Un medio centenar de ellas perdieron la vista a consecuencia de una mala asepsia en el instrumental médico y quirófano.
A las familias de las víctimas fueron amenazadas de retirarles todos los apoyos de los programas sociales y de acusarlas de “difamación”.
Cada día que se posterga la justicia favor de los indígenas mayas, con trampas procesales, podría derivar en el fallecimiento de las personas afectadas”.
Con la extradición del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, los indígenas mayas que perdieron la vista a consecuencia de un contagio intrahospitalario en la clínica Instituto de Salud Visual (INVI) durante su administración, esperan que las demandas de carácter civil y penal de reparación de daños integrales sean resueltas, ya que a más de dos años de los hechos, estas se encuentran abandonadas por los servidores públicos de aquella entidad, afirmó el presidente de la Fundación “No Más Negligencias Médicas”, Fernando Avilez Tostado.
Recordó que en octubre de 2015, la citada clínica —localizada en el municipio de Benito Juárez (Cancún)— fue contratada por la Fundación Cinépolis para realizar el programa “Del Amor Nace la Vista”, de las cuales un medio centenar de ellas perdieron la vista a consecuencia de una mala asepsia en el instrumental médico y quirófano, como quedó demostrado una vez que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) clausuró la clínica e impuso una multa superior al millón de pesos.
Pese a contar con los sellos de clausura, el instrumental y equipo médico fueron sustraídos ilegalmente y el personal responsable de las operaciones de cataratas desapareció de la entidad, por lo que la demanda se amplió contra la propia la fundación de la empresa de salas de cine, las autoridades de los Servicios Estales de Salud y, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Quintana Roo, porque estas entidades tenían la responsabilidad legal de supervisar la aplicación de este programa.
En este sentido, Avilez Tostado recordó que cuando los indígenas mayas interpusieron las demandas, la esposa del exmandatario quintanarroense –hoy prenso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 16 de Morelos--- Mariana Zorrilla Erales, entonces titular del DIF de dicha entidad, amenazó a las familias de las víctimas de retirarles todos los apoyos de los programas sociales y de acusarlas de “difamación”, ya que habían aceptados los riesgos de la operación y ya no podrían recuperar la vista.
Luego de diversas acciones de intimidación y hostigamiento, la mayoría de las personas afectadas desistieron en sus demandas, excepto cinco de ellas —dos perdieron los globos oculares— que continuaron con sus demandas, pero ahora enfrentándose a la inacción de las autoridades de los juzgados de Cancún, Quintana Roo, donde sus expedientes se mantienen “empolvados”, sin avance alguno.
Es por ello, que con el arresto del exmandatario quintanarroense, acusado de peculado por el gobierno mexicano, los indígenas mayas esperan que sus demandas puedan avanzar y, así, se garantice una justa reparación del daño ocasionado a sus personas, ya que muchas de ellas se encuentran en situación de alta marginación, pues con la pérdida de la vista, han perdido también su modo de subsistir, pues algunos tejían hamacas para venderlas, otras atendían una pequeña tienda y uno más se desempeñaba como velador.
Hemos acudido al Congreso del Estado de Quintana Roo, al presidente de la mesa directiva el legislador Fernando Zelaya Espinosa, y al propio gobernador Carlos Joaquín González para que intervengan en este caso, y hacer que las demandas tengan un avance y sean llamados a declarar a los funcionarios que en esa administración tuvieron la responsabilidad de supervisar el programa “Del Amor Nace la Vista” de la Fundación Cinépolis.
El doctor Avilez Tostado recordó que las autoridades de salud de Quinta Roo muestran un grave y profundo desconocimiento jurídico, así como una falta de criterios para diferenciar asuntos ordinarios con temas urgentes donde está el juego no sólo el Derecho a la Salud, sino el Derecho a la Vida, ya que cada día que se posterga la justicia favor de los indígenas mayas, con trampas procesales, podría derivar en el fallecimiento de las personas afectadas”.
