarta Transformación. Y para muchos, dados los resultados actuales, cinco años más quizá tampoco terminen por alcanzar. 
