Consejo Honorario busca regresar a los mexicanos su memoria histórica y cultural: Horacio Franco

Horacio Franco, miembro del Consejo Asesor Honorario de la iniciativa de Memoria Histórica y Cultural de México, indicó que el país olvida que es riquísimo en cultura e historia por tantas notas de crimen organizado y corrupción.

Horacio Franco, miembro del Consejo Asesor Honorario de la iniciativa de Memoria Histórica y Cultural de México, indicó, en entrevista con Javier Risco para La Nota Dura, cuál es el objetivo de este Consejo que dirigirá Beatriz Gutiérrez Müller.

"Esta coordinación tiene que ver con crear una sociedad consciente de que tiene que tener memoria y un pueblo que no tiene memoria está destinado al fracaso porque finalmente va a cometer los mismos errores que hemos tenido de no saber quiénes somos, a dónde vamos. México tiene un riqueza cultural impresionante como la que tiene España, Alemania, India, China y en un momento dado por tantas notas duras que nos dan de crimen organizado, corrupción, se nos ha olvidado que somos un pueblo riquísimo, el más rico en todos los hispano parlantes en la región", indicó Franco en el programa.

Agregó que ya ha hablado con Esteban Moctezuma, propuesto por AMLO para dirigir la Secretaría de Educación Pública, sobre la importancia de la educación vocacional adecuada.

"Cuánto dinero no se dilapida y se gasta en educar gente que no se va a dedicar a la carrera que estudió porque ni le gusta ni tiene posibilidades genéticas para ello. Estás viendo cómo se pierden generaciones enteras de gente que está trabajando en algo que no estudió", indicó.

Beatriz Gutiérrez fue nombrada este lunes por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como la coordinadora del Consejo Asesor Honorario de la iniciativa de Memoria Histórica y Cultural de México.

Académicos temen baja en sus ingresos por ley de salarios

La nueva Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en el caso de los académicos e investigadores de la UNAM, generó 'un clima de desconcierto y confusión'.

La nueva Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, impulsada por Morena “fue hecha al aventón” y en el caso de los académicos e investigadores de la UNAM generó “un clima de desconcierto y confusión”, advierten abogados laborales y catedráticos de la Facultad de Derecho.

Alejandro Avilés Gómez, catedrático y abogado laboral litigante, explica: “en general, para los servidores públicos, la nueva ley, que fue hecha al aventón y con prisas, abre una problemática y una peligrosa puerta al abuso en el cobro de gravámenes en prestaciones”.

“En el caso de la UNAM, el decreto no es claro, es confuso; primero hay un debate cerrado sobre si los académicos, investigadores y trabajadores en general somos o no servidores públicos; y segundo, no se precisa qué sucederá con prestaciones, despensas, estímulos del Conacyt, del Sistema Nacional de Investigadores, entre otros”, indica.

En ambos casos, “la ley no es clara, y si no se interpreta de manera adecuada puede haber una afectación grave a todos, porque al gravar prestaciones traerá un conflicto con trabajadores y sindicatos, y se podría desatar una serie de amparos indirectos, que podrán ser presentados ante un Juez de Distrito en Materia del Trabajo”, señala.

“Vemos difícil que pueda ser aplicado en el sector académico y al sector administrativo de la UNAM; sin embargo, por lo que hace al Sindicato de la UNAM ya se están analizando las probables afectaciones que pueda traer o no, para llevar a cabo un plan de acción”, indica.

El académico advierte también que “lo que viene es más bien una batalla política y jurídica. En los hechos es un mal inicio del próximo periodo presidencial”.

Además “el decreto publicado el 5 de noviembre entró ya en vigor a partir del 6 de noviembre, no del primero de enero del año próximo, como dicen los diputados; por lo tanto, los gravámenes en las prestaciones podrían aplicarse ya en los aguinaldos que están por llegar a los trabajadores en estos días, por lo que los sindicatos están a la espera para tomar medidas”, anticipó.

Alfonso Bouzas, abogado del STUNAM y también catedrático universitario, expresa: “no cabe duda que los académicos, maestros, investigadores y demás somos servidores públicos; pero esa ley no nos afecta, es sólo para los funcionarios: directores, secretarios generales, que son los que reciben altos salarios”.

“Claro que sí toca a los altos funcionarios, que por supuesto, no tienen precisamente estímulos y antigüedad, sino ellos perciben ingresos especiales por ser funcionarios, y son significativamente importantes”.

Y por lo demás, “aun con salarios y estímulos, ningún académico ni investigador alcanza los 108 mil pesos mensuales”.

Expone que “esta supuesta confusión la están generando para azuzar a la gente, bajo la hipótesis de que le afecta la ley aprobada por Morena. Pero no es cierto; afecta a funcionarios, no sólo de la UNAM sino de toda la burocracia federal. Me parece adecuada la reforma. En un pueblo pobre son un insulto los excesivos sueldos que reciben los ministros, legisladores y algunos funcionarios y parásitos burócratas”, dice.

10 compromisos que tendrá que cumplir el Tren Maya

El proyecto del Tren Maya propuesto por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, contempla varias medidas económicas, ambientales y sociales. Aquí te enlistamos las más destacadas.

El Tren Maya, considerado como el "principal proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo sostenible" por el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para su gobierno, ha ofrecido promover el crecimiento del país, facilitar la movilidad de turistas en la Península de Yucatán y hasta no tirar árboles.

Este fin de semana, el gobierno entrante realizará su segunda consulta pública sobre obras de infraestructura y programas, misma que definirá, entre otras iniciativas, la construcción del Tren Maya.

Para que conozcas más a detalle la propuesta de la obra, aquí te presentamos 10 de los compromisos que se han hecho en torno a él.

Inversión de hasta 150 mil millones de pesos. De acuerdo con la presentación ejecutiva del proyecto, se estima una inversión mixta (iniciativa pública y privada) de entre 120 mil a 150 mil millones de pesos. Para el primer año, se prevé destinar al menos 16 mil mdp.

Entrará en operación en 4 años. Según lo anunciado hasta ahora, la construcción de la vía iniciará este 16 de diciembre por lo que se espera que el tren opere en su totalidad hasta el próximo 16 de diciembre de 2022.

Transportará a 3 millones de pasajeros al año. El presidente electo ha comentado que se espera el transporte de 8 mil pasajeros diarios, unos 2.9 millones anuales.

Abarcará más mil 500 kilómetros. Estará dividido en tres tramos: el Golfo con 653 kilómetros, el Caribe con 446, el Selva con 426. Hasta ahora se tienen programadas 15 estaciones.

Locomotora de biodiésel. El equipo que se plantea es una locomotora híbrida acorde con la norma ambiental de California (Low Carbon Fuel Standard, LCFS, se trata de un estándar que requiere que los fabricantes de combustible reduzcan la cantidad de carbono presente en sus productos).

Tren de hidrógeno para Calakmul. El futuro director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, señaló que se tiene pensado un tren impulsado por hidrógeno en el tramo que recorre esa zona ecológica ya que contamina 100 veces menos; sin embargo, aún no se tienen más detalles de esta iniciativa.

Tren de carga y pasajeros. Se planea que para poder cubrir los costos de la obra, el tren realice trayectos nocturnos de carga de mercancías, mientras que en el día se traslade a turistas y pasajeros.

Casi no se talarán árboles. Para el desarrollo del proyecto, se ha informado que se usarán las zonas donde ya se encuentran construidas líneas de ferrocarril, carreteras y tendidos eléctricos.

Protegerá el medio ambiente. Para evitar afectar el ecosistema, el proyecto del tren ofrece construir pasos para la fauna y mantener la conectividad hídrica y de la flora.

Se buscará asociar a los propietarios de las tierras con el proyecto. La presentación del proyecto detalla que en las áreas donde los permisos de vía están por obtenerse, los dueños podrán aportar terrenos para convertirse en "socios de desarrollo local". Además, el proyecto ofrece adecuarse a las condiciones de la identidad de la región.

López Obrador contra Peña Nieto

Por. Raymundo Riva Palacio

Entre el Andrés Manuel López Obrador que dialogó con periodistas y politólogos el 3 de mayo, en plena campaña presidencial, y el que estuvo anoche en un nuevo encuentro en el programa Tercer Grado, las diferencias son notables. La corrupción, que sabía que existía ampliamente en aquél entonces, “es mucho más grande de lo que había imaginado”. Todo lo que se ha tenido que revisar tiene que ver con la corrupción, dijo. Pero hay tanta, que “no alcanzarían las cárceles ni los juzgados” para poder encerrar a todos los culpables, comenzando por los de arriba, en el gobierno, y no sólo en el de Enrique Peña Nieto, sino “de tiempo atrás”. Pero López Obrador no ha cambiado en algo: su convicción de que no perseguirá a nadie, porque cree que lo metería en una confrontación que sólo llevaría a la discordia. Esto lo distraería de su proyecto de transformación, aunque, quizás, no le será posible mantener su deseo.

López Obrador tomó de aquél programa de mayo la referencia que hizo René Delgado de la Ley del Punto Final, establecida en 1986 en el gobierno de Raúl Alfonsín, en Argentina, que estableció la caducidad de la acción penal en contra de aquellos imputados por la desaparición forzada de decenas de miles de argentinos que sufrieron la represión de la dictadura militar, quienes habían sido colocados en el banquillo de los acusados como una externalidad de la transición a la democracia, tras el colapso del régimen militar con la derrota ante el Reino Unido en la guerra de las Malvinas. Alfonsín buscó lo que quiere ahora López Obrador y poder continuar su proyecto reformador, pero se encontró con la oposición de miles de víctimas y protestas sociales que la tildaban de una ley “para la impunidad”.

Casi 20 años después, por iniciativa de la entonces diputada de Izquierda Unida, Patricia Walsh –hija de Rodolfo Walsh, un periodista e intelectual que fue miembro de los Montoneros y fue asesinado por la dictadura, que también mató a la hermana de la exlegisladora en un enfrentamiento con los militares–, el Senado argentino anuló en 2003 la Ley del Punto Final y una subsecuente de Alfonsín, la Ley de Obediencia Debida, que era una ley de perdón, con lo que iniciaron 11 juicios orales y públicos por delitos de lesa humanidad, impulsados por el presidente Néstor Kirchner. En Argentina, los agravios y los crímenes cometidos por la dictadura fueron la tuerca que torció la historia hacia la democracia, y por más esfuerzos de reconciliación que se trataron, el pueblo no permitió que quienes fueron responsables de aquellos crímenes, gozaran de impunidad.

La tuerca que torció la historia en México y llevó a López Obrador a la presidencia fue la corrupción y la inseguridad, los dos temas recurrentes en la insatisfacción del electorado, entre quienes votaron por el candidato de la izquierda, y quienes lo hicieron por otras opciones. Esos fenómenos fueron transversales, y pese a que como presidente electo se los recuerdan en todo el país o descubren que el pozo de la corrupción no tiene fondo, López Obrador insiste en que haya un antes y un después a partir del 1 de diciembre. “Vamos a iniciar una nueva etapa y dejar atrás la horrible historia de corrupción”, dijo en Tercer Grado. “Vamos a acabar con la pesadilla”. Su voluntad va a tener que modificarse.

En la entrevista narró los porqués de su cambio de regresar paulatinamente a los militares a los cuarteles, como establece el Proyecto Alternativo de Nación, y someter la seguridad pública al ámbito civil, que es la gran rectificación que ha hecho como presidente electo. Señaló que el fracaso de la estrategia de seguridad tiene que ver con que fue diseñada para beneficiar a un pequeño grupo, al que ha salpicado –no lo dijo él, pero lo han comentado en su equipo de transición– a altos mandos del gobierno. Han encontrado oscuros desvíos presupuestales en la Policía Federal durante la primera parte del gobierno y la inexistencia de expedientes completos en materia de delincuencia organizada en la PGR, que alimentan sus presunciones de ilegalidades. Ese pasado va a atrapar irremediablemente a López Obrador, aunque trate de esquivarlo.

La entrevista de Tercer Grado estuvo acotada por el tiempo del formato de televisión, pero, al terminar, le pregunté si toda la información que está saliendo de la Corte Federal de Brooklyn en el juicio en contra de Joaquín El Chapo Guzmán, no obligarían a su PGR o a su fiscal a iniciar una investigación en contra del presidente Peña Nieto, a quien los abogados de los narcotraficantes están acusando de haber recibido dinero del Cártel del Pacífico, que hacen eco a lo que declaró en marzo Phil Jordan, exdirector de la DEA en El Paso, Texas, en una entrevista con la cadena Univisión, donde afirmó que El Chapo inyectó “mucho dinero” en la campaña presidencial del actual mandatario y pagaba miles más por protección, como lo hizo en el gobierno del presidente Vicente Fox, a cuyo gobierno dio millones de pesos para que lo dejaran escapar.

López Obrador se quedó unos instantes pensando en la respuesta. “Tendría que haber presión interna”, dijo. Iniciar una investigación contra Peña Nieto no sería consecuencia natural de lo que se diga en Brooklyn, más allá de lo contundente que pueda ser la evidencia. Tiene razón. Si se quiere enjuiciar al presidente actual, la sociedad mexicana debe exigirlo, como lo hizo la argentina para derogar la Ley del Punto Final. Pero, si es así, López Obrador no tendrá alternativa. En ese caso específico, irá por él.

Juez impide aplicar prohibición de asilo a migrantes de Trump

El juez federal Jon S. Tigar argumentó que las leyes migratorias estadounidenses permiten claramente la solicitud de asilo aunque no se acceda al país por los puertos oficiales de entrada.

HOUSTON.- Un juez federal prohibió el lunes al Gobierno de Donald Trump que niegue el asilo a los migrantes que crucen la frontera sur de Estados Unidos de forma ilegal.

Trump emitió un decreto el pasado 9 de noviembre por el que cualquier persona que haya cruzado la frontera sur fuera de los puertos de entrada oficiales del país no sería candidata para recibir asilo.

Coincidiendo con la llegada de la primera de varias caravanas de migrantes centroamericanos a la frontera entre México y Estados Unidos, el mandatario alegó que el veto era necesario para frenar lo que calificó de amenaza a la seguridad nacional.

Pero en su fallo, el juez federal de distrito Jon S. Tigar se puso del lado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus iniciales en inglés) y del Centro por los Derechos Constitucionales, que interpusieron una demanda justo después de la publicación del decreto.

Tigar señaló que las leyes migratorias estadounidenses permiten claramente la solicitud de asilo aunque no se acceda al país por los puertos oficiales de entrada.

"Sea cual sea el alcance de la autoridad del presidente, no puede reescribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso ha prohibido expresamente”, dictaminó Tigar, que fue nominado para el puesto por el expresidente Barack Obama.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus iniciales en inglés) no comentó de inmediato el fallo, que permanecerá en vigor durante un mes a menos que se presente recurso. Para emitir su prohibición, Trump utilizó los mismos poderes empleados el año pasado para otro veto migratorio que finalmente fue ratificado por la Corte Suprema.

Si se aplica, la propuesta de Trump podría dificultar que las miles de personas que ingresan al país eviten la deportación. El DHS calcula que cada año unas 70 mil personas piden asilo después de ser detenidas en los puertos oficiales de ingreso. Pero el fallo de Tigar señala que la ley federal contempla que cualquiera puede solicitar asilo si ha llegado a Estados Unidos “ya sea por un puerto de entrada designado o no”.

“Los individuos tienen derecho al asilo si cruzan entre los puertos de ingreso”, comentó Baher Azmy, abogado del Centro por los Derechos Constitucionales. “No se puede ser más claro”.

Alrededor de 3 mil personas de la primera caravana llegaron a Tijuana, México, en la frontera con San Diego, California. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo el lunes que cerró el tránsito con dirección norte del cruce de San Ysidro durante varias horas. También instaló barreras móviles con alambre de púas en la parte superior, aparentemente para impedir un ingreso masivo de personas.

Desde la entrada en vigor del decreto presidencial y hasta el lunes, 107 personas detenidas entre los puertos de ingreso solicitaron asilo, informó el DHS, que está al frente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Los funcionarios no revelaron si los casos de esas personas avanzan por los otros canales que tienen disponibles para procesar su solicitud.

El DHS ha dicho que quiere que los solicitantes de asilo en la frontera sur se presenten en un cruce fronterizo oficial, pero muchos de ellos, como el de San Ysidro, ya tienen un largo tiempo de espera.

Por lo regular, las personas se ven obligadas a aguardar, incluso semanas, en refugios o en campamentos al aire libre en el lado mexicano.

El abogado de la ACLU, Lee Gelernt, indicó que algunos de los solicitantes de asilo cruzan entre los puertos debido a que “corren un peligro real”, ya sea en México o en sus países de origen.

“No condonamos a los que ingresan entre los puertos de ingreso, pero el Congreso ha tomado de la decisión de que si ellos lo hacen, de todas formas se les debe permitir solicitar asilo”, comentó.

Llega a 'fecha fatal' NAIM con 37% de avance

Raúl González, director corporativo de Lado Aire del GACM, indicó que los contratos con las empresas no se han cancelado por lo que continúan las obras en Texcoco.

Al finalizar este mes, cuando se prevé que se cancelen definitivamente los trabajos de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, se alcanzará un avance integral del proyecto de entre 36 y 37 por ciento en su edificación, aseguró el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM).

En entrevista con El Financiero, Raúl González, director corporativo de Lado Aire del GACM, aseguró que por el momento no han recibido ninguna instrucción para cancelar los contratos del aeropuerto que todavía se construye en Texcoco, Estado de México, pese al anuncio de que la obra ya no se haría.

“Tenemos contratos con las empresas constructoras, no hemos recibido ninguna instrucción de cancelarlos, en consecuencia, tenemos que respetar el contrato (…)”, aseveró el ejecutivo.

Federico Patiño, director general del GACM, había dicho que tras el anuncio de la cancelación de la obra, se preveía que los contratistas continuaran laborando hasta el 30 de noviembre, en espera de que el gobierno entrante – que encabezará Andrés Manuel López Obrador y tomará posesión el 1 de diciembre –, les diera la orden de detener la construcción.

Mientras que el GACM no ha hablado con contratistas como ICA, GIA+, Grupo Carso y Hermes, la administración electa acordó en días pasados con dichas empresas el pago de contratos, así como la indemnización por gastos no recuperables, que se estima superen los 40 mil millones de pesos.

“Los contratistas continúan con su trabajo y hasta que no se les dé una indicación contraria continuarán, con ellos no dialogamos sobre la posible suspensión”, indicó González.

De acuerdo con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, el costo de la cancelación del NAIM ascendería a 120 mil millones de pesos, los cuales estarían contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, y supondría el despido de unos 45 mil empleados.

Si bien las obras continúan en el edificio terminal, que mediría 744 mil metros cuadrados y fue diseñado por el arquitecto Norman Foster, los trabajadores comienzan a tener zozobra sobre sus contratos.

“Aunque la obra continúa, es un hecho que hay un sabor de boca de tristeza, hemos estado comprometidos con este trabajo durante mucho tiempo”, comentó en entrevista Óscar Díaz, residente de obra del edificio terminal, contrato que ostenta Grupo Carso, que tiene como accionista mayoritario al empresario Carlos Slim.

A la fecha, el avance de la terminal es de 4.6 por ciento, según el GACM y cada punto porcentual de su progreso representa un costo de 800 millones de pesos.

Aunque el gobierno electo ha dicho que la construcción del NAIM se parará el 30 de noviembre, se desconoce qué pasará con lo edificado.

Guardia Nacional militarizada estará hasta que acabe la crisis de violencia, según propuesta de Morena

La iniciativa que pretende introducir reformas a la Constitución será presentada en la sesión de este martes en el Congreso.

La iniciativa que Morena presentará este martes en la Cámara de Diputados establecerá que la Guardia Nacional se mantendrá en las calles sólo hasta que se logre pacificar al país.

En la iniciativa con proyecto de Decreto, que presentará el coordinador, Mario Delgado Carrillo, busca reformar diversos artículos de la Constitución para crear la Guardia Nacional.

En la exposición de motivos de la iniciativa que reforma los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123 de la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos se explica que se propone crear la Guardia Nacional como una institución del Estado.

Su función será la de participar en la salvaguarda de los derechos de las personas y sus bienes, preservar el orden y la paz públicas, así como los bienes y recursos de la nación.

Sus integrantes provendrán de las policías militar y naval, así como de la actual Policía Federal, y adicionalmente se convocará a civiles y a elementos de tropa para que se integren a la formación de nuevos elementos, los cuales recibirán formación y adiestramiento en planteles militares, además capacitación en materia de respeto a los derechos humanos.

El documento, que será presentado este martes ante el pleno de la Cámara de Diputados, indica que los miembros de la Policía Militar y Naval que sean asignados a la Guardia Nacional conservarán sus rangos, así como las prestaciones conferidas a su nivel jerárquico y de mando.

Además, establece que en tanto persista la crisis de violencia e inseguridad en el país se mantendrá la Guardia Nacional, por ser obligación del Estado mexicano tomar las medidas pertinentes para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos.

No obstante, plantea que la actuación de la Guardia Nacional deberá ser sujeto a revisión, por lo que el Ejecutivo federal en coordinación con el Poder Legislativo deberán llevar a cabo una evaluación de la política instrumentada en la materia transcurrido el plazo de tres años a partir de su implementación.

Remarca que es necesario diseñar una solución efectiva a la falta de una corporación capaz y suficiente para prevenir la criminalidad, neutralizar la violencia delictiva, investigar las violaciones a la ley e identificar, detener y presentar ante los organismos jurisdiccionales correspondientes a los presuntos infractores.

“Hoy en día las Fuerzas Armadas siguen siendo el principal y el más confiable pilar de la seguridad en nuestro país; pero a 12 años de que fueran involucradas en esa misión por el mando civil, siguen careciendo de un marco legal específico y de una formulación institucional adecuada para participar en esa tarea”, agrega.

Se propone que adicionalmente a sus funciones como garante de la seguridad y la paz pública y la preservación de la vida, la libertad y los bienes de las personas, la Guardia Nacional esté facultada como auxiliar del Ministerio Público.

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Admite que los institutos militares nacionales son los únicos que tienen el personal, la capacidad, el espíritu de cuerpo y las instalaciones requeridas para empezar a conformar la Guardia Nacional desde el próximo 1 de diciembre y, simultáneamente, a capacitar a los futuros integrantes de la institución.

Los guardias nacionales provendrán de las policías militar y naval, así como de la actual Policía Federal, y adicionalmente se convocará a civiles y a elementos de tropa para que se integren a la formación de nuevos elementos, los cuales recibirán formación y adiestramiento en planteles militares.

Con las reformas propuestas se establecerá la naturaleza, alcances y ámbitos de competencia de la Guardia Nacional. Estas adecuaciones constitucionales permitirán la actuación de la Guardia Nacional en el marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad del próximo gobierno.

El documento destaca que la Guardia Nacional está prevista desde la Constitución de 1857 y en la Constitución vigente desde su emisión en 1917.

Sin embargo, no está clara su naturaleza ni las funciones que puede desempeñar, por lo que se propone dotar de un nuevo contenido al concepto de Guardia Nacional que se adecúe a las urgentes necesidades de nuestro país para la construcción de la paz y la garantía de seguridad.

Para mayor eficiencia, la Guardia Nacional se coordinará con las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de las entidades federativas y los municipios, así como con las demás autoridades de la Federación que correspondan.

En materia de derechos humanos, garantías judiciales y respeto a las libertades, se prohíbe expresamente que las personas detenidas en el uso de las atribuciones que establece esta reforma sean trasladadas o resguardadas en instalaciones militares.

Además, por disposición expresa y en correspondencia con la naturaleza de sus funciones, los miembros de la Guardia Nacional que cometan un delito o una falta en el despliegue de su labor cotidiana serán juzgados por el fuero civil y no por el fuero militar al que solo se reserva el conocimiento de las faltas y delitos que cometan en su organización interna.

Establece que la propuesta parte de la necesidad de que los efectivos del Ejército y la fuerza armada de México, quienes actualmente realizan tareas de combate a la delincuencia, regresen en muy corto plazo al ejercicio de sus potestades constitucionales, como fuerzas de defensa de la nación.

“Y, en su lugar, formar y desplegar una fuerza con disciplina especialmente adiestrada para ejercer funciones de salvaguarda de derechos y bienes de las personas, así como de preservación del orden y la paz públicas. Nuestra propuesta avanza en el sentido de la desmilitarización de las calles de México”, resalta en la exposición de motivos.

Para estar acordes con la interpretación recientemente emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a la Ley de Seguridad Interior, establece en el régimen transitorio una excepción expresa y específica para que a los miembros de las policías militar y naval que se incorporen a la Guardia Nacional no les sea aplicable la limitación que dispone el artículo 129 de la Constitución, según la cual en tiempos de paz las autoridades militares no pueden realizar funciones diversas a las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.

Señala que la creación de la Guardia Nacional es sólo una parte del Plan Nacional de Paz y Seguridad del próximo gobierno.

Piden a AMLO detener consulta ciudadana y considerar grave riesgo ecológico del Tren Maya (Carta)

En una carta dirigida al Presidente electo, los firmantes le solicitan considerar el daño ecológico, al patrimonio histórico y cultural que implicaría la realización de megaproyectos sin antes contar con estudios, como en el caso del Tren Maya.

Organizaciones de la sociedad civil y académicos mexicanos entregarán este martes una carta al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para solicitar la suspensión de la consulta ciudadana torno a diversas propuestas de la próxima administración, entre ellas la construcción del Tren Maya y la del Corredor Comercial Ferroviario del Istmo de Tehuantepec, la cual está programada para este 24 y 25 de noviembre.

En la petición indican también la necesidad de no comenzar con las obras del Tren Maya, lo cual está programado para el próximo 16 de diciembre, apenas 15 días después del cambio de gobierno, pues dicho proyecto que abarcaría los estados de Chipas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco por el “grave riesgo a la sustentabilidad ecológica del territorio mexicano” que implicaría.

“De treinta años a la fecha, México -país reconocido por estar en el grupo de los doce países megadiversos que hay en el mundo, y entre los que ocupa el cuarto lugar-, ha perdido selvas, manglares y bosques de manera alarmante. También es un hecho que el agua, un bien indispensable para la vida, es un recurso limitado que depende en buena medida de la salud de bosques y selvas”, se lee en el escrito, por lo que instan a que los sitios de alta biodiversidad se preserven bajo los más estrictos estándares internacionales“.

Organizaciones como el Colegio de Antropólogos de Yucatán, Greenpeace México, el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas, el Grupo Ecologista del Mayab y otras más, destacaron que un proyecto de esta naturaleza no se puede emprender “sin un estudio amplio de los impactos ecológicos, culturales y al patrimonio arqueológico, del que según evidencias, hay vestigios importantes para el patrimonio histórico y cultural del país cubiertos por selva, de la misma importancia de lo que está a la vista”.

Por lo que hicieron un llamado a que la participación de instancias gubernamentales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la Secretaría de Cultura y al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), entre otras, sea activa en cuanto a la realización de estudios previos.

“Consideramos fundamental no pasar por alto el principio de la ‘consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas locales afectadas’ a que obliga el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ésta no puede sustituirse con ninguna ‘consulta nacional’ y tendría que realizarse de manera trasparente y bajo la observación de una comisión plural del más alto nivel sin conflicto de interés”.

MEXIQUENSE DIARIO

Unión de Mariachis y Norteños de Ecatepec A.C y su dirigente Andrés Serna, Invitan.